La lucha de las comunidades mapuches por recuperar sus tierras ancestrales ha tenido como respuesta la represión, que no hace distinción de mujeres, niños y ancianos. La detención arbitraria y los procesos plagados de irregularidades, incluidas la utilización de testigos secretos y la aplicación de condenas desproporcionadas, son lo cotidiano en La Araucanía.

La represión ha arreciado -alcanzando niveles de violencia en allanamientos como el de la comunidad Temucuicui, donde fue herido a bala un mapuche-, después del atentado a una vivienda en Vilcún que costó la vida al agricultor Werner Luchsinger y a su esposa, Vivian MacKay.

Desde la década de los 80, las comunidades mapuches han perdido más del 60 por ciento de sus tierras, y los litigios judiciales duermen en los estantes de los tribunales. Hay 2,5 millones de hectáreas de tierras ancestrales del pueblo mapuche que están en poder de las forestales Mininco y Arauco. Las organizaciones mapuches se han rebelado frente a una usurpación que ha contado con el apoyo de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses de las forestales y terratenientes de la zona.

HUELGA DE HAMBRE

Por otra parte, desde el 14 de noviembre pasado, Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, y Ramón Llanquileo Pilquimán mantienen una huelga de hambre para que se ponga fin a la persecución a las comunidades mapuches, termine la aplicación arbitraria de la Ley Antiterrorista que utiliza testigos secretos, y para que concluyan las condenas injustas que les afectan.

Llaitul fue trasladado a la cárcel El Manzano de Concepción y Llanquileo, desde la prisión en Angol, declaró: “Llamamos a las comunidades a seguir movilizándose por sus demandas históricas, pero a la vez las llamamos a ser responsables en su accionar de lucha pues nuestro enemigo lo que pretenderá a través de sus medios de comunicación masivos es enlodar nuestras justas demandas por territorio y autonomía”.

Gendarmería, que había resuelto conceder a Llanquileo el beneficio de salida de fin de semana, canceló esa resolución al producirse el atentado incendiario en Vilcún.

Llaitul y Llanquileo rechazan la transgresión del prinicipio de derecho penal Non bis in idem, es decir, no ser juzgados dos veces por la misma causa. También demandan el reconocimiento de su calidad de presos políticos y la dignidad que les corresponde. Llaitul está condenado a 10 años por robo con intimidación, a 4 años por homicidio frustrado (el montaje de una falsa emboscada) al fiscal Mario Elgueta y a 541 días por Ley de Seguridad Interior del Estado. Llanquileo está condenado a 8 años por delitos similares. Asimismo, ha manifestado haber sido doblemente juzgado por dos tribunales, uno civil y otro militar, siendo condenado a 3 y 4 años por tribunales civiles en el caso del fiscal Elgueta, en circunstancias que ya había sido absuelto en la misma causa por un tribunal militar.

La Comisión Etica contra la Tortura obtuvo las firmas de numerosas personalidades de Chile y el extranjero para una carta al presidente de la República pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Llaitul y Llanquileo, así como la creación de una instancia de diálogo entre el Estado y los representantes legítimos del pueblo mapuche.

EL ASESINATO DE MATIAS CATRILEO

Las políticas del Estado hacia las comunidades indígenas han estado plagadas de promesas no cumplidas, arbitrariedades, cárcel para los comuneros e impunidad para quienes utilizaron la represión. El 3 de enero de 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada, estudiante de agronomía de la Universidad de La Frontera. Catrileo, de 22 años, falleció como consecuencia de un disparo en la espalda, efectuado por el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez. El crimen ocurrió durante una recuperación pacífica de tierras en las cercanías del fundo Santa Margarita del empresario Jorge Luchsinger, en la comuna de Vilcún.

No fue este el único crimen cometido bajo los gobiernos de la Concertación. En reciente carta al presidente Piñera, la lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, recuerda que también fueron asesinados por la policía Alex Lemún (2002), Julio Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Díaz Necul (2005), José Huenante (de 16 años, detenido y desaparecido), Juan Collihuín Catril (2006), Johnny Cariqueo Yáñez (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) y José Toro Ñanco (2009). La propia lonko Calfunao ha sido víctima de la represión. Desconocidos quemaron tres veces su casa y en uno de estos incendios pereció su tío Basilio Coñonao. La lonko sufrió torturas que le provocaron un aborto. “Todo ello -dice- me hace pensar que la policía no está al servicio de la sociedad y que para los mapuches no es garantía de seguridad y protección (…) Nos sentimos excluidos del derecho -agrega- y víctimas de una política que nos ha tratado de erradicar como pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de los principales motivos por los cuales los mapuches no nos sentimos identificados con su país. Sin lugar a dudas, es indispensable, señor Piñera, tener voluntad política para solucionar el conflicto y conseguir la paz social que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez este clima de militarización de nuestro territorio y enfrentamientos que, lamentablemente, ya han costado la vida a demasiadas personas mapuches y chilenos”.

En el caso de Matías Catrileo, la acción homicida del cabo Ramírez quedó demostrada en el proceso y el fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio, solicitó una pena de 10 años de presidio. El Juzgado Militar de Valdivia lo condenó a dos años con pena remitida, o sea en libertad, y siguió en funciones en Coyhaique con salario regular y asignación de zona.

Para el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de derechos humanos y representante de comuneros mapuches: “Aquí hay una resolución de un tribunal militar que condenó al funcionario de Carabineros a una pena privativa de libertad, pero con beneficios, atendida la naturaleza de la pena que se le aplicó. Pero adicionalmente, junto con la pena de carácter corporal, están las penas accesorias y las inhabilidades de orden civil y político. En ese contexto, las penas accesorias que inhabilitan a una persona para ejercer ciertos derechos civiles, como funciones públicas, prevalecen por sobre la decisión administrativa de la Contraloría General de la República que establece que Ramírez no tiene impedimentos para continuar en las filas de la institución policial. Esto se enmarca en una política de impunidad que se ha ido desarrollando con fuerza en estos últimos años”.

¿Qué opina de la condena por “violencia innecesaria” en el caso de Matías Catrileo?

“Carabineros en ejercicio de sus funciones no cometen el delito de homicidio. La figura más asimilable al homicidio es ‘violencia innecesaria causante de muerte’. Lo que se puede concluir de esa calificación jurídica y de la condena que se aplicó es que, en definitiva, los carabineros como funcionarios públicos pueden matar por la espalda recibiendo una pena bastante desproporcionada según la naturaleza del ilícito. La pena resulta injustificada desde un punto de vista penal y ético. En el fondo, lo que la judicatura militar hizo fue avalar en la práctica la política represiva que el Estado desarrolla en el tratamiento del problema mapuche. En ese contexto hay una política represiva impulsada desde el Ministerio del Interior a través de Carabineros, que actúa como una policía con tácticas militares. Cuando llega el momento de asegurar los derechos de las víctimas de esta política represiva, la respuesta del órgano jurisdiccional lejos de condenar drásticamente la conducta penal ilícita, la sanciona de modo benevolente”.

¿Por qué es la justicia militar la que sigue conociendo los casos de comuneros mapuche y no la justicia civil?

“Aquí hay una deuda pendiente desde el inicio de los gobiernos posdictatoriales. Había una promesa que contemplaba prácticamente la derogación de la judicatura militar, que ésta perdiera su competencia para juzgar a civiles, y no solamente para juzgar a civiles como imputados sino también para conocer y juzgar aquellas materias en que aparecieran vinculados Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas en la comisión de delitos. Sin embargo, esa promesa no se cumplió. Pasó el gobierno de Aylwin, el gobierno de Lagos, el de Frei y Bachelet y finalmente en el gobierno de Piñera, como consecuencia de una huelga de hambre de los comuneros mapuches, se logró por lo menos una de las reivindicaciones, que es limitar la competencia de la justicia militar. Los tribunales militares pierden competencia para juzgar a civiles en calidad de imputados”.

MAPUCHE, ENEMIGO INTERNO

Dos comuneros llevan casi dos meses en huelga de hambre en demanda de juicio justo. ¿Cuál es su visión de esos procesos?

“Hay que entender que esto es parte de una política del Estado y éste tiene compromisos de carácter ideológico, económico y político que se expresan en una institucionalidad. Ella está al servicio de ciertos intereses económicos. Todo esto aparece enmarcado en un orden normativo que garantiza esa institucionalidad. En concreto, tenemos que el Estado ha puesto en práctica una política represiva muy fuerte en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche, que tienen raíces históricas. Esto se ha traducido en procesos que se han desarrollado de manera arbitraria, en atribuir a las acciones reivindicativas de los comuneros el carácter de delitos terroristas, utilizar procedimientos jurisdiccionales que están en el límite de las normas del debido proceso: por ejemplo, los llamados testigos secretos, se sustancian procesos de manera paralela ante la justicia civil y militar, no se respeta un principio fundamental del derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Prácticamente, esto es una constante en la persecución judicial contra los mapuches”.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL 

¿A diferencia de otros sectores sociales, por qué se reprime con más fuerza a los comuneros mapuches, por qué tanta arbitrariedad judicial?

“Esto es explicable porque en Chile subsiste la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional. No ha sido erradicada de la Constitución desde un punto de vista normativo. Se mantiene como un baluarte que garantiza el desarrollo de esta institucionalidad que heredamos de la dictadura militar. En ese sentido, hay que tener en consideración que la dictadura tuvo por objetivo eliminar mediante la violación de los derechos humanos un modelo económico-social que se quiso implementar durante el gobierno de la Unidad Popular. El mapuche es considerado un ‘enemigo interno’ y por consiguiente, toda la actividad del Estado aparece justificada en la medida que las reivindicaciones del pueblo mapuche atentan contra las bases de la institucionalidad económica y social impuesta en Chile. En el país existe un muro para contener cualquier reivindicación económico-social que pudiera alterar el modelo neoliberal. La salvaguarda de la institucionalidad es la doctrina de Seguridad Nacional. Por eso Carabineros actúa en La Araucanía en forma militarizada y reprime indiscriminadamente a niños, ancianos y mujeres mapuches”.

OSVALDO ZAMORANO SILVA

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013

Defendemos: Cultura, Autodeterminación, Territorio e Identidad

 ¡Qué mejor que recibir el amanecer del 22 de diciembre cantando, bailando y enamorando! Mejor aún si es con un tema popular que satiriza la idea del “fin del mundo”. La interpretación pertenece al Grupo Mono Blanco, ubicado en el movimiento renovador del son jarocho, música y danza tradicional del sur del estado mexicano de Veracruz.

El video corresponde a una interpretación efectuada en el programa “El Estudio de Manzanero” del maestro Armando Manzanero, en el canal 22 de México, D.F., en marzo de 2005. Agradecemos a Miguel Rivera el compartir un hallazgo tan oportuno. A continuación la letra:

El mundo se va a acabar

Si un día me has de querer, te debes apresurar…

[…]

no-no-no-no-no no ves que el mar cómo se ha muerto

di si no es cierto, que argumentar

se va a acabar, se está acabando

y tú pensando si me has de amar y digo yo:

[…] [...]

Pon atención, no te das cuenta

que el hombre inventa la destrucción,

por la erosión, el río agoniza

y eso da prisa a mi pasión y digo yo:

[…] [...]

Ni que dudar, mira la tierra,

con tanta guerra ¿dónde va a andar?;

no hay que esperar que el mundo es loco

y queda poco tiempo de amar.

Defendemos: Cultura, Autodeterminación, Territorio e Identidad

Foto: Radio del Mar

Por Adolfo Millabur*

Radio del Mar, 3 de noviembre, 2012.- Para nosotros los Mapuche la Ley de Pesca no tiene validez, no la reconoceremos mientras no nos considere nuestros derechos como Pueblos Originarios. Además haremos todo lo necesario para que se ponga en la línea correcta los derechos de los pescadores artesanales, que también fueron vulnerados. Vendrán nuevos tiempos en el litoral, y los vamos a construir nosotros, unidos.

Cuando ya era cerca de las tres de madrugada, quienes seguíamos desde la tribuna el debate y votación de la Ley de Pesca fuimos testigos de un último “saludo a la bandera” y del “tiro de gracia” para los Pueblos Originarios.

El presidente del Senado informaba a la sala de una nueva indicación al respecto, necesitando de unanimidad para su discusión. El golpe final viene del senador, moralmente inhabilitado, Jovino Novoa, quien alzando su mano nos negaba la unanimidad.

Es que a esa hora, algunos senadores tenían más ganas de ir a dormir con su derrota, y otros, encabezados por Longueria, deseaban continuar la noche en la bohemia de Valparaíso junto a los industriales, en un lugar ya reservado para celebrar el triunfo.

Así, con un sabor amargo, finalizó este proceso. De antemano sabíamos la posición del Gobierno y los intereses que resguardaba: asegurar de por vida, y de la mejor manera, a los industriales. A ellos, el Gobierno representó permanentemente en el Senado. No obstante, para nosotros siempre hubo una ventana de esperanza, que se provocara una reflexión más abierta, de respeto a los Pueblos Originarios.

Durante la discusión de la Ley de Pesca en el Senado fuimos testigos de la presencia de dos fuerzas antagónicas. Por un lado, una oposición disminuida, representanda por los senadores Tuma, Navarro, Muñoz, Gómez, Lagos, Quintana, Girardi y Rincón, frente a una nueva alianza que se conformó en pro de esta ley, entre la Democracia Cristiana y los partidos de Gobierno.

Por una parte, unos que aspiraban a que los recursos hidrobiológicos, en este caso los pelágicos, se aseguraran como patrimonio de todos los chilenos y, en el otro extremo, los que planteaban la intención de privatizarlos y entregarlos de por vida a los industriales, la opción que finalmente el Gobierno impuso.

Al medio de este debate aparecían los Pueblos Originarios, como una especie de “piedra en el zapato”, tema que intermitentemente fue ocupando espacios de más o menos visibilidad, aunque era evidente la idea del bloque más fuerte, de alejarnos de la discusión.

Permanecimos estoicamente presentes durante toda esta discusión, para ser testigos que Chile, a través de su Parlamento, desconoció, atropelló, el derecho básico de un pueblo que es asegurar su alimentación. Porque los lafkenche hemos vivido siempre del mar. Nuestro alimento está en función del mar, y aquí, esta ley lo excluye y le prohíbe hacer uso de estos recursos para alimentarse y desarrollarse.

Además está el incumplimiento del Convenio 169 (OIT), en muchos puntos del artículado, pero principalmente en lo que se refiere al deber de consulta a los Pueblos Originarios y a la garantía de derechos para el uso de recursos naturales que históricamente hemos ocupado para vivir y desarrollarnos. Pero aquí primó el privilegiar a los aliados económicos y políticos que tiene el Gobierno, más que respetar y reconocer los derechos que poseen los Pueblos Originarios.

Esto es un evidente doble discurso, entre lo que se dice públicamente cuando hay situaciones de conflicto en la zona sur de Chile, en que se habla de potenciar el desarrollo de los Pueblos Originarios, pero a la vez se les pone llave al acceso de los recursos naturales que les son propios por cultura e historia.

Este Gobierno tiene muy claro que, mientras dirige el país, debe asegurar al máximo a los empresarios, a los grandes industriales. Y para la televisión, para los discursos del oído fácil, pregonan que es su preocupación el desarrollo productivo de los Pueblos Originarios. Esto es falso, así lo hemos comprobado de manera presencial, ellos preferirían que no existiéramos. Nosotros somos un problema, una dificultad para sus aspiraciones extractivistas, en que los recursos naturales son un trofeo de guerra más que un elemento vital para la sobrevida de la población, la alimentación de la humanidad.

El íntimo deseo del Gobierno y de sus aliados es que desaparezcamos, esta Ley niega el derecho a la vida a los Pueblos Originarios. Los mapuche lafkenche vamos a demostrar que somos capaces de superar esta dificultad, como ya lo hemos hecho con todas las barreras que se nos han puesto en la historia de Chile.

Que nos hagan leyes represivas, que nos quitan el derecho, no significa que nosostros no vamos a ejercerlos. Porque una cosa es lo legal y, otra, es lo legítimo. Nuestro único horizonte va a ser siempre, como cualquier mapuche consciente, luchar por lo legítimo, aunque hayan leyes que tengamos que vulnerar. Nosotros no somos responsables de infringir leyes que son enajenantes de nuestros derechos. Violar leyes como ésta será un orgullo y dignidad, porque está hecha sobre cimientos de atropellos de derechos.

Para salir al mar, a la pesca o a la recolección, siempre está presente para nosotros las condiciones del tiempo. Y ya habrá nuevos tiempos, y vientos más favorables. Sabremos identificar aliados, como la sociedad civil organizada, que también está avizorando nuevos tiempos. Eso nos debe animar porque probablemente tendremos que por la fuerza, por la necesidad de la sobrevida, vulnerar la Ley de Pesca.

Para nosotros la Ley de Pesca no tiene validez, no la reconoceremos mientras no nos considere nuestros derechos como Pueblos Originarios. Además haremos todo lo necesario para que se ponga en la línea correcta los derechos de los pescadores artesanales, que también fueron vulnerados. Vendrán nuevos tiempos en el litoral, y los vamos a construir nosotros, unidos.

En lo inmediato, el camino que sigue será recurrir al Tribunal Constitucional, porque aquí se han pasado a llevar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios y se hipoteca la seguridad y soberanía alimentaría del pueblo chileno. La Constitución política que hoy rige a este país, es herencia de la Dictadura, y durante el debate de la Ley de Pesca siempre se recurrió a ella, en relación a que se debía respetar lo que establecía, y sobre todo, el respeto a la propiedad privada. No así la propiedad colectiva de los pueblos, esa no fue considerada.

Esperamos que el tribunal dé razón y reconozca la vulneración de los derechos de los Pueblos Originarios, lo que significará que esta ley seguirá el destino que el tribunal establezca. Eso se lo advertimos al Gobierno y al Parlamento, desde que comenzó a discutirse esta ley. No escucharon. Ahí verán cómo resuelven. El problema se lo han creado ellos mismos.
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*Adolfo Millabur es presidente de Identidad Territorial Lafkenche.
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Fuente:RadiodelMar: http://www.radiodelmar.cl/rdm_2012/index.php/component/content/article/90-noticias/1789-la-ley-longueira-y-el-qtiro-de-graciaq-a-los-pueblos-indigenas.htmllo

Defendemos: Cultura, Autodeterminación, Territorio e Identidad

El objetivo de este artículo es precisar el contenido del derecho a la libre determinación o también llamado autodeterminación de los pueblos indígenas, reconocido por la Declaración de las Naciones Unidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI en adelante), a efectos de tener mayor claridad al momento de su exigibilidad y de su aplicación.

Consideramos que es esta falta de claridad una de las causas que explican la subutilización de este derecho por los propios pueblos indígenas, por el movimiento de derechos humanos que los apoya, y en general por los operadores del sistema de justicia, a pesar que se trata de uno de los derechos más “potentes” políticamente de los pueblos indígenas, a diferencia de otros derechos, y de contar con reconocimiento normativo en el derecho internacional de los derechos humanos.

La causa de esta poca utilización tiene que ver en nuestra opinión con la imprecisión de su contenido, pues aún muchos operadores del derecho sobre todo de los Estados, suelen identificar este derecho con el derecho de los pueblos indígenas a formar un país independiente, y desmembrarse de un país de origen, olvidando que esto obedecía a contextos específicos, caracterizados por la existencia de una estructural colonial que subyugaba a los pueblos indígenas.

La pregunta que en este artículo intentaremos responder, es cuál es el contenido constitucional actual de este derecho, fuera de esos contextos de colonialismo y de sometimiento y abuso respecto de los pueblos indígenas. Otra inquietud que motiva definir el contenido de este derecho, tiene su causa de manera particular en la preocupación por (re) entender el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, desde la perspectiva del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, es decir, como una concreción y una manifestación de este último derecho.

Este interés es una consecuencia de la constatación de los límites de una concepción formal y procedimental de la consulta previa, que se expresa en aquellos casos en que no haya acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, supuesto donde será el Estado quien tome la decisión final. Esto no significa desconocer la importancia del derecho a la consulta, se trata de un derecho que obliga al Estado a escuchar a los pueblos indígenas, haciendo no solo audibles las demandas de la población, si no haciendo visibles a un sector de peruanos que históricamente estuvieron ausentes.

Es más, consideramos, que la incorporación de la perspectiva del derecho a la libre determinación en el derecho a la consulta, permite una adecuada y sustancial comprensión del derecho a la consulta previa, como dialogo intercultural entre partes iguales, superando ciertas visiones que ven en este derecho por ejemplo, un trámite para convalidar decisiones adoptadas por el Estado en forma unilateral, y en relación con las cuales, no existe la menor voluntad del Estado de recoger los aportes y las preocupaciones de los pueblos indígenas. No se trata de desplazar el derecho a la consulta por el derecho a la libre determinación o el derecho al consentimiento.

Como luego lo explicaremos, se trata de potenciar el ejercicio del derecho a la consulta, a partir de su sustentación y conexión con otros derechos de pueblos indígenas, en este caso con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, con la finalidad no solo de hacer audibles la voz y la opinión de los pueblos indígenas, lo cual es posible a través del derecho a la consulta, sino de lograr, que la decisión de los pueblos indígenas sea efectivamente tomada en cuenta, claro está, en la medida en que ella encuentre cobertura y fundamento jurídico constitucional.

En realidad, la finalidad de desarrollar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, tiene que ver con la necesidad de fundamentar el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas, que se traduce en la obligación del Estado en determinados supuestos, de además de consultar, obtener el consentimiento de los pueblos indígenas.

En otras palabras, el derecho al consentimiento, es una concreción y un ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Estimamos que este derecho bajo determinadas circunstancias, puede ayudar a disminuir la asimetría de poder entre el Estado y los pueblos indígenas, devolviendo al derecho a la consulta su naturaleza de espacio de diálogo y de acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas.

Acceda al documento completo con un clic en el siguiente enlace:

 Aproximación al contenido constitucional del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas (PDF, 50 páginas)

Defendemos: Cultura, Autodeterminación, Territorio e Identidad

De los cuatro charrúas llevados a Francia, dos de ellos, Tacuabé y Guyunusa, fueron bautizados en Paysandú. Eran los más jóvenes del grupo y también vivieron en carne propia la total falta de respeto a la dignidad humana.

Laureano Tacuavé Martínez, conocido como Tacuabé, nació en Paysandú el 14 de julio de 1809 y fue bautizado el 8 de setiembre del mismo año por el cura y vicario de la Parroquia de San Benito de Paysandú, Silverio Antonio Martínez.
Era hijo legítimo de Eustaquio Tacuavé y Francisca Martínez, indios de esta jurisdicción.
Tacuabé tenía 23 años cuando llegó a Francia y al igual que sus compañeros charrúas fue exhibido y obligado a trabajar en circos.

Según José Joaquín Figueira, destacado investigador uruguayo sobre los charrúas llevados a Francia, también habrían cambiado el nombre de Tacuabé por el de Jean Soulassol, a quien se presentaba como “maravilloso por su fuerza maxilar y su fuerza india”, lo que también coincide con la inscripción en una pensión de Lyon del “saltimbanqui” Laureano Tacuabé.

De allí la deducción de que Jean Soulassol es Tacuabé, a quien se llamaba así para evitar la persecución policial sobre quienes lo explotaban.
“Dice Figueira con sólidos argumentos, que a la muerte de Vaimaca y Senaqué en París, Tacuabé, Guyunusa y la hija de ésta, nacida en parís el 20 de setiembre de 1833, fueron conducidos a Lyon al año siguiente, 1834, probablemente porque quienes los tutelaban estaban siendo perseguidos por la policía a raíz de una denuncia de M. Auguste de Saint Hilaire, debido, más que nada a las condiciones muy poco higiénicas, y sobre todo al inhumano trato que se les estaba dando a estos indios”, comentó el licenciado José Eduardo Picerno, dirigente de ADENCH.

Según Figueira, días antes de la muerte de la muerte de Guyunusa, el nombre de Jean Soulassol fue desplazado, y el mismo día que fallece, fue quitado de cartelera. A su vez, el circo desaparece de Lyon cuando a fines de julio de 1834 se descubre que los charrúas están en esa ciudad, no obstante haber anunciado que estaría por dos meses más allí presentando su funciones.

Esto ha llevado a pensar que simplemente Tacuabé se fue con el circo, lo que invalidaría versiones sobre su muerte, o la tan mentada fuga con la niña de Guyunusa (que sería hija de Vaimaca Perú) después de la muerte de la india. Luego de este episodio se perdió el rastro de Tacuabé.

Guyunusa, chalouá sanducera

María Micaela Guyunusa había nacido el 28 de setiembre de 1806 en el departamento de Paysandú, donde fue bautizada con el nombre cristiano de Michaela. De ahí el subtítulo “chalouá” (que en la lengua charrúa significa “muchacha”) sanducera.

El registro de bautismo dice: “En veinte y seis de julio de mil ochocientos siete (con mi licencia) el R.P.P. Fr. Ignacio Maestre, bautisó (sic) solemnemente a una niña, que nació el veinte y ocho de septiembre del año pasado, a quien puso por nombre María Michaela, hija natural de María Rosa, india charrúa: fueron padrinos Manuel Medina y Victoria Cambyaé, a quienes se les advirtieron de sus obligaciones. Doy fe. Silverio Antonio Martínez”.

Michaela o Micaela era el nombre cristiano de Guyunusa, según testimonios recabados en un trabajo del antropólogo francés Paul Rivet. Se trata de un nombre que era poco frecuente en nuestro país y según Eugenio Petit Muñoz sería rarísimo que, entre los poquísimos indios charrúas que llegaron a ser bautizados hubiese dos Micaela.

Agrega que “la excepcionalidad del bautismo del charrúa, que es un hecho notorio, salvo en la conocida reducción de Cayastá, cuyas inscripciones correspondían a Santa Fé y han sido parcialmente publicadas, se ve confirmada en el caso de Paysandú, parroquia que era la única de la zona final de habitación del charrúa en nuestro país y en la que, desde 1805 -fecha en que se inician sus libros- hasta el presente no aparece otra niña charrúa bautizada”.

A diferencia de lo que acontece con otros niños bautizados en Paysandú -al día siguiente o en los inmediatos a su nacimiento– Guyunusa tardó diez meses en recibir el sacramento cristiano.

Teniendo en cuenta que no fue bautizada por el párroco, Antonio Silverio Martínez, sino por su teniente, el P. Fr. Ignacio Maestre, es posible suponer que este último lo hizo en una recorrida por montes y lugares alejados, buscando niños infieles que bautizar.
Otro argumento que maneja Petit Muñoz para afirmar que María Michaela es Guyunusa es su edad.

La niña bautizada en la jurisdicción de la Parroquia de Paysandú había nacido el 28 de setiembre de 1806, lo que significa que en junio de 1933, cuando Guyunusa es descripta en París, esta María Michaela tenía 26 años, y si bien las fuentes francesas atribuyen a Guyunusa 20 años, dicen a la vez que era de la misma edad que Tacuabé, quien nacido en setiembre de 1809, tenía 23 años en junio de 1833. Las diferencias pues, son muy pequeñas.

Por último, está su región de origen. En la obra del francés Paul Rivet (”Les Derniers Charruas”) sobre los charrúas llevados a Francia, se cita al Dr. Tanchou, quien expresa que Guyunusa vivía en su país en las orillas del río Negro y, según la partida de defunción de la desventurada india, ésta habría nacido a orillas del río Uruguay. Y por aquellos años, todo eso era Paysandú. “La coincidencia es total”, sostiene Petit Muñoz.

Guyunusa falleció por tisis pulmonar en el hotel Dieu, de Lyon (Francia), el 22 de julio de 1834, hace exactamente 172 años. Sus restos de Guyunusa no han podido ser encontrados. Hay versiones que indican que habrían sido depositados en un osario común.

Senaqué, el “médico” indígena

En cuanto a Senaqué, tenía unos 56 o 57 años, cuando llegó a Francia. Era un médico-brujo indígena, así como un viejo guerrero y favorito del jefe de la tribu, Vaimaca Perú.

De los cuatro charrúas expatriados, fue el primero en morir. Según el enfermero francés Camus, quien relató que calmado e indiferente, su semblante parecía ajeno a todo lo que le rodeaba. Permaneció en silencio absoluto, que sólo rompió para exclamar “¡Oh París! ¡París!”, frase que se considera todo un símbolo de su desventura.

Documentos históricos

En la actualidad, tanto la partida de bautismo de Tacuabé como la de Guyunusa, verdaderos documentos históricos de nuestra nación, son guardadas con el celo que corresponde en los archivos de la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo.

Llegar a la de Tacuabé fue muy fácil. A la de Guyunusa no tanto. Una primera consulta a los archivos eclesiásticos tuvo resultado negativo. Sin embargo, sabíamos que había sido encontrada allí por Eugenio Petit Muñoz y presentada en un libro sobre “La vivienda Charrúa”, que data de 1950 y se guarda en la Biblioteca Nacional, en Montevideo. Allí lo encontramos y una rápida consulta permitió revelar la incógnita y ubicar la partida de bautismo de Guyunusa, quien no figura con ese nombre sino con el nombre cristiano de Michaela.

Una nueva consulta en las oficinas parroquiales de Paysandú permitió ubicar fácilmente el histórico documento. A modo de anécdota cabe señalar que hoy 26 de julio del 2002 se cumplen exactamente 195 años de dicho bautismo, efectuado el 26 de julio de 1807.

¿Son sanduceros Tacuabé y Guyunusa? Si nos atenemos literalmente al documento existente, es lógico afirmar que sí. Allí se indica, por ejemplo, que los padres de Tacuabé son “indios de esta jurisdicción”.

Ahora bien, cabe recordar que en 1809 el departamento de Paysandú abarcaba lo que actualmente son los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Río Negro y parte de Cerro Largo y Brasil.

¿Cabe la posibilidad de que un charrúa viajara kilómetros y kilómetros para bautizar a su bebé? ¿Acaso recibieron el sacramento en recorridas de curas por los montes buscando infieles que bautizar? ¿O, circunstancialmente, eran vecinos de la Parroquia? Artículo originalmente publicado en la revista Quinto Día, de El Telégrafo.

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