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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:45

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http://elecochasqui.files.wordpress.com/2009/11/awajun.jpgServindi, 2 de marzo, 2011.- Líderes indígenas awajun y wampís de diferentes organizaciones entregaron un documento de propuesta de acuerdo al Gobierno Regional de Amazonas. La finalidad es priorizar el respeto a sus derechos como pueblos y la protección ambiental.

Uno de las propuestas contenidas es ”implementar los procesos de consulta libre previa e informada en casos de exploración o explotación de recursos naturales y otras actividades que incidan en los territorios de los pueblos indígenas”

Asimismo, “desarrollar e implementar la zonificación ecológica económica y el Ordenamiento Territorial y el saneamiento físico legal de nuestros territorios para una seguridad jurídica.”

Proponen se expida una ordenanza regional que implemente la consulta a nivel regional y se organice el sistema regional de gestión ambiental con participación activa de los pueblos indígenas y la sociedad civil en general.

La finalidad de las propuestas es avanzar “hacia un desarrollo sostenible con respeto a los pueblos indígenas y al ambiente” y fortalecer “la gobernabilidad regional en un marco de inclusión y de equidad”.

Los veinticinco representantes de ambos pueblos indígenas se reunieron en la ciudad de Bagua los días 25 y 26 de febrero preocupados por que el gobierno regional implemente políticas que revaloren y mantengan la identidad y cultura Awajún Wampis.

El documento fue recibido por Augusto Wong López, Vicepresidente Regional de Amazonas y Alexander Shakaime Arroyo, Sub gerente de Asuntos Indígenas y Comunidades Campesinas.

Acuerdo ambiental entre las autoridades regionales de la Región Amazonas y los Pueblos Indígenas Awajún Wampis

Nosotros representantes de los pueblos indígenas Awajún Wampis de la Región Amazonas y autoridades del Gobierno Regional de Amazonas reunidos en la ciudad de Bagua los días 25 y 26 de febrero conscientes de:

  • La necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible con respeto a los pueblos indígenas y al ambiente.
  • Fortalecer la gobernabilidad regional en un marco de inclusión y de equidad.
  • La necesidad de culminar el proceso de saneamiento físico legal en el marco del ejercicio activo de nuestros derechos territoriales.
  • Favorecer el mantenimiento y revaloración de nuestra identidad y cultura Awajún Wampis.
  • La necesidad de profundizar la coordinación entre los diferentes niveles de gobiernos para e.l efectivo funcionamiento de un sistema de gestión ambiental.
  • La necesidad de profundizar la implementación efectiva de los instrumentos de gestión ambiental.
  • La necesidad de enfrentar a la mitigación y adaptación al cambio climático.
  • Contribuir a la reducción y eliminación de la contaminación ambiental.
  • Establecer mecanismos y espacios para el diálogo constructivo y la institucionalización de la confianza como base para la profundización de una democracia intercultural.
  • La necesidad de erradicar la corrupción ambiental.
  • La pérdida de nuestros bosques a partir de arreglos asimétricos con madereros.
  • El escaso desarrollo de econegocios a partir de la biodiversidad de nuestros bosques.

Proponemos:

  • Respetar los derechos indígenas relacionados al ambiente consignado en la legislación nacional e instrumentos internacionales tomando en cuenta la cosmovisión y la cultura del pueblo Awajún Wampis.
  • Implementar los procesos de consulta libre previa e informada en casos de exploración o explotación de recursos naturales y otras actividades que incidan en los territorios de los pueblos indígenas.
  • Formular participativamente una Ordenanza Regional para la implementación de la consulta a nivel regional.
  • Organizar e implementar el sistema regional de gestión ambiental con participación activa de los pueblos indígenas y la sociedad civil en general.
  • Desarrollar e implementar la zonificación ecológica económica y el Ordenamiento Territorial y el saneamiento físico legal de nuestros territorios para una seguridad jurídica.
  • Promover proyectos e iniciativas de conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques.
  • Promover programas de recuperación de bosques secundarios (purmas).
  • Promover programas de reforestación con especies nativas en zonas degradadas.
  • Evitar la deforestación y erradicar la tala ilegal.
  • Promover el valor agregado de la madera procedente de fuentes sostenibles.
  • Promover el cumplimiento efectivo y responsable de los planes de manejo forestal.
  • Promover una política de conservación de fuentes de agua.
  • Implementar políticas, programas y acciones conducentes al adecuado manejo y conservación de suelos de la región.
  • Establecer programas de gestión de residuos sólidos y gestión de sustancias tóxicas y radioactivas.
  • Organizar un sistema ecológico de articulación vial terrestre y fluvial con criterios de sostenibilidad e inclusión social.
  • Rechazar la explotación minera de zonas ambientalmente críticas (zonas de alta diversidad biológica, endemismos, nacientes de ríos, entre otros) y de valor cultural y espiritual para los pueblos Awajún Wampis.
  • Implementar una política regional de energías limpias para todos.
  • Exigir al Gobierno Nacional una mayor participación de los Gobiernos Regionales en la fiscalización de la mediana, la gran minería y las actividades hidrocarburíferas.
  • Demandar la implementación efectiva del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para que cumpla efectivamente sus funciones.
  • Promover y fortalecer los sistemas de vigilancia y monitoreo ambiental comunitario con incentivos.
  • Fortalecer los espacios de diálogo y de acuerdos sociales para fortalecer la gobernabilidad ambiental.
  • Establecer un sistema de alerta temprana de conflictos socioambientales con participación indígena.
  • Institucionalizar mecanismos para resolver las diferencias y conflictos en el marco de una cultura de paz.
  • Promover el desarrollo de sistemas agroforestales ecológicos certificados sobre la base de bosques ya intervenidos y evitando el cambio de uso de las tierras forestales con valor agregado y articulados a cadenas de redes de valor.
  • Promover los arreglos necesarios para desarrollar el manejo forestal comunitario.
  • Promover el desarrollo de econegocios indígenas (ecoturismo, manejo de fauna, productos a partir de la biodiversidad y agrobiodiversidad, servicios ambientales) con asistencia técnica, legal y desarrollo de mecanismos de acceso de financiamiento y mercados.
  • Promover proyectos de mejoramiento de la artesanía, valor agregado de plantas medicinales y promoción de la gastronomía local.
  • Promover el desarrollo de la piscicultura sostenible con especies nativas (piscigranjas individuales compartidas, piscigranjas familiares compartidas y piscigranjas comunales).
  • Desarrollar programas de educación ambiental para jóvenes.
  • Promover la recuperación y registro en el Indecopi de los conocimientos y saberes tradicionales ligados a la diversidad biológica.
  • Luchar para la erradicación de la corrupción en el sector ambiental.
  • Dotar de los recursos económicos necesarios para la implementación del presente acuerdo.

Acordamos:

Canalizar el presente documento al Gobierno Regional de Amazonas para la revisión, enriquecimiento y conversión a una política pública reflejada en ordenanzas regionales para su respectiva implementación.

Firmamos:

En señal de conformidad:

Por las organizaciones indígenas:

1. Pancho Kantuash Saan, ODECOFROC

2. Darío Sajamin Calvo, OPIWAK

3. Victoria Kujancham Yagkug, CIAP

4. Oscar Agkuash Yuu, ODECINAC

5. Ananías Shawit Kasen, FISH

6. Luis Dupis Juwau, ODECOAC

7. Néstor Reátegui Daniel, FECONARIN

8. Amalia Chamik Bashian, FEMAAM

9. Ana María Ugkum Tsegkua, FEMAAM

10. Salomón Awananch Wajush, ORPIAN-P

11. Bernardino Chamik Pizango, ORPIAN-P

12. Elias Autukai Wisum, ORPIAN-P

13. Delia Atamain Asagkai, CAH

14. Rodolfo Petsa Tsejem, Comunicador indígena

15. Wilson Lucas Rosalía, FECAS

16. Luis Kunchikui Akuts, CIAP

17. Clementina Paati Ayui, FEMAAM

18. María Chumap Tsegkuag, FEMAAM

19. Edwin Montenegro Dávila, ORPIAN-P

20. Edison Shajian Hidalgo, Municipalidad Provincia de Bagua, Oficina de Asuntos Indígenas

21. Madolfo Pérez Chumpi, ODECAM

22. Juanita Antuash Chigkim, Comunicadora indígena

23. Samuel Paati Juan, ODEPAA

24. Mauro Petsa Tsejem, OPIWAK

25. Efraín Puancha Mayac, FAD

Por las autoridades de la región:

Augusto Wong López, Vicepresidente Regional

Alexander Shakaime Arroyo, Sub gerente de Asuntos Indígenas y Comunidades Campesinas.

 

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:43

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http://servindi.lamula.pe/wp-content/blogs.dir/2286/files/2011/03/Manuel_Garcia_Corpus.jpgServindi, 2 de marzo, 2011.- El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXI Legislatura, Manuel García Corpus, anunció que este mes se presentará ante la cámara de senadores y de diputados, una propuesta de la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas para su aprobación.

 

La norma busca dotar de derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo los derechos a la consulta y libre determinación, así como brindarles elementos legales en diversos rubros. Así, se evitarán arbitrariedades y abusos del Gobierno, en decisiones que en muchos casos, afectan a las comunidades.

“Es necesario contar con un instrumento que de equidad, certidumbre y sobre todo, establecer una relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas del país para respetar su derecho a la consulta y libre determinación.

Por ello, el Senado de la República y el Congreso de la Unión promueven la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas”, indicó.

La Ley también contribuirá a conservar los recursos naturales y ecosistemas, preservar la identidad cultural y los modos de vida de los pueblos originarios, entre otros aspectos. Por esa razón, a partir del próximo 7 de marzo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, se dará inicio a una serie de foros regionales en la materia.

Estos encuentros se celebrarán además en Juchitán, Pinotepa Nacional, Tlaxiaco y Guelatao. Posteriormente, se efectuarán otros de carácter nacional y uno de tipo internacional, que contará con la asistencia de especialistas en el tema.

En ese sentido, se llevarán a cabo 17 foros regionales a nivel nacional y 53 talleres micro regionales, entre otras actividades, cuyos resultados y acuerdos se ha previsto se difundan el 14 de marzo.

Luego, se pasará al proceso de discusión y se presentará la propuesta al pleno de la cámara de senadores y de diputados.

Con la aprobación de la norma, México sería el único país de América Latina en contar con una Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

En el Perú se inició un proceso similar para concretar un instrumento en materia jurídica a favor de los indígenas el cual se aprobó por el Congreso el 19 de mayo de 2010. Pero la norma no se promulgó hasta la fecha por observaciones del Presidente de la Republica.

Manuel García sostuvo que con esta ley los megaproyectos como el de Paso de la Reyna y Paso Ancho, en Oaxaca, así como toda acción del gobierno que altere las formas de vida de las comunidades originarias, necesariamente tendrán que ser consultados. Así, lo establece el Convenio 169 de la OIT.

“Los pueblos tendrán la oportunidad de escuchar, ser oídos y convenir cómo impulsar los proyectos que no violenten su identidad cultural y social, generando una nueva relación del gobierno federal con el estado mexicano, que no sea de imposición o de crear condiciones de aparente desarrollo. Se trata de que éstas acciones vayan de abajo hacia arriba” afirmó.

La idea que es que las iniciativas emanen de las comunidades, agencias, rancherías y de los diversos sectores sociales hacia las instituciones para inscribir las propuestas y convertirlas en políticas públicas, conforme lo demanda el régimen democrático.

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:38

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http://puma.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/bilingue.jpgPor Jahve Mescco

Servindi, 2 de marzo, 2011.- En el Perú se vulnera el derecho fundamental de acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad de más de un millón de niños, niñas y adolescentes indígenas, debido a la deficiente contratación de docentes, a la carente formación y capacitación de maestros especializados, y a la ineficaz gestión de muchas de las entidades vinculadas.

A pocos días de iniciar el proceso de contratación docente –con un retraso que implicaría la demora en el comienzo de las clases en algunos colegios – la Defensoría del Pueblo evidenció que existen graves deficiencias en la contratación de profesores bilingües y especializados en Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Los resultados de la Supervisión Defensorial indican que los principales problemas son la falta de determinación de plazas docentes EIB, la no publicación y difusión del consolidado regional de plazas EIB, y el incumplimiento en la verificación del bilingüismo y de la especialización en EIB en los profesores aspirantes a esas plazas.

El estudio recabó información de instituciones educativas EIB, 50 Unidades de Gestión Educativa (UGEL), 16 Direcciones Regionales de Educación (DRE) y del Ministerio de Educación (Minedu). Se inició en el 2008 y concluyó en el 2010, y su fin fue identificar los principales problemas en la implementación de la política pública de EIB.

Resultados desalentadores

Según la Supervisión Defensorial, en el 2010 la mayoría de las 16 DRE evaluadas no determinó el número de docentes especializados en EIB que se requerían en sus jurisdicciones, a excepción de las DRE de Cusco, Junín y Huancavelica.

La falta de identificación de estas plazas generan tres problemas: postulan docentes que no son bilingües (castellanohablantes), no se verifican los requisitos que deben cumplir los profesores EIB en el proceso de selección, y se contratan maestros inadecuados que pueden producir conflictos locales.

“La identificación es una tarea conjunta de las UGEL y las DRE, que se efectúa a partir de un estudio de la demanda de la región, para determinar cuántas plazas EIB tiene y cuántas necesita. La mayoría no lo hace, hay una inercia que cambia solo si los padres exigen”, dice Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, cuatro DRE no publicaron ni difundieron las plazas EIB, lo que es un aspecto crucial porque si esta actividad no se lleva a cabo es como si plaza no existiese. Así, se neutraliza la posibilidad de garantizar un docente especializado en EIB a los niños y niñas indígenas, que les posibilite acceder al derecho a la educación.

Pese a que la ley de EIB lo señala, tampoco se verifica el cumplimiento del perfil que debe poseer este maestro. Ello ocurre porque por ejemplo 15 UGEL no incluyeron a un profesor bilingüe en los comités de contratación docente para que verifique el manejo del bilingüismo, precisamente.

Cabe destacar que algunas UGEL reportaron que algunos criterios aplicados para verificar la condición bilingüe fueron los rasgos físicos, el uso del vestuario local, y el compromiso profesional social y ético. Lo cual no es una garantía, en razón de ello le corresponde al Minedu desarrollar el procedimiento para verificar el bilingüismo.

Por una EIB de calidad

Una EIB de calidad implica que el docente sea bilingüe, conozca la cultura local –aunque la ley no lo exija– y posea una formación especializada. Sin embargo, los resultados de la Supervisión señalan que el año pasado, nueve UGEL contrataron 530 docentes sin formación inicial en EIB y sin capacitación en EIB, y 87 sin título.

El resto de las UGEL no contestaron porque no contaban con los datos requeridos, o los desconocían. Eso, a su vez, evidencia la falta de un sistema nacional de información sobre gestión educativa, que dificulta el cumplimiento de la política y deviene en esfuerzos aislados.

“En todo el sistema educativo se observa una gran desinformación, que acarrea problemas como la no contratación oportuna, lo cual generaría probabilidades de que no se desarrolle todo el plan curricular”, manifiesta Jhordan Morales, Comisionado del Programa de Pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Para el 2010, el Ministerio de Educación dispuso que el año escolar a nivel nacional se inicie el 1 de marzo. No obstante, solo 6 de 45 UGEL cumplieron esa disposición. No es coincidencia que la Defensoría del Pueblo reciba quejas de las comunidades nativas por la ausencia de maestros en los primeros meses del año escolar.

En la práctica, los padres de familia son actores claves de la comunidad educativa para la no vulneración del derecho a la educación. Debido a ello, y con el respaldo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Defensoría del Pueblo recomienda incluirlos en los procesos de contratación de docentes EIB.

Urge derogar la “nota 14”

El problema de la educación intercultural bilingüe es un tema complejo. No se puede exigir profesores adecuados si no se forman y capacitan docentes especializados para que atiendan a la población indígena estudiantil del país.

A partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo N° 006-2007-ED, en el 2007, se estableció la nota 14 como mínimo para el ingreso a la carrera docente de los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP). Esto causó un menor ingreso de postulantes a estos centros de enseñanza, con el consecuente cierre de estas instituciones.

En el 2007 ingresaron solo cuatro estudiantes a instituciones que forman profesores en educación primaria intercultural bilingüe; en el 2008, ocho; y en el 2009, cuatro. Este mismo año, de los 979 alumnos que ingresaron a los ISP, solo cuatro eran de esa especialidad. Ninguno pudo seguir los estudios porque la especialidad no se abrió debido a la falta de alumnos.

La nota 14 representa una valla para la EIB, puesto que si bien la intención inicial era elevar la calidad educativa, no se puede generalizar dado que los jóvenes de las áreas rurales y de pueblos originarios reciben una educación deficiente, y además no se considera sus conocimientos de cultura y lenguas aborígenes.

Ante el cuestionamiento del Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, León Trahtemberg, Sigfredo Chiroque y otros expertos y organizaciones, el Minedu dispuso el 2010 que los postulantes a la especialidad de EIB que obtuvieran entre 11 a 13.99 puntos, siguieran un ciclo de nivelación académica de ocho meses, luego del cual solo ingresaban quienes obtuvieron un promedio mínimo de 14. Era algo paliativo.

En diciembre del 2010, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por unanimidad dos proyectos de ley que buscan derogar esa nota mínima para el ingreso a la especialidad de educación intercultural bilingüe en los institutos superiores pedagógicos.

Sin embargo, pese a la urgencia del tema, los Proyectos de Ley números 4306/2010-CR y 3949/2009-CR, aún esperan a ser debatidos en la Comisión Permanente del Legislativo.

Estandarización de la capacitación

Una educación de calidad se logra solo mediante el respeto de la diferencia, pero ello es incompatible con la capacitación estandarizada y homogenizada que brinda el Minedu a través del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (Pronafcad).

Los cursos y actividades que se imparten a los docentes EIB siguen el modelo de capacitación para los niveles primario y secundario de Educación Básica Regular. Desde el Minedu solo se aborda la comunicación integral en Castellano y en algunos casos, se ofrecen charlas sobre interculturalidad y primera y segunda lengua.

Estudios de los investigadores Vásquez, Chumpitaz y Jara, muestran que para el 2007, por cada 100 alumnos se registró la existencia de menos de un profesor capacitado en EIB por el Ministerio de Educación. Puno y Cusco cuentan con muy pocos docentes capacitados, aun cuando registran las mayores poblaciones indígenas en edad escolar.

El informe final de la evaluación del presupuesto público del Pronafcad –efectuado en el 2008, siendo José Carlos Orihuela el coordinador– concluyó que desde la perspectiva de los resultados que cuentan para la sociedad, el Estado enfrente una frustración onerosa para el fisco. Es decir, el aporte real a la capacitación docente no era significativo.

La problemática de la EIB se agrava más debido a la falta de articulación de los actores. Lucy Trapnell y Virginia Zavala afirman que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) desarrolla actividades en algunas líneas de trabajo, sin ningún plan estratégico orientado a ampliar la cobertura de la EIB, y a fortalecer y dar sostenibilidad a las acciones efectuadas a lo largo de las últimas décadas en este campo.

Otros aspectos que son determinantes tener en cuenta son: la gestión de los especialistas en educación de las UGEL y DRES, la distribución de materiales educativos, la diversificación curricular y la necesidad de fortalecer los recursos humanos, el marco normativo, los instrumentos de gestión y el liderazgo del Minedu.

Marco normativo de la EIB

Para mejorar la educación intercultural bilingüe, no se requiere una ley porque ya existe. Es preciso optimizarla, y que los diversos niveles cumplan sus funciones y realicen una gestión responsable.

En el Perú, la EIB se fundamenta en la Constitución Política de Perú de 1993, la Ley General de la Educación, Proyecto Educativo Nacional (2007), en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2007) y en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales (2001).

Del mismo modo, se ampara en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007), en la Declaración de Cochabamba y Recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI (2001), y en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2002).

 

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2 marzo 2011 3 02 /03 /marzo /2011 16:13

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http://www.kaosenlared.net/img2/169/169406_fenamad.jpgExigimos el retiro inmediato de las fuerzas armadas y el retorno a la forma civilizada de atender los conflictos por actividades económicas.

Servindi/Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes | Servindi 

Servindi, 1 de marzo, 2011.- Las comunidades nativas de Madre de Dios cuestionaron la forma en que el gobierno ha emprendido la erradicación de la minería ilegal en la zona, que al permitir acciones de tipo militar vulneraría sus derechos amparados en normas internacionales.

 

Pronunciamiento de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (Fenamad)

Con intervención militar son falsas soluciones frente a la actividad minera

 

Fenamad advierte al gobierno que no intervenga en comunidades nativas

 

En vista de la situación de crisis que vive la Región de Madre de Dios en relación a la minería expresan su posición, los pueblos indígenas de Madre de Dios, Arasaire, Shiringayoc, San José del Karene, Kotsimba, El Pilar, Tres Islas, San Jacinto y Boca Inambari, con su Autoridad Indígena Regional Fenamad, reunidos en Puerto Maldonado:

 

1. Que en forma sorpresiva el Ministerio del Ambiente ha cambiado de política, emprendida en la búsqueda de la formalización de la actividad minera que se desarrolla en Madre de Dios. En vista de que durante todo el año 2010, no se ha concretado los avances recogidos en las Mesas Temáticas, los cuales han fracasado.

 

2. Que, la intervención militar dirigida a destruir las dragas y artefactos similares que operan en los ríos, lagos y quebradas de nuestra región pone en riesgo a nuestras comunidades y a la población de Madre de Dios, y al mismo tiempo, viene generando graves impactos ambientales y contaminación (derrame de petróleo, mercurio, muerte de peces por la explosión al destruir las dragas), efectos que demandamos que sean evaluados y se sancione a los responsables.

 

3. Que, rechazamos este tipo de acciones militares porque nos parece incompatibles en democracia, con una aparente imposición de autoridad del MINAM, gobierno central que viene a ser falsas soluciones a un problema que tiene una raíz social y económica, ante la incapacidad de brindar oportunidad de trabajo a sectores sociales.

 

4. Vemos que, el gobierno a través del Ministerio del Ambiente, pretende cubrir su incapacidad de controlar las afectaciones que las actividades de industrias extractivas del petróleo, y gran minería, donde no se ha demostrado autoridad, pese a que existe contaminación de lotes de hidrocarburos así como el Río Corrientes que la población está afectada durante muchos años, como es el caso de la minera Buenaventura en Oyón que ha envenenado cinco lagos, minera Raura en Huanuco donde el 85% de la población tienen plomo en la sangre. Donde no se les ha tocado por ser gran inversión, no existiendo coherencia en su política estatal.

 

5. Que, las Comunidades Nativas de Madre de Dios que efectúan trabajos de minería en sus territorios como actividad económica tienen el compromiso firme de seguir formalizando su actividad, y vienen avanzando ,en cumplir con la elaboración de los instrumentos de gestión y buscando el uso de mecanismos recomendados por la autoridad minera.

 

Frente a esta realidad planteamos lo siguiente:

 

a) Estamos de acuerdo con la formalización de la actividad minera y también exigimos el respeto de nuestros derechos colectivos en forma irrestricta.

 

b) Rechazamos la militarización como instrumento de formalización de una actividad económica que desarrolla un vasto sector social de Madre de Dios. Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas armadas y el retorno a la forma civilizada de atender los conflictos por actividades económicas.

 

c) Advertimos que el Estado no disponga el ingreso de militares en territorio indigena, dado que estaria violando nuestros derechos amparados en normas internacionales.

 

d) Que cualquier actividad o politica en territorio de las comunidades, debe desarrollarse con la consulta previa y el consentimiento libre previo e informado, en Madre de Dios con la participación de Fenamad, conforme al Convenio 169 OIT. Por lo que no se otorgue concesiones a terceros en territorio indigena.

 

e) Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios emita una Ordenanza Regional para la constitución de Oficinas locales con el fin de formalizar la actividad minera en la región de Madre de Dios.

 

f) El gobierno central tiene que disponer de presupuesto para la capacitación técnica, equipamiento para la formalización de la actividad minera.

 

Puerto Maldonado, febrero del 2011.

 

Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes

 

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 19:24
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Camila Queiroz
Periodista de ADITAL

Es el fin de un período de casi cuatro años de asedio y humillaciones enfrentadas por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú a consecuencias de la acción de la empresa petrolera Piedra del Águila, que entró en las tierras indígenas sin que ellos fueran consultados. La comunidad tuvo que soportar la represión y el ingreso de la empresa en su territorio comunitario, resguardada por la policía y con órdenes de jueces.

La sentencia que pone fin a esta situación, expedida el día 16 de febrero por el juez Mario O. Tommasi, rechaza una acción cautelar presentada por la empresa Piedra del Águila en 2007, solicitando que cesaran los actos que dificultaban la explotación de hidrocarburos en el área de Umbral y los Leones, en la provincia de Neuquén, departamento Pucún Leufú.

El juez entiende que hubo clara violación de los derechos de los pueblos indígenas e impugnó el pedido con base en varios argumentos: reconocimiento de la población Wenctru Trawel, como comunidad mapuche; el carácter comunitario del territorio, de acuerdo con la legislación.

Tommasi afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual que consta en el Código Civil Argentino, y explica que se fundamenta en la preexistencia del Estado y en el hecho de haber conservado la ocupación tradicional.

El ‘lonko' de la comunidad, Rufino Curruhuinca, contó los abusos cometidos contra los indígenas. "Ellos han entrado en nuestra casa sin pedir permiso y han dispuesto de nuestro territorio sin solicitar autorización. Queremos que se vayan y que se retire la Policía, que desde hace cuatro años permite que entren todas las personas que ellos permiten sin importar lo que diga el dueño de casa".

Esta es otra agresión apuntado por el juez – el no cumplimiento de los procedimientos de consulta previa o gestión conjunta de los recursos naturales. "El derecho de participación supone el de la consulta previa y que debe ser el establecimiento de un diálogo genuino entre las partes, caracterizado por la comunicación y el entendimiento", puntualizó.

La participación de la comunidad debe ser libre y plena, y la consulta de anteceder a la toma de decisiones. Tommasi afirmó el incumplimiento de las Constituciones Nacional y Provincial, del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Denunció también que la empresa era favorecida por el gobierno de Neuquén.

La decisión puede abrir caminos. Es lo que espera el dirigente de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel. El afirmó que la sentencia es inédita en la provincia y deberá servir como jurisprudencia para futuras causas semejantes, vividas en lugares donde hay explotación petrolera.

Con informaciones de Diario Rio Negro y Servindi

Traducción: Ricardo Zúniga

 

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 19:14

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http://www.adital.com.br/site/mostrafoto_cortada.asp?lrg=280&alt=200&img=destaques/28_no_a_la_mina_capa_ok.jpg

Karol Assunção
Periodista de Adital
Alianza por el Gran Cambio, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Partido Aprista Peruano, Fuerza 2011 y Gana Perú. Estos son los cinco partidos que están en la cima de la lista de preferencia del electorado peruano. De ellos, solamente Gana Perú no recibió recursos de la Organización No Gubernamental (ONG) "Reflexión Democrática”, cuya dirección está a cargo de Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.

En total, 22 candidatos al Congreso Nacional recibieron financiamiento de la ONG. Este accionar causó divergencias entre los representantes y los postulantes al poder legislativo en Perú. Por un lado, algunos candidatos que recibieron el financiamiento declararon que los recursos no comprometerán las decisiones políticas en el mandato; por otro, parlamentarios y algunos especialistas en transparencia electoral condenaron el subsidio y pidieron que organismos electorales investiguen el caso.

En una declaración al diario peruano La Primera, Percy Medina, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, destacó que la donación merece ser investigada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya que puede existir algún interés por detrás. "El tema del financiamiento de los partidos políticos es muy delicado porque cualquier entidad mediante el financiamiento de candidatos políticos busca comprar poder”, comentó.

El líder parlamentario de Gana Perú, Daniel Abugattás, por su parte, resaltó que, a pesar de que cada candidato es libre para recibir apoyos económicos, se debe tener en cuenta el origen de los financiadores. De la misma manera, destacó que no se puede aceptar que los nuevos representantes del Congreso actúen para grupos de poder como los relacionados con la minería.

Algunos candidatos que aceptaron el financiamiento se defendieron afirmando que no habrá interferencia de la ONG en su actuación en el poder legislativo. Gilberto Díaz, por ejemplo, ex secretario general de Perú Posible, afirmó que su partido no dejará que los futuros parlamentarios privilegien a grupos de poder y que fiscalizará a sus candidatos apoyados por "Reflexión Democrática” a fin de que no presenten proyectos que beneficien a un determinado grupo.

Otros candidatos, como Luz Salgado, de Fuerza 2011, y Rafael Yamashiro, de la Alianza para el Gran Cambio, también declararon que el financiamiento de la organización de Roque Benavides no interferirá en las posiciones y decisiones legislativas.

Roque Benavides es director de la organización "Reflexión Democrática”, que financia la campaña electoral de 22 candidatos al Congreso Nacional, y presidente de la Compañía de Minas Buenaventura S.A, propietaria de Yanacocha, una de las empresas mineras más importantes de Perú y del mundo.

Con informaciones de La Primera

Traducción: Daniel Barrantes

 

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 18:58

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Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Después de cuatro días de intensas protestas contra la nueva ley de minería, los indígenas de la comarca de Ngobe Buglé conquistaron ayer (27) un acuerdo con el gobierno de Panamá.

El acuerdo consta de seis puntos en que el gobierno se compromete a crear una ley que prohíba explícitamente la explotación minera en los territorios indígenas y proteja los recursos hídricos, también debe libertar a los manifestantes apresados durante los últimos días. En contrapartida, los indígenas van a desbloquear la carretera Panamericana.

Además se estableció la instalación de una comisión de alto nivel, integrada por representantes del gobierno y de la Coordinadora por Defensa de los Recursos Naturales y de los Derechos del Pueblo Ngobe Nuglé; el diálogo está programado para iniciar el primero de marzo, deberá analizar detalladamente la ley de minería propuesta por el gobierno; el apoyo del gobierno a las personas afectada durante las manifestaciones y la mediación de la Iglesia Católica.

La reunión se efectuó en el Centro de Oración Virgen del Camino, en San Félix, Chiriquí, la zona militar de mayor conflicto. Después de prolongada negociación, el ministro de gobierno, Demetrio Oao y el presidente de la Coordinadora, cacique Rogelio Montezuma, firmaron el texto, según el presidente de la comarca de Ngobe Buglé, Pedro Rodríguez "Ahora el acuerdo hay que presentarlo al pueblo y ellos decidirán si están satisfechos o no".

Resistencia

Millares de indígenas mantuvieron cerrados diferentes puntos de la Carretera Panamericana, que une Panamá a Costa Rica, en las provincias de Veraguas y Chiriquí, durante los días 26 y 27 de febrero. Antes de estos cierres, habían organizado marchas con el apoyo de otros sectores de la sociedad.

Hubo enfrentamiento con la policía y heridos por ambos lados. El Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadesco), señaló que al menos diez indígenas fueron lesionados.

Los indígenas de la comarca Ngobe Bugle, (rica en oro y cobre) se sintieron amenazados con la ley que autoriza la explotación de minas por empresas extranjeras, pues esta actividad, practicada a cielo abierto, traería prejuicios al medio ambiente.

Con informaciones de Agencia France Presse y de Prensa Latina

Traducción: Ricardo Zúniga

 

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1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 16:20

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http://www.kaosenlared.net/img2/169/169329_38mil_desaparecidos_3_ano.jpgGobierno aún no reconoce su responsabilidad en los millares de crímenes de lesa humanidad ejecutados en connivencia con el paramilitarismo. Las víctimas no han sido escuchadas... Continúa genocidio

MOVICE Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado/ APCrítico

V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

A 27 de febrero de 2011

 

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, ha decidido realizar su V Encuentro Nacional los días 10, 11 y 12 de marzo próximo en la ciudad de Bogotá.

 

Las víctimas de crímenes de Estado nos encontraremos para realizar una reflexión sobre la actual situación de los derechos humanos, las políticas adoptadas por el gobierno Santos, y sus implicaciones para las víctimas del país. En Colombia persiste el poder mafioso de las redes ligadas al paramilitarismo. Esas estructuras son la herencia de la “Seguridad Democrática” del ex presidente Uribe Vélez y de la cuestionada desmovilización en el marco del fracaso de la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”.

 

Vemos con gran preocupación que el proyecto en curso de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, carece de un enfoque integral en cuanto a una política de reparación, por cuanto no cumple con los mínimos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las víctimas.

 

De no modificarse este enfoque, puede haber proclividad hacia una gran frustración para las víctimas y para la esperada reconciliación. El gobierno aún no reconoce su responsabilidad en los millares de crímenes de lesa humanidad ejecutados en connivencia con el paramilitarismo. Hasta ahora las víctimas no han sido escuchadas y sus propuestas de reparación han sido desoídas.

 

Verificamos la inquietud de sectores crecientes de la sociedad que observan cómo la reciente entrega unilateral de 5 personas por parte de las FARC, en vez de generar un ánimo de paz del gobierno, ha desatado un discurso bélico y de tierra arrasada por parte del Presidente Santos. El MOVICE se declara parte del gran movimiento que busca la Paz y tomará las iniciativas que considere pertinentes para la concreción de este propósito vital para la sociedad colombiana.

 

Al V Encuentro asistirán familiares y víctimas de todas la zonas del país, indígenas, campesinos, comunidades afro, trabajadores, mujeres, jóvenes víctimas de crímenes de Estado, con la finalidad de propiciar un espacio de encuentro para fortalecer al MOVICE, así como avizorar las acciones de cara al gobierno de Juan Manuel Santos en cuatro sentidos: 1. Propuestas frente a la Ley de víctimas y restitución de tierras. 2. Posibles Escenarios de paz y salida negociada al conflicto nacional. 3. Superación de la actual crisis de derechos humanos. 4. Virajes necesarios sobre Tierra y territorios en el país.

 

En el marco de este Encuentro, presentaremos al Senado de la República una propuesta de pliego modificatorio del articulado de la Ley de víctimas y restitución de tierras, y elevaremos ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad a la Ley transicional sobre la reintegración paramilitar, toda vez que esta ley atenta contra varios principios constitucionales, más cuanto nos encontramos en un escenario lejano a la idea de un pos conflicto y, por tanto, de justicia transicional.

 

Convocamos a la opinión pública a hacer suyas las expectativas de las víctimas y a movilizarse para exigir una ley de víctimas y de justicia en el país que repare realmente a los miles de ciudadanos ofendidos por los crímenes de Estado. Convocamos a la movilización que tendrá lugar el viernes 11 de Marzo a las 2 de la tarde, y saldrá desde la plaza Eduardo Umaña (Plaza de Las Nieves) hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, Invitamos a fortalecer los procesos políticos desde las víctimas de crímenes de Estado, en cuanto a las demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

 

Comité Nacional de Impulso

 

Bogotá, febrero 22 de 2011.

 

http://justiciaypazcolombia.com/

 

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28 febrero 2011 1 28 /02 /febrero /2011 21:30
 
 

http://www.lacoctelera.com/myfiles/red-latina-sin-fronteras/bander_Mapu_6_12.jpg?Expires=1301439600&Signature=E6IwQlimpGsaqQof-v2M77PzT3sg0XkZ4fKl9LcgXO-z76FeLU4gMrzJWFFDoPyTZ1MbZTHQSN2CXSowk2zVxu7VT2uPEPsN5lHy6zl2OsyITDIn3bfcI6rxeNjLzcyR-~XiGLjhSigwdiWrrAdIdK-3J2UDBqPBNg3xKTt0FF4_&Key-Pair-Id=APKAJYN3LZI5CG46B7AA&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cDovL2QzZHM0b3k3ZzF3cnFxLmNsb3VkZnJvbnQubmV0L3JlZC1sYXRpbmEtc2luLWZyb250ZXJhcy9teWZpbGVzL2JhbmRlcl9NYXB1XzZfMTIuanBnIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxMzAxNDM5NjAwfX19XX0_En la última década el Pueblo Mapuche ha continuado con el proceso imparable de recuperación de la identidad en PuelMapu (hoy Argentina) y de revisión de la historia oficial acomodada a los intereses de los que se adueñaron del territorio ancestral Mapuche. Según recuerda Osvaldo Bayer, 42 millones de hectáreas fueron entregadas a 1.800 estancieros integrantes de la Sociedad Rural Argentina luego de la mal llamada "Campaña al desierto". Desde 2001 cerca de 240 mil hectáreas han sido recuperadas por las comunidades Mapuche.

Por Martín Cúneo - Ilustración: Emma Gascó / Desinformemonos

Territorio Mapuche.- El 8 de noviembre de 2010 un editorial del diario conservador La Nación (del Grupo Clarin) alertaba sobre el peligro revisionista que planeaba, sobre la historia argentina, una moda que pretendía mostrar la Campaña del Desierto de 1879 como un genocidio contra los pueblos originarios y cambiar el nombre de las calles que recuerdan a Julio A. Roca, el general que dirigió la "expedición". No menos peligrosas resultaban para el diario de los productores agropecuarios la ola de recuperaciones de tierras por parte de comunidades mapuche que ‘asolan' a los estancieros patagónicos.

"Están preocupados porque ven que el pueblo Mapuche ahora pelea por sus derechos", dice Lefxaru Nawel, del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI). "Ellos quieren que los mapuche sean lo que fueron 50 o 100 años atrás, cuando pasaron de ser dueños de sus tierras a ser peones del estanciero que llegó a usurparlas".

El 23 agosto de 2002, Rosa Nahuelquir, después de perder su trabajo por la crisis, y su marido Atilio Curiñanco, decidieron recuperar una parcela en Leleque, al norte de Esquel (Chubut), que durante generaciones había pertenecido a la familia de Atilio. No sospechaban a quién tendrían que enfrentar para alcanzar su sueño: nada menos que al gigante textil y del buen rollo multicultural Benetton. Tampoco sospechaban que el conflicto con la empresa italiana se convertiría en un referente de la lucha de los pueblos originarios por la tierra y que estimularía cientos de nuevas recuperaciones.

Mucho menos imaginaban que al rastrear el origen de la supuesta propiedad de Benetton sobre esas tierras quedaría desenterrado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina. En 1896, 12 años después de que finalizara la Conquista del Desierto, el presidente argentino José Evaristo Uriburu donó 900.000 hectáreas a diez ciudadanos ingleses. Poco después, estos personajes anónimos traspasaron sus estancias a la Argentinean Southern Land Company Ltd, una "empresa fantasma creada con el único propósito de recibir la donación de esas tierras", precisa Gustavo Macayo, el primer abogado del matrimonio mapuche. Esta donación, que violaba toda la legislación de la época, se realizó en secreto y así se mantuvo durante más de cien años. "Una de las teorías más sólidas es que esa donación fue en pago o en recompensa por las armas automáticas inglesas que se usaron en la Conquista del Desierto", afirma Macayo.

El escándalo desencadenado y la lucha de esta familia mapuche revitalizaría un proceso de revisión de la historia argentina, que tenía que terminar cuestionando la actual distribución de la tierra, "originada precisamente con la Campaña del Desierto", sostiene el historiador Osvaldo Bayer. Según recuerda el autor de La Patagonia Rebelde, 42 millones de hectáreas fueron entregadas a 1.800 estancieros integrantes de la Sociedad Rural, una organización que cofinanció la Campaña contra los pueblos originarios. El resultado de la misión militar fueron 14.000 indígenas muertos y alrededor de 14.600 tomados como esclavos. Para los supervivientes empezó "un largo período de indigencia", cuenta Bayer, ocupando las peores tierras, sin armas legales para defenderse del empuje de los terratenientes. Los que terminaron viviendo en la ciudad, cerca del 60% de la población mapuche actual, tuvieron que instalarse en las periferias urbanas, en los barrios más pobres, "sin posibilidad de desarrollo o acceso a la vivienda", perdiendo lentamente la identidad, la memoria y la cultura, según cuenta Lefxaru Nawel.

La primera sacudida

Pese a que en la región la Confederación Mapuche Neuquina llevaba trabajando desde la década de los ‘70 y el Consejo Asesor Indígena desde los ‘80, para Macayo el año 1992 significó un punto de inflexión: "Los pueblos indígenas toman conciencia y se dan cuenta de que no pueden retroceder más de lo que han retrocedido, y si después de 500 años siguen vivos, con posibilidades de repensar su historia y su destino, es porque han tenido una capacidad de resistencia muy grande. Ha llegado el momento en que no quieren retroceder más y quieren empezar a avanzar".

El primer resultado de este nuevo movimiento es la reforma de la Constitución Nacional en 1994 donde "se cuelan", según Macayo, nuevos derechos para los pueblos indígenas. Tras la reforma, la Constitución reconoce el derecho a la propiedad y posesión de la tierra que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios, reconoce la personalidad jurídica de las comunidades y la participación en la gestión de sus recursos naturales. Además de incorporar algunos de los derechos indígenas del convenio 169 de la OIT, la nueva carta magna incluye un principio que necesitó casi dos siglos de historia argentina: "La Nación reconoce la preexistencia étnica, cultural e histórica de los pueblos indígenas".

Sin embargo, para la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) "la falta de legislación y de acciones políticas públicas de alcance nacional", para hacer efectivos los derechos indígenas, ha provocado que estos principios "formulados con la forma de declaraciones genéricas" no se apliquen en la mayoría de los casos.

Para Gustavo Macayo la importancia de los cambios legislativos residía en la difusión de los derechos indígenas, que se podían constatar "leyendo la Constitución" y en el rango constitucional que adoptan estos derechos, algo que se convierte en una "herramienta jurídica para pelear en un juicio o en un proceso administrativo. Eso empezó a generar cambios y los conflictos empiezan a estallar".

Parecía claro que para las organizaciones indígenas la reforma era insuficiente. En 1997, una asamblea del Consejo Asesor Indígena en Ingeniero Jacobacci da por finalizada "la etapa administrativa" al comprobar que el Estado no tenía voluntad de cumplir la ley y devolver las tierras usurpadas.

La tercera invasión

Los conflictos por la tierra se multiplicaron a partir de 2001, no sólo por un proceso de recuperación de la identidad del pueblo mapuche, sino por el incremento exponencial de las presiones económicas sobre las tierras habitadas por las comunidades. A las presiones del negocio turístico e inmobiliario, se le sumó el ingreso de compañías petroleras y mineras a los territorios mapuche, explica Daniel Otal, quien después de su paso por el CAI siguió investigando los conflictos de tierras y trabajando en medios comunitarios y redes de comunicación popular.

Esta presión sobre el territorio también se hizo carne con la llegada de una nueva hornada de estancieros: multinacionales y millonarios europeos y norteamericanos que "han encontrado en los bienes raíces un sitio seguro para tener los capitales, nichos donde con ciertos grados de corrupción necesaria se van convirtiendo en propietarios de grandes extensiones de tierra", explica Otal. Luciano Benetton, el millonario británico Joe Lewis, el estadounidense Douglas Tomkins, el presentador argentino Marcelo Tinelli o Ted Turner, dueño de un imperio mediático, son sólo algunos nombres de estos nuevos grandes estancieros. Los conflictos con estos nuevos dueños de la tierra no tardaron en surgir.

La estrategia de ampliar las estancias con políticas de hechos consumados es uno de los principales ejes de conflicto. Entre ellos, el que enfrenta a Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco con Benetton. "Detrás de los colores unidos está esa política de apropiarse de cualquier terreno que esté cerca de la estancia. El predio de Santa Rosa Leleque es un predio fiscal, pero que la compañía en un momento lo incorporó a su estancia", explica Macayo. A la ocupación de esta parcela por el matrimonio mapuche en 2002, le siguió dos meses después, un duro desalojo. Entonces Rosa y Atilio iniciaron un largo periplo por juicios e instituciones, cartas, entrevistas y hasta un viaje a Roma para hablar con Luciano Benetton. "A veces nos dicen que somos brutos, que no sabemos esperar... Entonces les demostramos que sí podíamos hacerlo: desde 2004 hasta 2007 esperamos una respuesta. Como no dieron ninguna decidimos volver al lugar", recuerda Rosa.

El 14 de febrero de 2007 recuperaron una vez más el terreno. En esta ocasión el desalojo no se produjo. "La repercusión que estaba teniendo el caso influyó. Ningún juez quiso agarrar la causa hasta tres meses después de la recuperación. Muchos tenían miedo de salir mal parados en los periódicos", dice Rosa. La denuncia por usurpación volvió a ser desestimada y hasta el día de hoy permanecen en la tierra de los antepasados de Atilio, a la espera de un nuevo juicio sobre la propiedad.

El caso Nahuelquir-Curiñanco "generó mucha actividad, entre otras cosas actividad legislativa", dice Macayo. En 2006 se aprobó la Ley Nacional de Emergencia Indígena, que paraliza todos los desalojos hasta que se haga un relevamiento de las ocupaciones actuales de las comunidades. Sin embargo, a cuatro años de la Ley, los desalojos contra los pueblos originarios no han cesado y el relevamiento continúa sin iniciarse en la mayoría de las provincias, señala el informe del ODHPI. En Neuquén las negociaciones e "intercambio de favores" entre las autoridades provinciales y nacionales han llevado a que el programa de relevamiento se encuentre suspendido. Según denuncia este organismo de derechos humanos, pese a la teórica suspensión de los desalojos, éstos se siguen produciendo por orden de jueces provinciales en un contexto donde "la ley no se aplica". El asesinato de un indígena qom y un pilagá en Formosa, en el norte argentino, después de cuatro meses de corte de ruta en reclamación de sus territorios ancestrales, es un ejemplo más de la "inacción del Gobierno nacional", señala Lefxaru Nawel.

A recuperar...

La historia de este matrimonio Mapuche supuso un segundo punto de inflexión en la lucha de las comunidades por sus tierras ancestrales. "Después de nuestra recuperación muchas comunidades tomaron ese ejemplo, de que se podía luchar, de que se podía volver a la tierra, a la cultura... ", dice Rosa.

"Muchas comunidades se dieron cuenta de que no podían esperar a que el Estado se mueva", recuerda Macayo. "La gente se cansa de esperar una ley, una expropiación, y entonces empiezan las recuperaciones. Y cuando una recuperación tiene éxito o no es desalojada inmediatamente y se produce una resistencia también genera y alienta ocupación y resistencias en otros lugares. Si esta familia puede, si esta comunidad pudo, también nosotros podemos. Se empiezan a reagrupar y a formar comunidades y a hacer recuperaciones de lugares históricos que han sido usurpados".

El día que se cumplían 517 años de la llegada de Colón a América, un reportaje publicado en el diario Página12 detallaba las recuperaciones llevadas a cabo en la última década: el Consejo Asesor Indígena había acompañado en los últimos diez años a comunidades Mapuche en la recuperación de 160.000 hectáreas, la mayoría en las cercanías de Ingeniero Jacobacci, Machinchao y El Bolsón. Por su parte, las comunidades que forman parte de la Confederación Mapuche de Neuquén habían recuperado 73.000 hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé.

Para Daniel Otal, los cambios que se han producido en los últimos años van más allá de las recuperaciones. "Al cuestionar el marco de la ley y no asumir el mercado inmobiliario como única forma de resolver los problemas relacionados con la tierra muchas comunidades están resolviendo una ecuación ideológica importante", argumenta Otal. "Charlando con la gente que concreta las recuperaciones te das cuenta que esta situación produce que se revise el espíritu de la ley, que se venía asumiendo como divino. Estos gestos de determinación, de resolver los problemas por ellos mismos, los llevó a plantearse hasta la ilegitimidad de la ley.

Les llevó a entender que buena parte del parque legal es una construcción de las clases dominantes desde el origen del Estado. Y este aprendizaje es intransferible y se hace palmo a palmo. Permite reconstruir una legitimidad cuestionando la ley sin sentirse delincuentes sino con todo el derecho. Éste es un pavimento ideológico de construcción social muy fuerte, que se ha afirmado en estos procesos de recuperaciones". Para ellos la historia nunca volverá a ser la oficial.

ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Quintupuray, dos crímenes y una recuperación

El 11 de enero de 1993, aparecía muerta en su casa con dos disparos Lucinda Quintupuray, de 79 años. Desde que nació llevaba viviendo en el paraje conocido como Cuesta del Ternero, 90 km al sur de Bariloche. Tras el asesinato, su hijo y heredero Victorio Quintupuray se instaló en las tierras familiares. Meses después Victorio aparecía ahogado en el río Ternero, en una muerte catalogada como accidental.

"En ese territorio la Dirección de Tierras estaba favoreciendo a un inversor extranjero, un hotelero paraguayo con el desarrollo de un proyecto turístico con tierras ya compradas, incluso por algunos funcionario públicos, beneficiarios de la revalorización de la tierra", relata Daniel Otal.

Después de 15 años de reclamos judiciales, el 5 de mayo de 2008 la comunidad Quintupuray, acompañada por el CAI y FM Alas, recuperó el territorio, entrando en una etapa de nuevos conflictos entre los intereses inmobiliarios, la provincia y hasta con uno de los nietos de Lucinda Quintupuray, asociado al negocio. "Todo un proceso de organización y comunicación llevó a que de momento abandonaran la idea de seguir adelante con ese proyecto", dice Otal.

Vuelta del Río, la comunidad en pie

Vuelta del Río es una comunidad ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut, asentada en una reserva repartida por el presidente Julio A. Roca a supervivientes de la Campaña del Desierto. Esta reserva, llamada Cushamen, la mayor en la provincia, fue constantemente atacada por terratenientes y comerciantes que obtuvieron títulos de propiedad sobre esos terrenos.

"Yo estoy trabajando en el tema desde hace 16 años, pero ellos lo sufren desde hace 30 años, cuando no tenían ni siquiera un asesoramiento, y eran directamente violentados por los estancieros", recuerda Macayo. "No sólo los expulsaban y entraban en el territorio cuando querían sino que se llevaban los animales, como si fueran los propietarios. Y los habitantes, siendo los auténticos dueños del lugar, estaban como extranjeros en sus tierras. Ahora eso ha cambiado, los estancieros ya no pueden entrar ni continuar con los atropellos, porque la comunidad no lo permite. Ahora la comunidad es consciente de que están en su legítimo lugar, la comunidad ha crecido en identidad, se ha apropiado de su lugar, de su lugar en la historia, y eso ha cambiado completamente el equilibrio de fuerzas".

En el año 1994 se inició una demanda de desalojo contra algunas familias de Vuelta del Río, que fue resuelta a favor de la comunidad en primera y segunda instancia. En ese período la comunidad fue reconocida jurídicamente tanto por el Estado provincial como por el nacional. "Las otras comunidades", relata Macayo, "al ver que una comunidad logró rechazar un desalojo, al ver que los derechos indígenas fueron reconocidos en una causa, en una sentencia, por primera vez en la vida, comenzaron a movilizarse, porque hay mucha gente que vive situaciones similares o que ha sido desalojada de forma parecida. Y entonces ve que hay una posibilidad de recuperar lo perdido o de mantener lo que se tiene".

Fidelia Aypallán contra todos

El caso Benetton no fue la única recuperación inspiradora. Golpeada por la crisis económica, Fidelia Aypallán, una mujer Mapuche de 57 años, se enfrentaba a todos los poderes locales y después de pedir durante siete años una parcela de tierra donde cultivar y poder vivir "una vida digna" decidía ocupar un terreno. "Me dijeron que no, seguí insistiendo, seguí recorriendo, viendo lugares, y un día de cansancio, ya agotada, porque todo lo que hacía no me alcanzaba decidí que tenía que hacer algo", recuerda. El 25 de septiembre de 2002, Fidelia junto con cuatro familias ingresó al terreno de una escuela abandonada cercana a El Bolsón (Río Negro), perteneciente al municipio, donde se había empezado a construir un campo de golf. Entró para quedarse. "De una parte recuperé mi vida, mi salud, partes de nuestra cultura, estar con la naturaleza siempre. Te cansas, haciendo cosas, acá y allá, pero lo más importante es que a mí nadie me viene a decir a tal hora tenés que comer, a tal hora tenés que levantarte, no tengo horarios, no me manejan, no tengo patrón".

Ñorquinco, una sentencia histórica

En agosto de 2004, el juez de Bariloche Emilio Riat dictaba una sentencia inédita en el país: pese a que la familia Sede tenía unos títulos de propiedad obtenidos durante la gestión del gobernador de Río Negro Horacio Masaccessi en los ‘90, el juez reconoció que la posesión de la familia Mapuche encabezada por Ernesto Napal y Herminia Vila era anterior a los títulos de los estancieros, incluso "anterior a la formación misma del Estado que los confirió". El juez Riat señaló que la propia Constitución Nacional admite desde 1994 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.

El viejo truco de la forestación

El 12 de noviembre de 2010 la comunidad Mapuche Las Huaytecas recuperó un terreno de 300 hectáreas, situado entre Bariloche y El Bolsón. Su propietario legal, el abogado José Luis Martínez Pérez, está sujeto a una investigación penal por supuestos beneficios en el traspaso irregular y a precios irrisorios de tierras fiscales a manos privadas, algo prohibido en la legislación. Este territorio había sido ocupado 12 años antes por EMFORSA, una empresa forestal de capitales públicos y privados. Según relata Daniel Otal, experto en conflictos de tierras en Río Negro, los programas de promoción forestal subsidiados por el Banco Mundial o el BID han sido frecuentemente también un "truco administrativo" para traspasar tierras fiscales a capitales privados, muchas veces con familias mapuche dentro. "La empresa con sus ingenieros forestales pedía una determinada cantidad de territorio fiscal, forestaba y después de tener la forestación hecha y de haber cobrado el subsidio tenía la posibilidad de legalizar sus mejoras y pedir la propiedad de la tierra. Todo esto con la gente dentro y sin saberlo".

Una de las primeras

El 18 de diciembre de 2000 la comunidad Casiano-Epugmer recuperó 9.000 hectáreas en Quetrequile, en la provincia de Río Negro. La familia sirio-libanesa Abi Saad, usurpadora de las tierras, había sido denunciada por acaparar territorios indígenas en varios puntos de la región. Después de siete años de litigio, en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la comunidad mapuche Casiano-Epugmer, ordenando a la justicia rionegrina que reconozca de forma definitiva el territorio tradicional de la comunidad.

Recuperación en el paraíso

En los alrededores de Bariloche, en uno de los lugares más codiciados por el mercado inmobiliario, a escasos siete kilómetros de uno de los hoteles más lujosos del país, el Llao Llao, ha vuelto a ondear una bandera Mapuche. Se trata de la recuperación de la comunidad Tacul Cheuque. Ismael Tacul llegó a la zona en 1889, donde se casó con Jesusa Cheuque. La ley del momento les concedió 625 hectáreas en la península de Llao Llao, y allí están sepultados sus restos, así como los de muchos familiares. Con la creación del Parque Nacional en 1930 empiezan los problemas. Y los desalojos. María Fresia Tacul, de 80 años, vivió en ese terreno hasta que fueron expulsados. Ahora ha vuelto junto con la comunidad mapuche Takul-Cheuque, compuesta por seis familias. Con una precaria casa de madera vuelven a ocupar el terreno que siempre les perteneció.

Cuando un título de propiedad puede ser una trampa

El Diario de Madryn informaba recientemente que más de 289.000 hectáreas pertenecientes a 17 comunidades de la provincia de Chubut obtuvieron sus títulos de propiedad tras un estudio del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Aunque algunas comunidades han recibido títulos de propiedad comunitarios, gran parte de las comunidades poseen títulos individuales. Daniel Otal señala que ésta es otra de las tácticas del mercado inmobiliario para transferir terrenos públicos a manos privadas. Dar el título de propiedad "es el paso obligado para convertir una tierra fiscal en una propiedad privada. En Río Negro, la Dirección de Tierras no puede dar el título de propiedad a alguien nuevo, se lo tiene que dar en todo caso a quien vivía allí. Consiguen el comprador y hacen el negocio hasta el momento previo". Luego, "con presiones, con amenazas, con un proceso extorsivo en el que ponen al poblador en el lugar de que si no se va está eligiendo que su familia lo siga pasando mal", consiguen que venda, traspasando las tierras recién tituladas al negocio inmobiliario, en la mayoría de los casos a precios bajísimos.

De hotel lujoso a Universidad Intercultural

En 2009 comunidades Mapuche de Aluminé (Neuquén) ocuparon una franja de tierra de la concesión del empresario italiano Doménico Panciotto, en la costa del lago Pulmarí. Los Mapuche argumentan que esas tierras les pertenecen ancestralmente y aseguraron que planean instalar una Universidad Intercultural en un lujoso hotel. Los integrantes de esta recuperación señalaban que "este resguardo es fundamental para la concreción de nuestra Universidad Intercultural, a construir con las organizaciones sociales y de derechos humanos, conscientes de la necesidad de generar un mundo mejor para todos". Al mismo tiempo, las comunidades exigieron al gobierno provincial que se siente "a dialogar con las autoridades mapuche en Pulmarí para resolver los diversos conflictos territoriales en la zona. La ley nacional 26.160 de relevamiento territorial para comunidades indígenas, con presupuesto propio, debe ser asumida como una herramienta para este objetivo".

Autoconvocados y Mapuche ganan a la mina

En septiembre de 2009, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la localidad de Loncopué (Neuquén) y la comunidad Mapuche Mellao Morales consiguieron frenar la explotación de la compañía china Emprendimientos Mineros SA proyectada en el cerro Campana Mahuida, a 15 km del pueblo y muy cercana del poblado mapuche. Después de una masiva movilización en la ciudad y en la comunidad, el 28 de septiembre de 2009 una jueza paralizó el emprendimiento por irregularidades en la venta de la mina, a la espera de un nuevo juicio. Vecinos de Loncopué y mapuches de Mellao Morales festejaron el fallo "como si Argentina hubiera ganado el mundial de fútbol", recuerda Adriana Milán, de la Asamblea de Autoconvocados.

Resistencias a las petroleras en Neuquén

Desde hace diez años la comunidad Lonko Puran, ubicada a 30 km de Cutral Co, sostiene una fuerte resistencia frente a la acción de las grandes petroleras. Primero se enfrentó a Pioneer Natural Resources y actualmente a su sucesora Apache Corporation, según detallan en el estudio Patagonia Petrolera los periodistas Hernán Scandizzo y Marc Gavalda. Desde el momento en que se iniciaron los bloqueos para frenar las perforaciones en sus campos de invernada la comunidad vivió duras represiones, como la sufrida el 28 de diciembre de 2004, y larguísimos procesos penales. Un proceso parecido, pero de mayor violencia se produce en la comunidad Huenctru Trawel Leufu contra la Petrolera Piedra del Águila, que comenzó a operar en 2007. Los piquetes que impedían el ingreso a la planta de gas no tardaron en ser reprimidos por personal contratado por la empresa, la burocracia sindical y punteros políticos del partido oficialista de la provincia, que llegaron a incendiar coches y viviendas y a amenazar con armas de fuego a integrantes de la comunidad. La Petrolera Piedra del Águila tuvo que paralizar sus labores por la falta de acuerdo entre las autoridades provinciales y la representación Mapuche.

www.avkinpivkemapu.com.ar

 

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28 febrero 2011 1 28 /02 /febrero /2011 20:28

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http://www.generaccion.com/secciones/biodiversidad/imagenes/grandes/871.jpgPor Róger Rumrrill*

27 de febrero, 2011.- La carta dirigida el 7 de este mes por el líder indígena Alberto Pizango Chota al candidato presidencial del nacionalismo Ollanta Humala acusándolo de frustrar “una alianza política” con AIDESEP y el partido “Alianza para la Alternativa de la Humanidad” (APHU) revela de qué modo y cuán profundamente ha cambiado la situación política indígena amazónica en menos de dos años.

Bagua fue, pese a su trágico desenlace, un auténtico parteaguas e inflexión en la política peruana de las últimas décadas. Fue, lo hemos señalado reiteradas veces en esta misma columna, el más poderoso movimiento de oposición que ha tenido Alan García durante su mandato y que no sólo lo puso entre las cuerdas provocando la caída del gabinete Simon, sino que también, por primera vez, los pueblos indígenas se visibilizaron y se convirtieron en actores sociales hasta el punto de poner una agenda indígena y amazónica a la orden del día.

No sólo eso, convocaron la solidaridad nacional e internacional, provocaron debates y autocríticas al interior de los partidos de izquierda y pusieron al desnudo la fractura que hace del Perú un país escindido, fraccionado y en perpetua colisión: una nación multilingue y multicultural y un estado monocultural de origen colonial.

Menos de dos años después del 5 de junio del 2009, no sólo la agenda indígena ha desaparecido del debate electoral, sino también las organizaciones indígenas y sus líderes son ninguneados y marginados.

Sin duda una de las explicaciones de esta “jibarización” del movimiento indígena es la guerra sin cuartel que desató contra ellos Alan García, acosándolos judicialmente, creando organizaciones paralelas para dividirlos, lanzando a las empresas multinacionales contra sus territorios y secuestrando la Ley de Consulta. Son sólo algunas medidas de la estrategia de demolición.

La ofensiva gubernamental nunca tuvo una adecuada respuesta por parte de los pueblos indígenas. Sobre todo desde una estructura organizacional monolítica y a partir de un plan estratégico y táctico de construcción de poder. En vez de eso, las contradicciones y diferencias étnicas se agudizaron y algunos dirigentes sucumbieron a los cantos de sirena del régimen aprista y sus operadores.

Alberto Pizango Chota ubicado en la cresta de la ola política pensó que estaba listo para ser el Evo Morales del Perú. Pero se olvidó de la lección más importante del líder aymara: tejer la unidad de los pueblos indígenas andino-amazónicos y desde esa unidad iniciar la construcción del poder.

Ojalá haya aprendido la lección y desde ahora, junto a los demás líderes de AIDESEP y APHU, se dedique a la construcción de la unidad y el poder andino-amazónico en una alianza con el resto del movimiento social peruano, como la única posibilidad de hacer realidad todas las demandas indígenas y entre ellas las dos más importantes: una nueva Constitución y la creación de un Estado plurinacional.

—-
* Publicado en el diario La Primera el 15 de febrero de 2011:http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/las-elecciones-y-la-jibarizacion-del-movimiento-indigena-amazonico_79987.html

 

 

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