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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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21 abril 2011 4 21 /04 /abril /2011 20:52

http://www.telesurtv.net/multimedia/imagenes/INF_NOTA43894_554.jpgDocumentos secretos revelados por varios periódicos de Reino Unido demuestran que este país, en conjunción con las grandes empresas petroleras, analizó la explotación del crudo en Irak un año antes de que comenzara su participación en la invasión a la nación asiática.


Unos archivos del Gobierno de Reino Unido a los que han tenido acceso The Guardian y The Independent dan luz sobre al menos cinco encuentos entre miembros del gabinete británico y representantes de petroleras, en octubre y noviembre de 2002.

Destaca la reunión de la entonces viceministra de Comercio, Baronesa Symons, donde informó a British Petroleum (BP) que las empresas del sector energético debían acceder a las “enormes” reservas de hidrocarburos de Irak en compensación del compromiso militar del primer ministro Tony Blair con los planes de EE.UU. para invadir al país.

Symons además dirigió una campaña de presión contra el Gobierno de George W. Bush en nombre de BP para asegurarse de que la gigante petrolera no quedara excluída de la repartición iraquí que hacía Washington a otras compañías energéticas de EEUU, Francia y Rusia.

La petrolera BP dijo en marzo de 2003 que no tenía ningún "interés estratégico" en Irak, mientras que el entonces primer ministro Tony Blair calificaba la "teoría de la conspiración petrolera" como "absurda".

Esta declaración contrasta con uno de los documentos desclasificados que dice: "Irak es una gran perspectiva petrolera. BP está desesperada por estar allí y ansiosa de que los acuerdos políticos no le denieguen la oportunidad".

En total más de mil documentos del Gobierno británico fueron desclasificados por la Ley de Libertad de Información de ese país a petición del periodista Greg Muttitt, escritor del libro Fuel on Fire (Combustible en Llamas).

El escándalo de los documentos está precedido por la reciente investigación del experto británico John Chilcot, quien a principios de febrero demostró cómo los Gobiernos de Estados Unidos y  Reino Unido planificaron desde 2001 la invasión y guerra contra Irak, que ha causado la muerte de más de 70 mil civiles en los últimos siete años.

 

 

teleSUR/Elmundo.es-Radio del Sur/rp-MM

 

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21 abril 2011 4 21 /04 /abril /2011 20:38

http://spanish.safe-democracy.org/wp-content/uploads/2009/07/chavez-zelaya.jpgDick Emanuelsson

El caso de las negociaciones entre la guerrilla y el estado colombiano

 

TEGUCIGALPA / 2011-04-19 / Se ha hablado mucho sobre el papel de Santos y el gobierno de Colombia en las negociaciones sobre el futuro de Honduras. Los criticos califican al régimen de Santos como “fascista”.

 

Quiero recordar a los amigos que cuestionan las negociaciones y que argumentan sobre “La Carta Colombiana” que la guerrilla de las FARC-EP ha insistido durante más de 40 años en una “Solución Política Negociada”.

 

Y encima mujeres y hombres guerrilleros caen casi todos los días bombas “traicioneras”. Pese a eso, la guerrilla ha insistido ante todos los regimenes de Bogota en la mencionada solución.

 

Estuve en “la Casa Verde” durante dos semanas en los meses de marzo y abril de 1988. Reinaba “El Acuerdo de Cese de Fuego” entre el gobierno conservador de Belisario Betancourt y el Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP, firmado en mayo del 1984. Todos los días se conversó entre el comandante Jacobo Arenas, co fundador con Manuel Marulanda y el representante del régimen para evitar cualquier provocación por parte de los militaristas de las FF.MM. y así evitar que rompiera el acuerdo.

 

Pero el 9 de diciembre de 1990, el presidente liberal Cesar Gaviria ordenó el bombardeo del campamento madre de la insurgencia colombiana lo que trajo diez años más de guerra y aproximadamente 200.000 más muertos de colombianos.

 

Pero el acuerdo de cese de fuego con Betancourt abrió primero un espacio democrático formal en donde se logró crear un movimiento político amplio de izquierda que fue la Unión Patriótica, UP, con participación de guerrilleros, la creación de una central obrera que fue la mayoritaria, CUT, federaciones campesinas y movimientos sociales que surgieron como consecuencia del acuerdo entre el estado y la guerrilla.

 

También se celebraron por la primera vez en la historia política de Colombia elecciones libres y secretas a gobernadores departamentales y alcaldes. Y se acordó sobre los pasos para llegar a una Constituyente, elecciones convocadas por Gaviria el mismo día cuando éste ordenó a las Fuerzas Militares Colombianas de bombardear y atacar a la Casa Verde, una verdadera puñalada traicionera al proceso de paz con la guerrilla que a pesar de eso insistía en la solución política.

 

Había grupos de la insurgencia colombiana como el M19 que criticaba duramente el acuerdo de cese de fuego entre las FARC-EP y Betancourt. Me acuerdo cuando entrevisté a Vera Grabe, una de las comandantes del M19 que decía que ellos estaban de favor un ejército guerrillero único, lo cual fue inscrito en el documento de la 2ª Cumbre de la Coordinación Guerrillera Simón Bolívar que se realizó durante estos días en Casa Verde, en marzo y abril de 19888. Pero ironía de la vida, por que fueron (m19, EPL y una parte de ELN) los primeros de entregar las armas a Gaviria en unas desmovilizaciones 1990-91 sin absolutamente nada en cambio. No fue otra cosa que una cooptación de esos movimientos políticos-militares que en su mayoría tenían sus raíces en la pequeña burguesía y que hoy no son nada más que unos politiqueros más en Colombia.

 

Después diez años de guerra el presidente Andrés Pastrana entendió 1998 que era indispensable con un proceso de paz. Se abrió en San Vicente de Caguán, un territorio dos veces de El Salvador, un verdadero laboratorio de paz bajo control total de las FARC-EP.

 

Pero lo más importante fue el hecho que el canal publico del estado colombiano fue obligado, por el acuerdo con las FARC-EP, de transmitir todos los domingos las “Mesas Temáticas” en donde se hicieron 29.000 intervenciones muy bien elaboradas de todo el movimiento popular colombiano, como los maestros, los campesinos, los sindicalistas, etcétera. La oligarquía chillaba con los dientes cerrados pero el colombiano pudo tomar parte de esas discusiones que enriquecieron el debate político en el país, hasta llegar al interior de la sala del colombiano en común.

 

Cada acuerdo tiene, si no hay una correlación de fuerza e inteligencia suficientemente grande, su fin. Así también en Colombia en donde la oligarquía es militarista y totalmente intolerante pero muy hábil e inteligente.

 

Y eso es importante entender cuando Mel, Juan y el Frente entran en unas conversaciones con Chávez y Santos. No aprovecharlas, bueno., . . . son decisiones del Frente, pero repito; la guerrilla colombiana insiste que solamente una “Solución Política Negociada” puede llevar a Colombia a una duradera paz.

 

“El futuro de Colombia no puede ser la guerra”, repitió muchas veces Jacobo Arenas.

 

El futuro de Honduras no puede ser de vivir en la sombra de un golpe de estado. Y por eso el movimiento popular, habría dicho Arenas, debe utilizar todas las formas de lucha de MASAS, QUE no descarta ninguna forma, tampoco las negociaciones, aunque sea con el Diablo.

 

La Haine

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21 abril 2011 4 21 /04 /abril /2011 19:13

http://www.kaosenlared.net/img2/177/177789_leilazana.jpgEsta decisión cuestiona la legalidad del próximo escrutinio y la propia legitimidad de su adhesión a la Unión Europea

l´Humanité

El Partido Comunista Francés expresa su indignación ante la preocupante actitud de las autoridades turcas que, escandalosamente y sin el menor fundamento jurídico, han rechazado las candidaturas de 12 personalidades independientes para las elecciones legislativas del próximo 12 de junio. Candidaturas de las cuales 7 están apoyadas por el partido pro-kurdo, Bloque por el Trabajo, la Paz y la Democracia y una de ellas es Leila Zana.

 

Actuando de esta manera, Turquía se burla de las prácticas elementales de un Estado de Derecho y muestra su voluntad de excluir todo reconocimiento de los derechos del pueblo kurdo. Esta decisión cuestiona la legalidad del próximo escrutinio y la propia legitimidad de su adhesión a la Unión Europea. El PCF condena este ataque inadmisible a las libertades, a los derechos civiles y políticos. Y reafirma al mismo tiempo su solidaridad con el pueblo kurdo y con todas las fuerzas que trabajan por la democracia y los derechos humanos en Turquía.

 

Comunicado del Partido Comunista Francés

 

París, 20 de abril de 2011.

 

 

Traducción de J.A.

 

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20 abril 2011 3 20 /04 /abril /2011 21:15

http://www.telesurtv.net/multimedia/imagenes/RED_GRANDE_HOME1_400x267_56113941.jpg


El Gobierno boliviano se encuentra todavía en la espera de la propuesta “útil, concreta y factible” por parte de Chile, en el marco de la centenaria reivindicación de una salida soberana al mar, pese a su advertencia de recurrir a tribunales internacionales para una solución justa, declaró este martes el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.



“Nosotros estamos esperando, porque la pelota estaba en la cancha de Chile, nosotros estamos esperando una propuesta útil, concreta y factible y estamos totalmente abiertos a recibir esa posibilidad”, sostuvo.

El vicecanciller boliviano hizo la afirmación este martes durante una rueda de prensa.

Pese al anuncio de Bolivia de apelar a una instancia internacional, para solucionar el conflicto, "no hemos cerrado las puertas" al diálogo, aseguró.

La propuesta "útil, concreta y factible" se refiere a la salida de Bolivia al mar, posibilidad que ha sido negada por Chile.

“Ellos (Bolivia) pretenden algo que es imposible”, afirmó el presidente chileno, Sebastián Piñera, el pasado 1 de abril.

Después de la decisión boliviana de acudir a una demanda internacional, el diálogo entre ambas naciones quedó suspendido, pues Santiago aseguró que La Paz no puede usar las dos vías a la vez: el diálogo bilateral y el litigio internacional.

El gobierno de Evo Morales prepara los argumentos históricos y jurídicos por su causa, mientras que su homólogo Sebastián Piñera respondió que también armará la defensa, ante la posible demanda aún sin fecha.

La Guerra del Salitre, también conocida como Guerra del Pacífico (1879-1884), fue un conflicto armado en el que estuvieron involucrados Chile y Bolivia, por diferencias comerciales en la exportación del salitre boliviano a Chile.

Diez años después del fin de la guerra (1884), Chile y Bolivia firmaron un tratado de paz que definió la actual delimitación territorial, que dejó a Bolivia sin acceso al mar.

La Paz negocia en la actualidad un corredor de 10 kilómetros de ancho en la zona fronteriza entre Perú y Chile, que le permita dar un impulso a sus actividades comerciales vía marítima.

teleSUR-Afp-La República-Emol/YIB

 

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20 abril 2011 3 20 /04 /abril /2011 21:08

http://www.telesurtv.net/multimedia/imagenes/RED_GRANDE_HOME1_400x267_5613532.jpg


El grupo Civiles Británicos por la Paz en Libia y demás activistas de Francia, Alemania, Túnez e Italia constataron con evidencias que no existe un bombardeo por parte del Ejército de Muammar Al Gaddafi en el oeste del país, como lo denuncian medios internacionales. No obstante, sí dieron cuenta de los efectos de las bombas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



El enviado especial de teleSUR a Trípoli, Rolando Segura, conversó con algunos de los miembros del grupo británico que realizaron investigaciones por varios días en diversos puntos de la zona oeste del país norteafricano.

"Hombres y mujeres andan en busca de los hechos la verdad y la justicia, durante ocho días van de casa en casa por Libia con cámara en mano", comentó el periodista este miércoles.

Un residente de Trípoli, aseguró a las cámaras de teleSUR que no quieren violencia y manifestaron su deseo de demandas a algunas autoridades de la Liga Árabe, al emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa al Thani y al presidente de Italia, Nicolás Sarkozy "por el daño que han provocado a nuestras familias, no queremos violencia, es mejor conversar" apuntó.

Entre tanto, el periodista de la multiestatal narró que los pacifistas no hallaron evidencias o testimonios de los supuestos bombardeos del Gobierno en tres regiones de Trípoli o en otras ciudades citadas en la resolución de Naciones Unidas contra Libia.

Uno de los miembros de Británicos por la Paz, declaró que "los problemas internos en Libia no son nuestros problemas, no es internacional". En relación a los bombardeos que encabeza la OTAN junto con la coalición imperialista afirmó que se "deben detener estos ataques, así no se protege a civiles".

Por su parte, David Roberts, uno de los líderes del grupo, dijo que acudieron a las zonas del país que medios internacionales señalan como escenario de ataques del Ejército de Gaddafi sin evidenciar ningún hecho comprobable.

"Vinimos a ver y a reportar sobre el bombardeo que hubo anoche (martes) y el sobrevuelo de aviones así como heridos para determinar el estado de la situación", pero no lograron recoger imágenes o datos de los hechos mencionados.

El periodista Rolando Segura, recordó que "paz y diálogo fueron las palabras en boca de la mayoría de la gente, "pero cuando estos pacifistas lo dan a conocer, la prensa internacional cuestiona la investigación".

Sukane Chardan, dirigente del grupo Civiles Británicos por la Paz, se preguntó "¿por qué los medios británicos no han investigado a William Hague (ministro británico de Relaciones Exteriores) y por qué no se le ha preguntado sobre la razón por la cual dijo en el segundo día de la rebelión que (Muammar Al) Gaddafi se había ido a Venezuela, por qué no se han hecho las investigaciones al respecto"?

"Para muchos periodistas acreditados en Trípoli, la labor de civiles británicos por la paz es propaganda gubernamental", agregó por su parte, el enviado especial de teleSUR.

Ishmahil Blagrove, documentalista independiente dijo que "la paz es el mensaje que nosotros traemos aquí, la paz es la iniciativa que nosotros queremos influenciar, ¿cómo es posible proponer paz para hacer propaganda"? se cuestionó.

Los activistas solicitan el mismo reclamo del pueblo y gobierno libio, la investigación in situ de una comisión internacional independiente para aclarar los hechos.

teleSUR / dg - FC

 

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19 abril 2011 2 19 /04 /abril /2011 18:16

http://www.arcondelrecuerdo.com.ar/wp-content/uploads//Malvinas-11.jpg

Las películas de Gleyzer no eran para el mercado, sino que eran un arma cargada a punto de explotar, una forma de contrainformación, cine para los oprimidos

 

A Raymundo Gleyzer lo desapareció la junta militar argentina, pero su testimonio desgarrador y sus épicas películas pueden encontrarse disponibles gracias a algunos valientes que se animaron a sacar las cintas del país para que no desaparecieran en la nada. Su frase lo describió a la perfección "Nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir, para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuaran... ".

 

Sus películas no eran precisamente para el mercado, sino que eran un arma cargada a punto de explotar, una forma de contrainformación, en definitiva, cine para los oprimidos.

 

Uno de sus primeros segmentos fue "Nuestras Islas Malvinas" que redactado hoy puede herir varios sentimientos. Sin embargo Raymundo, en 1966 consiguió el permiso de la reina inglesa para poder filmar las islas Malvinas, convirtiéndose en el primer cineasta en lograrlo.

 


 

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19 abril 2011 2 19 /04 /abril /2011 18:07

http://3.bp.blogspot.com/_MnrFDBP6UZc/TVLEb-Zf-eI/AAAAAAAAAA8/GEqgfDKndT4/s1600/Slide1.GIFTraspasalosmuros

 

La progresiva delegación de los instrumentos represivos por parte del Estado produce una peligrosa disociación entre Administración y ciudadano privado de libertad.

 

La privatización del sector carcelario ha convertido al delito en un valor en alza. Las consecuencias de este fenómeno no pueden ser más nefastas: violación de los derechos humanos y condiciones de vida contrarias a la dignidad de las personas presas. La lógica del mercado (mayor beneficio y menor coste) se impone en la progresiva delegación de los instrumentos represivos por parte del Estado. No obstante, en algunos países existe una gran cruzada por parte de los sectores políticos mas conservadores por implantar este modelo que, entre otras cosas, produce una peligrosa disociación entre Administración-garante y ciudadano privado de libertad.

 

Es probable que el futuro depare la absoluta privatización carcelaria, algo que en el Estado español ya sucede a través del trabajo productivo penitenciario. La tesis acerca de la "estupenda viabilidad de este sistema de gestión privada de las prisiones" que se basa en un hipotético ahorro y una mejora en el interior de las cárceles, se encuentra sustentada en un conjunto de mitos, mientras la realidad es bien distinta... La universidad de Cincinati, en 1999, efectuó un detallado estudio en torno a las cárceles norteamericanas de carácter privado. Los resultados no podían ser más tajantes: las cárceles privatizadas en absoluto suponían un ahorro al erario público. Quizás, la razón que señalaba el supuesto ahorro venía por otro lado, esto es, la precariedad de salarios para funcionarios de prisiones contratados por empresas privadas comparados con los de funcionarios públicos dependientes de la propia Administración estatal. En efecto, en 1998 el Estado de Tenessee encargó un estudio sobre la viabilidad económica al contar con cárceles gestionadas por empresas privadas. Dicho estudio, a pesar de prácticamente no recoger diferencias significativas, reflejo que se ahorraba en torno a un 2% en concepto de salarios a diferencia de los empleados estatales, cuyos ingresos eran mayores.

 

Así, hemos llegado al "mercado del delito", en el que la privatización de las cárceles y, en definitiva los beneficios en torno a idea de preso=cliente potencial, ha otorgado un carácter frenético por parte de compañías al objeto de hacerse con este nuevo horizonte. El mercado no conoce límites. Realmente, la razón en torno al coste de una prisión radica en los medios de seguridad empleados y su tecnología, el tamaño de la misma -que supondría mas personal o mas áreas de estricta vigilancia- los servicios existentes y la antigüedad de la prisión. Por otro lado, las compañías interesadas en la adjudicación de un contrato para gestionar una cárcel realizan sus estimaciones según un año fiscal, lo que suele suponer un reflejo poco real de los reales costes, una ficción que situa la balanza económica del lado de las empresas interesadas. En este sentido, cárceles como las del condado de Monroe (Florida), en concreto la de Wacknhut, en febrero de 1990 asume el control una empresa privada, pero rápidamente pidieron ayudas adicionales para la contratación de mas personal recurriendo a la financiación pública lo que hizo que el contrato se rompiese.

 

Del mismo modo, las cárceles privadas se encuentran con un costo añadido; el coste que supone reprimir motines o capturar a fugitivos. Recientemente, se han empezado a exigir que las compañías paguen al Estado los costes que supone la búsqueda y captura de un preso fugado o la ayuda por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para aplastar revueltas internas en las cárceles. Los costes aumentan, pero son intentados minimizar. El Estado de Texas es el lugar de EEUU con mayor número de cárceles gestionadas por empresarios. Desde la década de los ochenta, se inicia una espiral en la concesión de contratos a empresarios y compañías. No obstante y como cualesquiera otras operaciones mercantiles, los empresarios han comenzado a exigir unos límites concretos y unos mínimos sobre los cuales empezar a hablar. Estos mínimos a quien perjudica en última instancia es al preso. De este modo, algunas cárceles exigen un número mínimo de presos y una limitación en la calidad y coberturas médicas penitenciarias. La precariedad continúa.

 

En Wackenhut, tras varios motines, el Estado trasladó a un centenar de presos a prisiones de máxima seguridad quedando sus camas vacías. La prisión exigió del Estado 45 dólares por preso por las camas vacías. La cárcel a la que fueron trasladados, a su vez, exigió un alto precio por preso ya que "la estancia requería urgencia y mucha seguridad". En sitios como Tenesse, Florida o Nevada, existen unos concretos topes en la prestación de asistencia médica a los penados. La amplia difusión y auge de enfermedades contagiosas entre los presos, así como las largas condenas y los problemas mentales, suponen un mayor coste y un sensible incremento en las previsiones originarias. Pero los presos también interesan a la hora de acceder a financiación pública. En muchos lugares, los presos figuran en el censo de población apareciendo como residentes del lugar en el que se encuentre la cárcel.

 

Numerosos programas de carácter estatal basan su financiación en la población, a mayor población mayores ayudas económicas, y a la inversa. La evasión de impuestos tampoco ha sido algo ajeno a la actividad de muchas cárceles privadas. Así, muchas prisiones se benefician de exenciones en el pago de impuestos.

 

A efectos de inversión, es públicamente conocido que muchas empresas privadas carcelarias cotizan en Bolsa. La mayor de éstas, Correction Corporation of America (CCA), ha sido una de las inversiones de mayor rendimiento en los últimos años en la Bolsa de Nueva York, convirtiéndose en una corporación líder y en una empresa fiable para los inversores. El mercado carcelario, para CCA, no conoce fronteras - materia prima siempre habrá, claro está - y ha abierto nuevas cárceles en Puerto Rico, Inglaterra o Australia. Iguales políticas se están pretendiendo implantar en Perú o Venezuela.

 

Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que a los directores de instituciones privadas carcelarias se les debía exigir una responsabilidad civil mayor que a los directores de las instituciones públicas, lo cual conlleva un alto coste de financiación. La oficina general de contabilidad de Estados Unidos (GAO) concluyó en 1996 que, en base a los informes y estudios realizados sobre la viabilidad económica de la privatización de este sector, no existían sustanciales diferencias económicas que lo justificasen. El argumento de mayor peso para los sectores reaccionarios que pedían la privatización del sector se vino abajo. En la misma línea se manifestó el estado de Tennesse.

 

La política de abaratamiento ha generado que la CCA, haya eliminado las torres de vigilancia y haya apostado por un control electrónico en el interior de la cárcel. Igualmente, la cárcel radicada en Lawrenceville, en Virginia, cuenta con un gran salón con un sólo guardia que controla a casi 800 presos. El modelo desarrollado por la CCA incluye el llamado "employee stock ownership plan", es decir, el funcionario se convierte en accionista y, por lo tanto, en co-dueño. Ello supone que el funcionario no tendrá derecho a pensión alguna y no existirán presiones sindicales. En este orden de cosas, el funcionario velará por la reducción de costes ante todo ya que, en cierta medida, es también su negocio.

 

El periódico estadounidense The Nation publicó un informe realizado por Eric Bates acerca de CCA. Los resultados no podían ser más alarmantes; la minimización de los costes hacía que la atención médica fuera nefasta e insuficiente, así como la alimentación y limpieza.

 

No son pocas las consecuencias que en orden al respeto a los derechos humanos de los reclusos conlleva la privatización de las cárceles. Los instrumentos legales nacionales e internacionales existentes en todo momento hablan de "funcionario público" o "autoridad pública" sin que exista o pueda deducirse otra cosa acerca de la delegación en el control y custodia del condenado o procesado a empresas o instituciones de carácter o índole privada.

 

La superposición del constante argumento de los defensores de la privatización sobre el supuesto beneficio económico y ahorro estatal sobre el verdadero fin que debe contemplar el cumplimiento de las penas privativas de libertad; esto es, la rehabilitación o reinserción social del penado, hace que el fin último quede eclipsado por una política de abaratamiento y reducción de costes, lógico en una economía competitiva. La reducción de costes podría afectar al derecho a la alimentación, a la salud, a un lugar de vida digno y, en especial, a que existan los elementos propicios para el libre desarrollo de la personalidad del individuo. En el diseño de la administración de prisiones por empresas privadas, el Estado - garante principal - se ocupará del control de la actividad ejercida por la cárcel. No obstante, ello genera un enorme margen, en una especie de rendición de cuentas cuando las cosas se complican (motines, huelgas, altercados, etc). Es decir, el control será en todo caso a posteriori. El preso entra en un espacio que parece discurrir en un amplio margen discrecional.

 

En efecto, los inspectores penales de la British Prison Officers Association se quedaron atónitos cuando vieron las condiciones a las que eran sometidos los presos del campo de trabajo de Silverdale, en Tennesse (gestionado por CCA). El jefe de seguridad, sin rubor alguno, les manifestó que se veían obligados a amordazar con cinta adhesiva a los presos más conflictivos. No obstante, la práctica de privatización carcelaria ha alcanzado ya a los centros de inmigrantes. A la mala fama con que ya cuentan se les añade la desidia del sector privado carcelario. Los mismos inspectores contemplaron una especie de almacenes en los que centenares de inmigrantes eran encerrados 23 horas diarias.

 

La publicidad de dichas prácticas brutales y degradantes ha crecido. Prueba de ello es que el Estado de Carolina del Sur no renovó el contrato a CCA cuando supo que en su centro de menores los jóvenes eran amarrados, cuando no encadenados.

 

Dichas condiciones, casi de forma inevitable, y ante el sentimiento de dejadez y desidia, han provocado que la prisión de South Central doble el número de motines e incidentes.

 

El Estado debe garantizar el respeto a los derechos de los presos, tanto en seguridad como en integridad personal. No olvidemos que el Estado es depositario de tales derechos. Cabria preguntarse acerca de la responsabilidad civil de la empresa privada en caso de muerte violenta en prisión de un preso. En la actualidad, en el estado español es factible exigir indemnización a la administración en tales casos, siempre y cuando haya existido un quebrantamiento del derecho a la integridad física del interno y a la seguridad en el establecimiento imputable a la administración penitenciaria. La jurisprudencia así lo lleva interpretando.

 

Cabría preguntarnos acerca de la viabilidad jurídica de la existencia de empresas privadas de carácter penitenciario en el marco de España. En este sentido, hemos de señalar que es la Administración penitenciaria, y por lo tanto prima y lo llena de contenido su carácter de administración pública y estatal de justicia, quién deberá velar "por la vida, integridad y salud de los internos" (art. 3.4 de la L.O. 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria). No existe cobertura jurídica en la legislación española para este tipo de actividad privada en la ejecución de la pena puesto que "la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales" (art. 2 de la referida ley). Igualmente, y como no podía ser de otra manera, corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia todo lo referido a la organización de los funcionarios y personal penitenciario. Obviamente, la vía que, en un principio, podría hacer realidad la existencia de prisiones no adscritas a la Administración, sería la de una actividad delegada en la ejecución de la pena bajo supervisión del Juzgado o Tribunal sentenciador, pero ello inevitablemente supondría ejecutar reformas legislativas importantes - nada y nada menos que, en orden al cumplimiento de la pena, la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados - siendo constitucionalmente, hoy por hoy, inviable.

 

Los efectos concretos del fenómeno de la progresiva privatización del sector carcelario devenga en una notable disociación entre Estado garante y ciudadano privado de libertad. La empresa privada gestora asume no sólo un papel de intermediaria, sino que se convierte en ejecutora misma de la pena y, por lo tanto, asume unas facultades plenas. El fin de la reinserción social que, en definitiva, es constitucionalmente el porqué de la pena, se coloca en un plano secundario, ganando mayor fuerza una política económicamente restrictiva y desvirtuándose el principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario existente en la legislación española. La experiencia en el discurrir de estas empresas privadas penitenciarias resalta el hecho de que es frecuente que los funcionarios se reduzcan al límite mínimo, al igual que el resto de personal en orden al tratamiento penal individualizado. El preso únicamente ve una cámara de vídeo (más barato). El interior de la prisión se despersonaliza y, bajo la excusa de crear espacios de autogestión para los presos (talleres, etc), se elimina todo aquello que aumente costes.

 

En este sentido, hemos de preguntarnos cuáles son los beneficios reales en orden a la erradicación del delito, la política de disuasión delictiva apoyada por los sectores más reaccionarios y, en último termino, una mayor justicia social, ante una sociedad cuyos presos pasan a ser "privatizados". La conclusión no puede ser mas obvia: con la privatización la comunidad social pretende esconder aún más un problema social, alejarse de éste y marginarlo. Ello supone una mayor insensibilización. Aún a pesar de las continuas violaciones de todo tipo de derechos humanos que tantas veces conocemos y, a pesar de que éstas se ejecutan ante una política penitenciaria deshumanizada, la privatización de las prisiones sitúa al preso ante la comercialización del delito y la corrupción política que ello potencialmente puede generar , consecuencias que no son saludables para una sociedad que debería basarse en el Estado de derecho y en la justicia social.

 

http://www.traspasalosmuros.net

Publicado en http://www.nodo50.org/defensajuridica/article.php3?id_article=10

 

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19 abril 2011 2 19 /04 /abril /2011 17:07

http://www.kaosenlared.net/img2/177/177401_TERRORISMO_DE_ESTADO_EN_C.jpg

 

El jefe paramilitar alias El Canoso dijo que hijos de Uribe se fueron de paseo con paramilitares... Esto dentro de la SAGA: el parque Tayrona gestionado hasta hoy por paramilitares? PRIMERA ENTREGA

NOticiasUNO

El jefe paramilitar alias  El Canoso dijo que Tomás y Jerónimo se fueron de paseo con paramilitares... Esto dentro de la SAGA: el parque Tayrona gestionado hasta hoy por paramilitares?PRIMERA ENTREGA

VIDEO: Hijos de Uribe acusados de paseos con narcoparamilitares. SAGA: ¿Parque Tayrona Resort paramilitar?

 

Un francés 'nacionalizado' varios criminales paramilitares, los hijos de Uribe: gestionando para negocio turístico uno de los parques naturales más hermosos de Colombia? SAGA el Tayrona

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16 abril 2011 6 16 /04 /abril /2011 23:30

http://www.surysur.net/sites/default/files/neolibe.jpgErnesto Carmona.*

 

El 18,9% de los chilenos son pobres, según el informe “Panorama de la Sociedad” difundido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras la encuesta chilena Ipsos revela que la aprobación del gobierno de Sebastián Piñera cayó en abril al 46,9%, tras registrar 53,5% en diciembre de 2010. Las cifras de pobreza en Chile sólo son superadas por México (20%). Israel (11,1%) también está por encima de la tasa promedio del 10 % de la OCDE, cuyos socios se supone integran un selecto club de naciones “desarrolladas”.

 

Con 17 millones de habitantes, Chile es uno de los países con mayor desigualdad en el ingreso del mundo, con un coeficiente Gini —que mide este aspecto del “desarrollo”— de 0,50, mientras la media OCDE asciende a 0,31.

 

México es el país OCDE donde más se trabaja: 10 horas al día. En Chile, sólo un 13% dice tener confianza en sus conciudadanos, muy por debajo de la media de 59%. Para el presidente de la organización empresarial chilena Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, el reporte OCDE "coincide con un periodo de alto desempleo y altos precios de los alimentos como ocurrió el año 2009; eso juega en contra con una mejor distribución de los ingresos".

 

Sin embargo, otros sectores opinan que la desigualdad en Chile es sistémica y estructural, como resultado del modelo neoliberal implantado por la dictadura militar de 17 años (1973-1990) y “perfeccionado” en 20 años de administración de la coalición “de izquierda” Concertación de Partidos por la Democracia.

 

Con cierta dosis de cinismo, el ex ministro de hacienda de Pinochet Hernan Büchi afirmó que las cifras "reflejan una historia de hace 40, 50 años atrás".

 

El difícil acceso a una buena educación tranca la movilidad social y constituye uno de los principales factores de desigualdad. El capitán de empresas Büchi, que estudió ingeniería comercial en la antigua enseñanza universitaria pública y gratuita, dijo: "La distribución del ingreso refleja otra cosa: refleja a personas que a lo mejor ni siquiera terminaron la educación básica, que obviamente tienen una capacidad muy baja de crear y de aportar en una empresa y por lo tanto no van a tener una mejor remuneración".

 

Para el ministro de Planificación de Piñera —la cartera que se ocupa del clientelismo y la “promoción popular”—, Felipe Kast, “es una vergüenza social que un país que crece tanto tenga estos niveles de pobreza y desigualdad. Por lo mismo estamos teniendo un gasto social muy fuerte, muy importante y no solamente eso sino que un crecimiento económico, que es la gran herramienta para destruir la pobreza".

 

Kast dijo que sin empleo es muy difícil que se pueda "lograr el desafío de garantizarle a cada chileno un lugar en la sociedad de dignidad, un lugar sin pobreza".

 

Desaprobación de Piñera

 

La desaprobación del gobierno de Sebastián Piñera alcanzó al 50,5%, según el Estudio de Opinión Pública entregado por la empresa Ipsos. El incremento asciende a 10 puntos, en comparación con el estudio de diciembre 2010. La aprobación del gobierno cayó de 53,5% en diciembre de 2010 a 46,9% en abril de 2011. Se trata de los niveles más altos de desaprobación y más bajos de aprobación en 13 meses del gobierno Piñera.

 

Las áreas de manejo gubernamental más criticadas fueron salud (65,4% de desaprobación), desempleo (64,1% de desaprobación) e impuestos (63,1% de desaprobación). El manejo gubernamental de la economía cayó de 61,4% a 50,5% de aprobación y el manejo energético se desplomó de 45,5% a 34,1% de consentimiento.

 

La reelección de los Presidentes fue apoyada por el 54,1% y descartada por 43,2%. El 59,4% de los consultados señaló que los legisladores debieran desempeñarse como máximo durante 2 períodos, 10,8% se inclinó por 3 períodos y 24,5% opinó que no debiera limitarse la reelección.

 

El rechazo a proyectos de energía nuclear creció en 29,2 puntos, para alcanzar al 84,1% y la aprobación descendió a 12,4%. El 61,1% se declaró contra las centrales hidroeléctricas, 29,1% a favor y 9,8% no supo o no respondió. Estas cifras de rechazo son las más altas desde que comenzó este estudio de opinión en 2008, en tanto las de aprobación son las más bajas.

 

 

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16 abril 2011 6 16 /04 /abril /2011 23:25

http://www.surysur.net/sites/default/files/PosaCarri.jpgSaúl Landau y Nelson Valdés.*

 

Casi 50 años después del fracaso de Bahía de Cochinos, el profesor universitario encendió su radio de I-Pod. Un boletín de noticias interrumpió el programa "Es la hora de Imaginarse que estás en el Salón de Baile" para anunciar que un jurado en El Paso había exonerado a Luis Posada Carriles, el conocido terrorista, de 11 acusaciones de mentir en su solicitud de inmigración. El académico de la Universidad de Miami se encogió de hombros ante la noticia.

 

 

 

Aunque en algunos círculos Posada es conocido como el Osama ben Laden del hemisferio, el profesor y sus colegas se dedicaron a sus planes de investigación. Ninguno ni siquiera preguntó si algunos de los “observadores” del juicio de Posada (que parecían extras de “Los Sopranos”) pudieron haber intimidado al jurado de Texas; o si al menos se preguntaron por qué el gobierno presentó evidencia de que Posada saboteó un avión comercial con 73 personas a bordo (todas murieron) y luego solamente lo acusó de mentir.

 

El sobrecogedor reto de los académicos es encontrar nuevas formas de agenciarse dinero de los contribuyentes norteamericanos mientras los republicanos recortan importantes servicios sociales.

 

Los profesores comprenden que pocos académicos han recibido millones en donaciones para su erudita invención: el concepto de “fortalecer la sociedad civil en Cuba”. Hasta ahora habían manipulado el propio significado de “sociedad civil cubana” al usar esa frase como un eufemismo para los que reciben órdenes y dinero de funcionarios de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana.

 

Esa es, realmente, la definición de trabajo de sociedad civil para el Departamento de Estado. ¿A quién importa en Wáshington que la sociedad civil se haya desarrollado en Cuba durante siglos? Ese es el pasado y no es favorable ni necesaria a la política norteamericana.

 

Wáshington quisiera borrar ese pasado en el que probó sin éxito (palabras claves) prácticamente todo menos una invasión armada directa a la isla para derrocar a los desobedientes hermanos Castro: después de Bahía de Cochinos, recrudeció el embargo ad hoc y finalmente lo convirtió en ley, realizó una guerra psicológica y apoyó ataques terroristas  e intentos de asesinato al por mayor.

 

Mientras los académicos tramaban para obtener subvenciones del gobierno, en la Pequeña Habana algunos asesinos semi-retirados regresaron de su visita al proctólogo para saludar al héroe exonerado y también famoso informante (acerca de sus compinches) del FBI y la CIA. A ninguno parecieron importarle los cables desclasificados de la CIA y el FBI que mostraban que Posada informó [sopló en el argot popular] acerca de sus co-conspiradores en los sabotajes. Nadie es perfecto.

 

También elogiaron a su abogado que prolongó el juicio hasta convertirlo en su asunto de 13 semanas y por lo tanto se ganó sus emolumentos, a partir de los cuales ya se puede retirar a defender a personas acusadas por la DEA.

 

Sin embargo, en décadas recientes, la estrategia del Departamento de Estado ha manufacturado —con la ayuda de los académicos— una sociedad civil a pesar del hecho de que ya existía una, excepto en las mentes de los burócratas del Departamento de Estado. ¿Irrealismo mágico? Los pocos académicos que acuñaron la noción, desde entonces se han acostumbrado a un mejor estilo de vida coincidente con el recibo de grandes subvenciones del gobierno y donaciones de una notoria compañía de bebidas alcohólicas.

 

La historia y desarrollo de la sociedad civil cubana ciertamente merece ser estudiada, pero los académicos y sus donantes tienen poco o ningún interés por la Cuba real. Los planes de investigación que hacen dinero en el puñado de universidades y centros de investigación son determinados por los objetivos de la política norteamericana, la cual durante 52 años se ha centrado en la destrucción de la revolución cubana.

 

El objetivo de los académicos —fíjense en la palabra— era aprovecharse de los deseos del gobierno (y su Tesorería) de tener líderes inventados para la recién inventada “sociedad civil”. El gobierno de EE.UU. nunca estuvo interesado en la Cuba real, y como hay poco dinero de subvenciones o donaciones de productores de ron para estudiar la Cuba real, los “mejores” académicos sobre Cuba (quiere decir los que más subvenciones reciben) producen el equivalente de trabajos de ciencia ficción y los etiquetan como “erudición”.

 

La inventiva de los académicos es creativa. En décadas pasadas, gente emprendedora ha inventado asociaciones independientes para médicos, bibliotecas que dependen del dinero y los suministros de EE.UU. y contienen pocos libros, e incluso sindicatos obreros libres. Los líderes de AFL-CIO los han apoyado totalmente, a pesar de que no tienen miembros que coticen.

 

Un grupo de “periodistas independientes”, organizados por diplomáticos norteamericanos en La Habana, escribieron artículos que el gobierno de EE.UU. ayudó a publicar. Coincidentemente, todas esas piezas contenían juicios negativos del sistema y gobierno cubanos.

 

En 2003, cuando algunos de esos “periodistas” fueron arrestados por recibir dinero, productos y servicios de manos de un gobierno extranjero (EE.UU.), Néstor Baguer, uno de los escritores más coherentes del grupo, se reveló como agente de la seguridad del estado de Cuba. En el juicio de algunos de sus ex colegas, el fiscal cubano mostró documentos entregados a Baguer y a otros topos que probaban que los acusados habían recibido servicios de diplomáticos estadounidenses en La Habana.

 

Estos emprendedores miembros de la comunidad académica norteamericana inventaron su versión de lo que al gobierno de EE.UU. le gustaría que Cuba fuera. Esta Cuba no tiene semejanza con la realidad, pero sí  brinda una forma de gastar el dinero de los contribuyentes mientras que el Congreso aprueba milagrosamente una legislación para autorizar esos gastos al mismo tiempo que elimina a maestros y cierra clínicas.

 

Un académico cubano produjo el más reciente ensueño: Fernando Henrique Cardoso se refiere a ese “momento mágico ["poof moment"] —la vívida frase de Jorge I. Domínguez— cuando el actual régimen ya no existe más". Varios autoproclamados “importantes” estudiosos del tema de Cuba en EE.UU. hasta contribuyeron a un libro que comienza con esa premisa (http://marifeliperez-stable.com/books/). El momento mágico, por lo tanto, no requiere de precondiciones, instituciones, historia, actores de carne y hueso. Como dirían estudiantes de primaria, "las cosas pasan."

 

Ningún académico que viva en Cuba es invitado a esas sesiones de “pronósticos”. Estos exclusivos profesores han convertido sus sueños “mágicos” o “poof moments” en ganancias; es más, hacen caso omiso de la plebe de Miami que aclama el regreso triunfante de Luis Posada Carriles —a quien los agentes del FBI llaman afectuosamente ese “soplón y ponedor de bombas de mierda”.

 

* Saúl Landau, cineasta; Nelson Valdés, profesor emérito de la Universidad de Nuevo México.

 

En http://progreso-semanal.com

 

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