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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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1 noviembre 2011 2 01 /11 /noviembre /2011 14:22

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Trabajo periodístico de Silvia Martínez del Río

Denuncia sobre Cesar Melo en el Instituto Nacional de Colonización, Bella Unión, Uruguay

El día 18 de octubre de 2011 el Colectivo de Lucha por la Tierra presento una denuncia referido a la situación de Cesar Melo en el Instituto Nacional de Colonización. Y este video forma parte como denuncia publica. Basta de favorecer con acomodos, La tierra pal' que la Trabaja. Por la Tierra y con Sendic.

 

 

 

 

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24 octubre 2011 1 24 /10 /octubre /2011 15:04

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11 octubre 2011 2 11 /10 /octubre /2011 23:31

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Piques 12 10 11

 

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Uruguay: ‎2ª Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturale 

Miércoles, 12 de octubre 15 hs.  del Obelisco hasta Plaza Independencia

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26 septiembre 2011 1 26 /09 /septiembre /2011 14:41

http://periodicoanarquia.files.wordpress.com/2011/07/img_8496.jpg?w=450&h=236

Fragmento del debate con el viceministro de industria, energía y minería, desarrollado el miércoles 21 en la sede de la Vertiente Artiguista, donde señalamos la falta de transparencia en las negociaciones con las empresas transnacionales, los acuerdos ocultos y las cláusulas de confidencialidad en los contratos de inversión. Salvo cuando fue nuestro turno en la intervención principal (lamentablemente no está grabada), el viceministro monopolizó la palabra y alguna de las preguntas que deslizamos hizo como que no las había escuchado. Una de ellas, mientras Ortuño repetía sobre el respeto al medio ambiente, fue: ¿Por qué se permite lixiviación con cianuro en Minas de Corrales?

 

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17 septiembre 2011 6 17 /09 /septiembre /2011 23:17

http://www.albatv.org/local/cache-gd2/83f1fd56e2a0ed001cde1e5607e30cee.jpgCamila Queiroz Periodista de ADITAL Adital Periodista de ADITAL.

La Patagonia será la primera región en realizar el juicio, los días 16 y 17. La programación tendrá lugar en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia. Serán juzgados los casos de las petroleras Repsol y Pan American Energy y de las empresas mineras Proyecto Potasio Río Colorado y Pan American Silver, propietaria del proyecto Navidad, de extracción de plata.

Con el juicio, las entidades pretenden sistematizar y difundir argumentos, materiales y herramientas, presentados por medio de denuncias y testimonios, para fortalecer la defensa jurídica y política del medio ambiente y a las comunidades impactadas por las transnacionales.

"Tomamos como casos emblemáticos algunas de las corporaciones que operan en la Argentina, con la certeza de que su accionar está respaldado por la garantía de los poderes políticos locales, que diseñan políticas que las favorecen y/o desconocen leyes que protegen los derechos de las poblaciones”, denuncian.

Durante las audiencias se analizará el perfil corporativo de la empresa, características del territorio donde se instaló el proyecto, perfil de explotación realizada e impactos generados, así como el surgimiento de resistencias populares.

El primer día de juicio, habrá una movilización popular y muralismo en Pasaje Floridita, a las 18h. A las 21h se realizará un acto de resistencia contra las transnacionales en la Biblioteca Popular Rodolfo Walsh, con grupos musicales. Al día siguiente, se realizará la lectura de la sentencia final y el cierre del juicio con intervenciones artísticas.

Las comunidades tradicionales de Chubut destacan como lucha prioritaria la defensa de la Ley 5001, que prohíbe la minería de metales a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas en la provincia. Con la presión de las transnacionales, la norma está amenazada de sufrir modificaciones o hasta incluso ser revocada. También denuncian la contaminación de las aguas por petróleo, señalando la omisión del Estado.

Los próximos juicios se realizarán en el Noroeste Argentino, entre los días 23 y 25 de septiembre, y en la región de la Triple Frontera, los días 30 de septiembre y 1º de octubre. Los casos a ser juzgados son los de Barrick Gold y La Alumbrera, Agua Rica, Ledesma, Monsanto, Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google.

Además en octubre se realizarán audiencias sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la legitimación de la actuación de las transnacionales, el día 18, y sobre los impactos de las transnacionales en la vida de las mujeres, el día 20.

Los días 28 y 30 de octubre, tendrá lugar la audiencia final del Juicio ético y popular a las transnacionales, en la capital argentina, Buenos Aires. Una vez emitida la sentencia, los organizadores la enviarán a los medios de comunicación e instancias políticas y jurídicas que puedan hacer frente a los impactos causados por las transnacionales en la Argentina.

 

Más información en los sitios

 http://juicioalastransnacionales.org/,http://www.cifmsl.org/ y 

http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/.

Interesados en contribuir en el juicio deben entrar en contacto por e-mail: centroinvestigacionformacionms@yahoo.com.ar. Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

 

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29 agosto 2011 1 29 /08 /agosto /2011 00:48

http://www.radio36.com.uy/imagenes/2005/12/26/gustavo%20salles%202.jpg

 


Domingo, 28 de agosto de 2011
De esta forma se presenta un informe jurídico de un prestigioso estudio de plaza, en donde quedan evidenciadas más dudas que certezas sobre las características de los eventuales interesados a adquirir el emprendimiento minero, involucrados en investigaciones sobre lavado de dinero. El presente informe, al cual ha aludido en las últimas horas el senador Jorge Saravia (Partido Nacional), también fue utilizado por el diputado Gerardo Amarilla que ofició de interpelante a tres ministros de gobierno. Sociedad Uruguaya lo comparte con sus lectores. 

Informe Minera Aratirí - Interpelación

 

Astori defiende Aratirí

 

El vicepresidente participó en una conferencia para inversores en Punta del Este, y ratificó la importancia del proyecto previsto para Valentines.

 

MARQUEMOS UN NORTE RADIO, Colectivo de Lucha por la Tierra

 

 


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26 agosto 2011 5 26 /08 /agosto /2011 04:07

http://www.kaosenlared.net/img2/195/195827_mineria.jpgEn el 2005 el gobierno de Uribe en Colombia puso en marcha el plan “Visión 2019. Colombia como un país minero”. Según este plan, Colombia debería estar en el 2019 entre los tres primeros países latinoamericanos con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero. Además, en esta hoja de ruta se sostiene que la iniciativa privada es la única capacitada para producir e impulsar el desarrollo. Decenas de empresas transnacionales mineras se están implantando en Colombia desde entonces. Este artículo analiza los impactos y las resistencias a esta nueva forma de explotación de los recursos minerales en Colombia.

A finales de la década de 1990 el sector minero de Colombia se encontraba en declive. Esta situación se conjugaba con la dificultad que tenían los inversores privados mineros para depositar en grandes proyectos sus capitales debido al conflicto social y armado y a la llamada inseguridad jurídica (expresada en la permanencia de normas restrictivas y el aún alto protagonismo estatal en la economía), algo que, con la entrada de la Constitución política de 1991, se ha venido disminuyendo.

Con la llegada de Uribe Vélez, en 2002, se agudiza la militarización de los territorios (lo que ya había comenzado el gobierno anterior con el Plan Colombia), al tiempo que los precios internacionales de algunos minerales, como el oro y el carbón, entran en ascenso. La securitización de los territorios continuó a partir de 2005 con la ejecución de la segunda fase del Plan Colombia, con la estrategia de Recuperación Social del Territorio - RST. Esta estrategia se ejecutó teniendo como referente la Doctrina de Acción Integral (guerra política y militar), desarrollada desde los Centros de Coordinación y Acción Integral (CCAI), que situaron la acción cívico-militar del Estado en las zonas con más altos índices de confrontación armada o con mayor presencia de grupos ilegales que, en la época, coinciden con zonas de reservas comprobadas de petróleo y de algunos minerales metálicos y no metálicos.

En el 2005 el gobierno presenta la política de Estado “Visión 2019: Colombia como un país minero”, que, como apuesta estratégica en materia económica, definió las metas y los parámetros a partir de los cuales se profundizaría la actividad minera en el país. Entre otras cosas, propuso como meta que Colombia se encuentre, al llegar a 2019, entre los tres primeros países latinoamericanos con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero, estableciendo además que la iniciativa privada es la única capacitada para producir e impulsar este desarrollo. Esto ha generado la llegada de decenas de empresas privadas a territorio colombiano, desde la canadiense Barrick Gold hasta la sudafricana AngloGold Ashanti.

En este contexto militar y de política minera, en la década del 2000 encontramos un país prácticamente inexplorado en el sector minas (excluyendo hidrocarburos), con baja presencia (pero en ascenso) de multinacionales en el sector y una creciente demanda de productos energéticos y de metales preciosos a nivel internacional. En el periodo 2002-2005 se comienzan a evidenciar conflictos (ambientales, culturales, económicos, políticos, sociales) a causa de la entrada de los proyectos mineros en los territorios. Militarmente, desde el año 2005, nueve zonas y 53 municipios son intervenidos en el marco de la estrategia de RST. Por su parte, la IED pasó en el mismo periodo de 466,2 millones de dólares en 2002 a 2.157,2 millones en 2005 y a 2.994,1 millones en 2009  [1].

Contexto económico minero

El comportamiento del Producto Interior Bruto (PIB) comienza su repunte en 2002, alcanzando en ese año los 20.381 millones de pesos y llegando en 2010 a 30.130 millones. La evolución de la balanza de pagos, según el Banco de la República  [2], muestra que en 2010 las exportaciones de carbón sumaron 6.015 millones de dólares y crecieron un 11,1 por ciento debido, por un lado, al aumento de las cantidades vendidas (5,3 por ciento), que se destinaron principalmente a China, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, y, por otro, al incremento de un 6,1 por ciento en su precio de exportación. A su vez, las ventas de ferroníquel ascendieron a 969 millones de por ciento, comportamiento explicado por el alza de los precios de venta del producto a pesar de la reducción (en un 17 por ciento) en las cantidades exportadas, que se enviaron en su mayoría a China, Estados Unidos, Holanda e Italia. Lo anterior, según el gobierno, es el resultado de una política de “confianza inversionista” que ha llevado al país a una invasión del capital transnacional minero.

Según el informe sobre política monetaria y cambiaria de 2010 del Banco de la República, el flujo neto por IED en la economía colombiana el año pasado fue de 6.760 millones de dólares (el 2,4 por ciento del PIB), concentrado principalmente en las actividades de petróleo y minería que, juntas, absorbieron el 72,7 por ciento (4.917 millones de dólares) de los aportes del capital extranjero.

Política minera y empresas transnacionales

Para la consecución de las metas establecidas en 2005 en política minera se ha puesto en práctica una serie de medidas (reformas legislativas) y estructuras (distritos mineros) que, de la mano de la legislación vigente en la materia, han logrado atraer capitales transnacionales, fundamentalmente de Canadá (52,7 por ciento), Sudáfrica (24,4), Suiza (9,8) y Estados Unidos (6,3 por ciento), que en 2009 concentraron las mayores inversiones en el sector, seguidos de países como Australia, Brasil e Inglaterra que, juntos, sumaban alrededor del 6,8 por ciento.

Por su parte, en el mes de diciembre de 2009, la International Resources Investment Corporation (IRIC) de Canadá entregó un informe para el gobierno de Colombia en el que planteó que “cualquier cambio negativo en las políticas mineras/tributarias puede tener serias consecuencias económicas que irían en detrimento de la inversión y de lo que se pretende dentro de la política de mejoramiento de la productividad y competitividad del sector minero colombiano”  [3]. Esta cuestión fue acatada por el gobierno y concuerda con la reforma del Código de Minas en 2010 (Ley 1382)  [4], que favorece abiertamente a la gran minería y permite, entre otras cosas, la integración de títulos mineros con un solo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Trabajos y Obras (PTO). Estas cuestiones, en la práctica, sólo se pueden realizar con altas inversiones económicas, a las que difícilmente pueden acceder comunidades y pequeños o medianos empresarios que dependen de esta actividad.

Sin embargo, la discusión no se puede restringir a un asunto de acceso por parte de capitales nacionales (pequeños y medianos) al sector. Aunque el primer paso es retomar la soberanía sobre los recursos minerales, no es suficiente en la medida en que quedan muchas cuestiones sueltas que la producción nacional(izada) no resuelve. Nos referimos a los impactos ambientales, a los económico-culturales y a los impactos sobre la salud.

En cuanto a los primeros, hay que destacar que la minería es una actividad destructiva en sí misma y que resulta imposible restaurar acuíferos contaminados o zonas de recarga destruidas, así como paisajes. Por otro lado, mediante este modelo de desarrollo se pretende que la economía colombiana dependa sustancialmente de la minería, algo que llevaría a que miles de personas cambiasen su vocación productiva, pasando por ejemplo de ser campesinos “libres” a mineros dependientes y precarizados laboralmente. Los impactos sobre la salud y la calidad de vida, por último, son bien conocidos, máxime cuando estamos frente a una política que favorece la gran minería, que, mezclada con el corrupto y privatizado sistema de salud, llevaría a la muerte a miles de colombianos, fundamentalmente a las personas empobrecidas.

Las resistencias

Las alarmas en el interior de grupos organizados de afrodescendientes, campesinado, indígenas y algunas comunidades urbanas hoy están encendidas por la amenaza que se cierne sobre sus territorios y sus vidas a causa del proyecto minero y de la militarización. Sin embargo, con excepción de la gran minería, presente desde hace décadas en el departamento de la Guajira y La Jagua de Ibirico (por las que Colombia es el cuarto productor mundial de carbón), así como de Cerromatoso en el departamento de Córdoba (por la que el país es el tercer productor mundial de níquel y cuarto de ferroníquel), productivamente nos encontramos en un momento de exploración con baja explotación de minerales por parte de transnacionales, incluso seis años después de expedida la política de Estado minera y de la implementación de la estrategia de RST. De ahí que la organización política y social para enfrentar la minería transnacional sea tan incipiente como el estado de los proyectos de explotación: estamos en el comienzo del conflicto. De las recientes inversiones extranjeras para minería que están ad portas de iniciar el proceso de explotación sobresale el proyecto La Bodega, de la canadiense Ventana Goldcorp, que, en el departamento de Santander (noreste), espera comenzar la explotación de las 3,5 millones de onzas de oro inferidas a finales del 2012, con una producción anual de 301 mil onzas durante los primeros seis años y una vida de mina de catorce años  [5].

Algo similar sucede con la alianza y fusión de capitales de la sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) y la canadiense B2Gold Corp., quienes firmaron en febrero de 2008 un acuerdo de entendimiento vinculante consistente en la adquisición por parte de la B2Gold de derechos sobre algunos proyectos mineros de la sudafricana. La peligrosa alianza para el bienestar de las comunidades se concentra en los proyectos mineros de Gramalote, Quebradona y Miraflorez  [6], todos en contratos de riesgo compartido (joint venture) con la AGA. “Las pruebas metalúrgicas iniciales indican que en Gramalote se puede trabajar con los procesos tecnológicos de lixiviación con cianuro”  [7]. En el caso del proyecto Quebradona, “el programa de exploración tiene por objeto determinar la posible existencia de depósitos de oro de bajo grado con un gran tonelaje que pudieran ser susceptibles de explotación minera a cielo abierto y de técnicas de extracción mineral a bajo costo”  [8].

Las demás empresas (Golden Amera, CVS Exploration, Greystar, Coalcorp Mining Inc, Barrick Gold Corp, Río Tinto Limited, Cambridge Mineral Resources, De Beira Goldfields, Muriel Mining, Colombia Goldfields y Antofagasta o Vale do Rio) continúan valorizando sus títulos, mientras avanzan en los PTO que ordena la legislación minera, al tiempo que “desgastan” la resistencia. No tienen prisa. Su capital en las bolsas internacionales sigue reproduciéndose aun sin actividades de explotación.

En este contexto, la discusión desde los sectores económicos y sociales organizados que se oponen a esta política del gobierno y a la consecuente persecución política a las comunidades en medio de la militarización, han convergido en torno a la soberanía nacional como una de las primeras (y más necesarias) medidas para hacer frente las transnacionales.

De ahí que hoy confluyan en torno a la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME) decenas de organizaciones que hacen minería artesanal, esto es, sin ninguna ayuda mecánica  [9]; otras que no son tan intensivas en capital pero sí en mano de obra, que podríamos llamar pequeña minería; y otras con una mayor inversión económica y un área de intervención mayor a la anterior, que podríamos denominar mediana minería. Se pueden identificar, por tanto, comunidades, pequeños y medianos empresarios que, en este caso, están organizados para hacerle frente a la gran minería que impulsa el gobierno colombiano. Unos lo están porque sus lógicas comunitarias, culturales y territoriales, ligadas a lo ancestral, están juego, y otros, no menos valerosos, quizás porque sienten que su economía privada y sus niveles de consumo se encuentran en peligro.

A largo plazo

Alrededor de este frente social de resistencia a la minería transnacional también se puede observar una visión económica distinta y una lucha estratégica (a largo plazo) contra el capital financiero y transnacional. Es decir, un planteamiento que permita que comunidades empresariales y rurales que dependen de esta actividad (al estilo de las teorías de la década de 1960 o de tipo neo-keynesiano, que no cuestionan al capitalismo sino que buscan mantenerlo “regulado”, sometido a reglas que atenúen sus impactos, que pretenden “humanizarlo” con reglas de justicia económica y redistribución) puedan trascender la lógica extractiva y se replanteen otros caminos para la realización del desarrollo humano y el buen vivir.

Estas posturas, que están más por la defensa del negocio minero privado que del territorio, la autonomía comunitaria, la soberanía alimentaria o la sustentabilidad, están en constante tensión dentro de RECLAME y, en el marco del discurso por la soberanía, no evidencian ni resuelven la exclusión socioeconómica, ni los impactos negativos de la industria extractiva, es decir, la base de la dominación del capital y de la visión hegemónica del desarrollo. Por otro lado, tampoco reivindican el derecho de las comunidades a la participación directa y decisoria sobre los proyectos extractivos que se desarrollan en sus territorios.

La lógica extractiva en la que se asienta la estructura del capital encuentra en el sector de minas el espacio para favorecer la acumulación privada en manos de empresas transnacionales. Ellas son las dueñas mundiales del negocio, y de esta situación no escapa Colombia, que limita al máximo lógicas cooperativas y de asociación colectiva por, entre otras cosas, los altos niveles de inversión sobre los cuales está diseñada la política minera.

Esta es la discusión central: ¿cómo garantizamos nuestros derechos colectivos creando caminos que se aparten de las lógicas del capital? Avanzar a fondo en la crítica a la doctrina economicista del desarrollo hegemónico es parte de la tarea del movimiento social que le hace frente a la gran minería transnacional, así como establecer otros tipos y formas de propiedad sobre los medios de producción y distribución, y restringir, así, las posibilidades de apropiación privada de lo colectivo y de lo público.

*Andrés Idárraga Franco es abogado, docente universitario e investigador de la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular del Instituto Nacional Sindical (CEDINS) de Colombia.


Notas

[1] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Ministerio de Minas y Energía, 2010.

[2] Banco de la República de Colombia, Evolución de la balanza de pagos en 2010 . Disponible en: http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_inf_bala.htm .

[3] IRIC: Apoyar la política de mejoramiento de la productividad y competitividad del sector minero colombiano, 2009.

[4] Días antes de terminar este escrito, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional dicha ley por no haberse consultado con las comunidades afrodescendientes e indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT, con efectos tan sólo a partir del año 2012, lo que le da tiempo suficiente al gobierno para crear otra ley que contenga este requisito.

[5] La compañía fue creada en el año 2006 bajo el nombre de Widcat Silver Corporation. El 14 de febrero de este año, el multimillonario brasileño Eike Batista adquirió por medio de su empresa AUX Canada Acquisitions Inc. el 80 por ciento de la Ventana Goldcorp (ya era dueño del 20 por ciento).

[6] Gramalote está aproximadamente a 230 km del noroeste de Bogotá y a unos 80 km al noreste de Medellín, capital regional del departamento de Antioquia. La propiedad de oro Quebradona se encuentra aproximadamente a 220 km al noroeste de Bogotá y a unos 60 km al sur-suroeste de Medellín. La propiedad de oro Miraflores está aproximadamente localizada a 190 km al oeste-noroeste de Bogotá y a unos 55 km al norte de Pereira, la capital regional del departamento de Risaralda.

[7] B2Gold, El nuevo jugador en el sector del oro, 2008. Disponible en: www.b2gold.com/uploads/brochure/04-01-08_Spanish.pdf.

[8] Ver cita 7.

[9] La ley 1382 delimitó la minería artesanal a aquella que se denomina barequeo. Consiste en extraer minerales con una técnica artesanal, con bateas a la orilla de los ríos, en no más de 200 metros de longitud y con una producción máxima de 10 metros cúbicos. Cualquier actividad minera que supere estas dimensiones y requisitos no se considera artesanal.

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2230

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18 agosto 2011 4 18 /08 /agosto /2011 20:49

http://actualidad.rt.com/images/publications/40/slide_issue_28266.jpg

La compañía petrolera Royal Dutch Shell intenta contener la fuga de petróleo de un oleoducto en el mar del Norte.

Hasta el momento no se ha determinado la cantidad del petróleo ya vertido en el agua. El derrame fue detectado en una tubería que une la plataforma Gannet Alpha con un pozo petrolífero situados a unos 180 kilómetros de la costa escocesa.

Un portavoz de Shell ha informado de que están empleando un barco especializado en derrames y un avión para observar la mancha del petróleo en la superficie del mar.

Asimismoo comunicó que la principal preocupación de Shell ahora es el impacto medioambiental del incidente.

En el año 2010, el derrame de petróleo en una plataforma explotada por British Petroleum en el Golfo de México se convirtió en la mayor catástrofe ecológica de la historia de Estados Unidos.

 



Articulo completo en:http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/issue_28266.html

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18 agosto 2011 4 18 /08 /agosto /2011 20:42

http://2.bp.blogspot.com/-6oF45PxbAQ0/Tkug_nAzxvI/AAAAAAAAE18/CheEXJ6hm18/s400/glaciar-perito-moreno-1.jpg

 

Miles de glaciares patagónicos, uno de los principales atractivos turísticos de Argentina, podrían desaparecer en tan solo 50 años. Estos datos alarmantes fueron revelados en un reciente foro internacional sobre el cambio climático, celebrado en este país latinoamericano.

Gregorio 'Nuno' Mancilla es hoy uno de los pobladores más antiguos del Parque Nacional los Glaciares, en el sur argentino. Incluso una calle de Calafate lleva su nombre en su honor. La casa donde se crió este vecino miraba a los glaciares, de ahí su pasión por ellos.

'Nuno' cuenta: "Yo vi siempre la existencia de los glaciares como una evolución natural. Recuerdo muy bien cuando tenía entre cinco o seis años, cuando vivía en esta zona. Tenía mi propio mirador en un barranco y desde allí miraba los témpanos. Para definirlo de alguna manera, yo abrí los ojos a la vida viendo el frente del glaciar Upsala, el frente del Moreno".

Pero el paisaje que vio 'Nuno' de pequeño no tiene nada de parecido con el paisaje actual. Precisamente el Glaciar Upsala es uno de los que más ha retrocedido en las últimas décadas.

Estas grandes masas heladas son uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia argentina y chilena. Miles de visitantes de todo el mundo llegan a la zona para ver este increíble espectáculo natural, que corre el riesgo de desaparecer.

Pero 'Nuno' atribuye estas modificaciones más al propio ciclo de vida del nevado que al calentamiento global o la actividad humana: "A mí no me sorprende para nada que el glaciar vaya perdiendo una gran cantidad de kilómetros a través de su lengua glaciaria porque es una evolución natural".

La visión de este apasionado observador coincide con la de algunos especialistas que atribuyen a fenómenos naturales el hecho de que el 70% de los hielos de la región latinoamericana esté en retroceso. Entre las hipótesis se mencionan, por ejemplo, los ciclos solares o las escasas precipitaciones en el área andina en las últimas décadas.

Eugenio Yermolin, glaciólogo del Instituto Antártico Argentino, explica: "En realidad la mayoría de las cosas que podrían afectar el avance o el retroceso de los glaciares son causas naturales. Por ejemplo, la erupción de un volcán podría dar todos los gases que podrían afectar el cambio climático y el efecto invernadero cien veces más que toda la actividad humana durante un año... toda".

Pero para la organización Greenpeace estos argumentos no son razones, sus miembros tienen otra teoría. Hernán Giardini, experto de Greenpeace Argentina, opina: "El retroceso que muestran los glaciares, si bien tiene un retroceso histórico, viene acelerado rápidamente en los últimos 100 o 200 años. Entonces ahí hay una relación directa con los gases de efecto invernadero". "El Estado argentino reconoce al impacto de los glaciares como parte del calentamiento global", indica.

Sea debido a procesos naturales o por la actividad humana, lo cierto es que por ejemplo el Chacaltaya, que durante 18.000 años reinó en los andes bolivianos, se ha derretido completamente hace apenas dos años. Junto a los casquetes polares, estos glaciares son las principales reservas de agua dulce que tiene el planeta, y la gran mayoría de ellos está hoy en retroceso.

En América Latina su desaparición afectaría significativamente a la disponibilidad de agua para la generación de electricidad, para la agricultura y para el consumo humano.

Si los hombres podemos hacer algo para evitarlo, aún estamos a tiempo.

 

 

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16 agosto 2011 2 16 /08 /agosto /2011 21:39

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Published by Ricardo Silva (Caio) - en Pachamama
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