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Comunicadores Charrúas

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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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5 noviembre 2010 5 05 /11 /noviembre /2010 00:44

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http://www.servindi.org/img//2006/06/Borraz.jpgPor Patricia Borraz*

La décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tuvo lugar en Nagoya (Japón) del 18 al 29 de octubre de 2010. En esta nota les hacemos llegar algunos enlaces para acceder a información relevante sobre el desarrollo y resultados de la COP en relación con los pueblos indígenas.

La COP tenía varios temas importantes en la agenda. En primer lugar, debía establecerse un nuevo Plan Estratégico y Metas en relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. La meta anterior, que preveía la disminución de la tasa de pérdida de la biodiversidad para el año 2010, no se ha alcanzado.

Los debates sobre el nuevo Plan fueron largos y acalorados, con muchos países contrarios a fijar metas demasiado ambiciosas o con fechas y porcentajes fijos para eludir la constatación de un nuevo fracaso, mientras que la sociedad civil y ciertas Partes proponían planes más ambiciosos y la necesidad de movilizar los necesarios recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo a cumplirlos.

La discusión sobre el Plan Estratégico y los recursos estaba además vinculada a la necesidad de poner en marcha mecanismos para el cumplimiento del tercer objetivo del CDB, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad.

En relación con este tema, desde 2002 se había planteado la necesidad de establecer una régimen internacional que regulara el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados, garantizando el control de los países de origen de los mismos (y de los pueblos indígenas o las comunidades locales poseedores) para acabar con la llamada biopiratería.

Los debates sobre cómo establecer dicha regulación llevaron a adoptar en la COP8 celebrada en Curitiba en 2006, un proceso dirigido por dos Copresidentes que fue desembocando en la negociación de un Protocolo internacional vinculante sobre el tema. Las negociaciones del Protocolo se aceleraron desde la COP9, celebrada en 2008 en Bonn, en especial en este último año.

Como resultado, se terminó de elaborar y negociar en Nagoya el nuevo Protocolo de acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios, uno de los logros más esperados de esta COP10, que finalmente lo adoptó en la plenaria de clausura ya en la madrugada del sábado 30 de octubre.

Varios países expresaron su desilusión sobre el instrumento final, señalando sus limitaciones, pero expresaron que no deseaban bloquear el consenso y que intentarían convertirlo en un isntrumento efectivo en su aplicación.

El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) expresó que los derechos indígenas no son suficientemente reconocidos en el Protocolo y que será necesario que los mismos se respeten en el desarrollo de las legislaciones nacionales sobre acceso y participación en los beneficios.

Además de estos resultados, la COP ha adoptado nuevas decisiones sobre sus distintos programas de trabajo temáticos y transversales, que incluyen temas tan diversos como el artículo 8(j) sobre conocimientos tradicionales, la biodiversidad agrícola, la diversidad marina y costera, las áreas protegidas, la biodiversidad y el cambio climático (con fuertes discusiones sobre cuestiones como las relaciones con el proceso de la CMNUCC o los biocombustibles), las aguas continentales o la biodiversidad de las tierras áridas.

En la COP participó un nutrido grupo de representantes indígenas de todas las regiones del mundo, mayoritariamente articulados en el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB). El FIIB celebró una reunión preparatoria, varios eventos paralelos y ruedas de prensa y participó en las largas negociaciones sobre las decisiones, consiguiendo la inclusión en las mismas de aspectos de interés para los pueblos indígenas.

En los siguientes vínculos pueden encontrar información complementaria sobre las dos intensas semanas de la COP. Más adelante les haremos llegar más información en relación con el proceso y contenidos del Protocolo de acceso.

- Si desean seguir algunas de las sesiones, incluido el plenario de clausura, pueden acceder a las mismas en: http://webcast.cop10.go.jp/player.asp?id=2921&type=ondemand (declaración de clausura del FIIB a Declaración del apertura del FIIB en español en http://webcast.cop10.go.jp/(minuto 56′ 30)

- Texto en: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/18/pueblos-indigenas-–-fiib-cop-10-declaracion-de-apertura/

- Conferencia de prensa del FIIB del 28 de octubre: http://webcast.cop10.go.jp/player.asp?id=2822&type=ondemand

- Conferencia de prensa sobre la posición de Canadá en ABS: http://webcast.cop10.go.jp/

- Intervenciones, fotos y declaraciones del FIIB en: http://iifb.indigenousportal.com/

- Declaración del FIIB en el segmento ministerial de alto nivel:http://webcast.cop10.go.jp/player.asp?id=2803&type=ondemand (minuto 57′ 23)

- Conferencia de prensa FIIB 25 de octubre: http://webcast.cop10.go.jp/player.asp?id=2522&type=ondemand

-Declaración de apertura del FIIB: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/18/cop-10-opening-statement-of-iifb/

- Declaración del FIIB sobre Plan Estratégico:http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/19/statement-concerning-agenda-item-4-2-revised-strategic-plan-biodiversity-target-and-indicators/

- Declaración del FIIB sobre biodiversidad marina y costera:http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/19/iifb-statement-on-agenda-item-5-2-marine-and-coastal-biodiversity-2/

- Declaración del FIIB sobre financiación: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/19/iifb-statement-on-agenda-item-4-4-strategy-for-resource-mobilization-and-4-10-financial-mechanism/

- Recepción del FIIB: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/20/indigenous-peoples-reception-hosted-by-iifb-photos-from-jason-pan/

- Declaración del FIIB sobre CEPA: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/20/international-indigenous-forum-on-biodiversity-iifb-statement-on-agenda-item-no-4-8-communication-education-and-public-awareness/

- Declaración del FIIB sobre áreas protegidas: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/20/iifb-agenda-item-5-4-protected-areas/

- Declaración del FIIB sobre bosques: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/20/iifb-statement-on-agenda-item-6-3-forest-biodiversity/

- Declaración del FIIB sobre caza: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/21/iifb-statement-on-bushmeat/

- Declaración del FIIB sobre cambio climático: http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/21/iifb-agenda-item-5-6-biodiversity-and-climate-change/

- Declaración del FIIB sobre conocimientos tradicionales:http://iifb.indigenousportal.com/2010/10/21/iifb-agenda-item-6-7-%E2%80%93-article-8j-and-related-provisions/

- Los documentos de la COP e información oficial sobre el desarrollo de la misma están disponibles en: www.cbd.int/cop10

- El seguimiento diario de la COP10 en el Earth Negotiations Bulletin puede descargarse en:http://www.iisd.ca/biodiv/cop10/ (disponible también en español).

*Patricia Borraz pertenece al Grupo de Trabajo Intercultural Almáciga de España.

Bernardino García Abuelo Charrúa, cuenta ABITAB 17508

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5 noviembre 2010 5 05 /11 /noviembre /2010 00:27

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http://e.elcomercio.pe/66/ima/0/0/1/0/9/109118.jpgPor Aldo Santos

 

4 de noviembre, 2010.- Mayor desarrollo, compensaciones justas, mejores condiciones de vida, crecimiento económico, son algunos de los argumentos empleados para justificar los grandes proyectos que se vienen implementando en el Perú y otros países del mundo; proyectos que, más allá de las fronteras geográficas, parecen repetir el mismo libreto. Y es que el “desarrollo” y el “interés nacional”, se han convertido, para muchos, en una amenaza perversa que lo destruye todo a su paso.

Por lo menos así se ve en Temaca, un poblado cuyos orígenes se remontan al año 1321 cuando Cazcanes y Tecuexes dominaban el territorio. Posteriormente este poblado fue testigo de los principales acontecimientos que dieron forma a la nación mexicana. Hoy sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería, actividades que aún mantienen, pese a la migración de muchos de ellos a ciudades industrializadas como Guadalajara, León, México DF, o a los Estados Unidos.

Las calles de Temaca casi pueden gritar a través de los cientos de carteles y pintas que aparecen en los exteriores de las viviendas: “No a la presa del Zapotillo”, proyecto que inundaría al asentamiento ubicado a 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Guadalajara y con él “su historia y la vida del pueblo”, según Abigaíl Agredano, presidenta del Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

El Comité y el conjunto de la comunidad han emprendido, hace poco más de dos años, una lucha sin cuartel en contra de la represa pero las respuestas del gobierno mexicano han sido poco alentadoras; ello sumado a que una minoría de vecinos y vecinas de la comunidad han aceptado los ofrecimientos de la empresa.

No obstante, “Temacapulín no está solo”, añade Teresa Lazo, coordinadora de un Observatorio de Conflictos Ambientales en Colombia que desde hace algunos años viene acompañando al movimiento de afectados por represas en su país y ha podido constatar los graves efectos sociales y ambientales que padecen las cientos de familias desplazadas o reubicadas, luego de la construcción de represas en Colombia y en otros lugares de América Latina.

Temaca también ha recibido el apoyo de artistas, músicos e intelectuales, así como un masivo respaldo de organizaciones y colectivos mexicanos que han difundido la posición de los vecinos y vecinas en las principales ciudades mexicanas.

Los impactos ambientales y sociales negativos que han sido recogidos en un extenso informe de la Comisión Mundial de Represas -que detalla la afectación que ocasiona la construcción de los grandes proyectos de represamiento de agua-, parecen tener un común denominador, que es incrementar el nivel de pobreza de los afectados.

Quizá una de las causas para que miles de kilómetros al sur, las poblaciones asentadas en las márgenes del río Inambari, en Puno, se hayan opuesto radicalmente al megaproyecto hidroeléctrico promovido por el consorcio brasilero EGASUR es por la incertidumbre que genera y por no presentarse como una garantía de desarrollo sostenible y de mejora de su calidad de vida.

Organizaciones como el Movimiento de Afectados por Represas en Brasil, calcula que los impactos se proyectan a las próximas generaciones, ya que las experiencias de reubicación y el no pago de compensaciones justas, sumado a los impactos sobre los ríos, han generado un gran movimiento de rechazo y desconfianza para con este tipo de obras.

Al igual que en Temaca, las respuestas tampoco han sido favorables para el Frente de Defensa de los Intereses de San Gabán, que desde el otorgamiento de la concesión temporal a EGASUR ha emprendido un tortuoso camino de oposición al megaproyecto, cuya objetivo parece ser la satisfacción de la creciente demanda energética brasilera.

En Inambari y Temaca, los proyectos han despertado el miedo de perderlo todo, ya que los afectados no pueden responder con certeza la pregunta de si sería posible cambiar sus vidas y sus actividades económicas de un año a otro, ni tampoco saber de qué manera estos proyectos pueden beneficiarlos. Responder la pregunta sobre cuál es el precio del desarrollo y quién paga los costos del mismo es imprescindible ante la “moda mundial” de los megaproyectos, y ésta no es contestada ni por los Estados ni por las empresas.

Nota: Se agradecen los comentarios de Javier Torres.

Fuente: Artículo publicado en la revista Cabildo Abierto. Nro 53. Octubre 2010. Puno. Asociación SER. Noticias SER

Bernardino García Abuelo Charrúa, cuenta ABITAB 17508

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5 noviembre 2010 5 05 /11 /noviembre /2010 00:18

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http://www.servindi.org/img//2010/11/Daysi_Zapata_3Nov2010.jpgDaysi Zapata Fasabi, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció al Estado peruano por violar los derechos de las comunidades indígenas y exigió que adopte pasos concretos antes de recibir fondos para su estrategia de cambio climático.

 

Así lo demandó la lideresa Daysi Zapata en Washington D.C., Estados Unidos, en reuniones sostenidas con el Fondo Cooperativo para los Bosques Tropicales (FCPF, para su siglas en inglés), uno de los mecanismos de cambio climático dentro del Banco Mundial.

La presencia de la representante de la etnia Yine coincidió con la presentación de una delegación del Ministerio del Ambiente del Perú que presentó un borrador para recibir $3.4 millones de dólares para financiar actividades de mitigación del cambio climático.

Una de las principales estrategias de dicho plan es la Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero por Deforestación y Degradación de bosques tropicales (REDD).

Daysi fundamentó dos documentos públicos suscritos por la organización indígena amazónica de Perú en la que demanda una serie de exigencias concretas como la aprobación de la “Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas”.

La aprobación de esta norma sería la primera etapa hacia la formulación de medidas concretas para asegurar el derecho al consentimiento previo e informado sobre los diversos proyectos que involucran a los territorios indígenas.

“Ninguna política ni proyectos REDD o sobre bosques o servicios ambientales, es viable en el Perú ni tendrá estabilidad o sostenibilidad social, si no se soluciona antes, la grave deuda social que el estado tiene para el saneamiento territorial de los pueblos indígenas” señala uno de los documentos.

En el comunicado también exige que se reconozcan los derechos territoriales de las comunidades autóctonas y, en particular, el saneamiento legal de las tierras ocupadas o solicitadas por los indígenas, que abarcan más de ocho millones de hectáreas.

Entre las tierras mencionadas figuran centenares de comunidades “posesionarias” e “invisibilizadas”, 347 comunidades reconocidas pero no tituladas, ocho reservas comunales bajo administración comunitaria y cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario.

En el documento, AIDESEP también exige el análisis previo de viabilidad de los proyectos sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REED).

Incongruencia politica

La organización indígena considera incoherente que, por un lado, el Estado peruano promueva la supuesta conservación de los bosques y, por otro, incentive proyectos de hidrocarburos, concesiones mineras, hidroenergéticos y viales que ocasionan grandes impactos en territorios indígenas.

En otra parte del documento se exige transparencia en la información sobre las invasiones mineras, petroleras, madereras, represas, carreteras, agrocombustibles y sus impactos ambientales y sociales, que desestabilizarán cualquier estrategia REDD.

En ese sentido exigen condicionar la continuidad de este proceso en el Perú a la promulgación de la ley de consulta previa, el saneamiento territorial de los indígenas, el establecimiento de una institucionalidad estatal sobre pueblos indígenas autónoma y transectorial y bajo conducción indígena, entre otros.

Finalmente, AIDESEP denuncia que mientras el gobierno peruano informa que dialoga y consulta con los pueblos indígenas, en realidad impulsa procesos legales contra docenas de líderes indígenas, incluida la propia dirigenta Daysi Zapata.

“Posiblemente pueden salir órdenes de captura para casi todos los líderes amazónicos en estas semanas. Es decir, mientras los funcionarios del Estado me saludan, allí en el Perú nos pretenden encarcelar, en una muestra clara de la tendencia hacía la criminalización de la protesta social legítima y no-violenta”, expresó Zapata.

Carta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

Lima, 30 de octubre del 2010

Señores

Banco Mundial, Fondo Cooperativo para el carbono en los bosques (FCPF), Panel Técnico Asesor (TAP), Ministerio del Ambiente (MINAM) y entidades vinculadas al proceso REDD

De nuestra consideración :

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra disconformidad, opinión y propuestas sobre el proceso REDD en el Perú, el informe preparatoria sobre REDD (RPP) 2da. Versión del MINAM (RPP2), y el informe de evaluación del mismo (TAP), indicando entre paréntesis las secciones específicas en cada documento.

1. En el Perú, hay grandes diferencias entre la retórica del Estado y sus acciones concretas en relación a los pueblos indígenas. Se juega con las “apariencias” de haber ratificado el Convenio 169-OIT (TAP, 2.d), la preparación de una “ley de consulta previa”, “que incorpore la cosmovisión indígena” (RPP2: pp.9,29,33,71) y otra de ley forestal “progresiva” ; el rol del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) (TAP, 1.a) y los “importantes” resultados de las cuatro mesas de diálogo (RPP2, p.30).

Pero la realidad es muy distinta: el Estado no quiere cumplir el convenio 169-OIT; avala la invasión de la amazonía por petroleras (50 millones Has), mineras (20 millones Has) y madereras (18 millones has) y su agresión a los bosques y nuestros pueblos; la ley de consulta previa está bloqueada , luego de aprobarse un texto el 19.05.10 por el congreso nacional (y que tuvo respaldo indígena), se negaron a promulgarla y le han hecho recortes que desnaturalizan la propia consulta (solo sobre afectaciones directas no las indirectas; para áreas en propiedad, donde no entran los bosques y otras mediatizaciones); el proyecto de ley forestal se dedica a dar más beneficios a las grandes concesiones madereras y margina el manejo indígena de bosques; la única entidad estatal para asuntos indígenas, el INDEPA, ha sido desaparecida y diluida en un genérico “Ministerio de Cultura”; y los resultados de las mesas de diálogo (RPP2, p. 30), no fueron siquiera suscritos ni recibidos ni respetados por el propio gobierno.

Todo esto es continuidad del enfoque del “Perro del Hortelano” (28.10.2007) firmado por el Presidente de la República, en el cual los pueblos indígenas resultamos como “pobres improductivos, ociosos, demagogos y parte del pasado nunca del futuro”, y del cual no hay autocrítica alguna, y que ha provocado una denuncia de “racismo estatal institucionalizado” ante la Comisión para la Erradicación de la Descriminación Racial (CERD) de la ONU.

Lamentamos que el RPP2 siga ese juego de apariencias y que el TAP no se haya dado cuenta plenamente de estos engaños, aunque los intuye cuando el TAP reclama más información sobre temas críticos que no por casualidad se eludieron en el RPP2 : posibles “inconsistencias sectoriales” (2.b,iv) y el rol de los Ministerios de, Economía y Energía y Minas (1.a) que son los más depredadores, porque impulsan el aluvión de proyectos energéticos y extractivistas; el reclamo de “falta la participación de AIDESEP en los acuerdos REDD” (1.a); más “información del rol de COFOPRI” (1.a) sobre el cual el RPP2 confunde al decir que está “a cargo del saneamiento territorial indígena” (RPP2, p.20), cuando en realidad, es una entidad rechazada por intentar dividir y fraccionar los títulos comunitarios y por su corrupción interna; y al pedir más detalles de la “ley de consulta ” (1.b) que como vimos es en realidad de “anti” consulta y que viola el convenio 169-OIT.

2. Ninguna política ni proyectos REDD o sobre bosques o servicios ambientales, es viable en el Perú ni tendrá estabilidad o sostenibilidad social, si no se soluciona ANTES, la grave deuda social que el estado tiene para el saneamiento territorial de los pueblos indígenas. El TAP se equivoca (1.b) al decir “que es difícil” atender esto, y que se trata de diversas “visiones”. Ni lo uno ni lo otro. Son obligaciones estatales y son fáciles de atender si hubiera voluntad política; y por lo cual, haremos demandas judiciales (incluyendo la Corte Interamericana Derechos Humanos de la OEA) ya que es inadmisible y jamás aceptaremos que se superpongan proyectos e inversiones (REDD, forestales, servicios ambientales) encima de las áreas ocupadas o solicitadas por los pueblos indígenas y que abarcan más de ocho millones de Hás. y que incluyen a: centenares de comunidades “posesionarias” e invisibilizadas; 347 comunidades reconocidas pero no tituladas; ocho reservas comunales (áreas protegidas bajo administración de comunidades) por 3’822,425.67 hás : Napo Curaray, Tigre Corrientes, Chambira, Inuya-Tahuania, Tamaya Caco, Yurúa, Huimeki, Aido Pai; y cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento : Napo Tigre, Yavari Mirim, Tapiche Blanco Yaquerana, Sierra del Divisor Occidental, Cacataibo, por 3’971,569.18 hás.; todas ellas con estudios culminados y que el Estado (SERNANP, MINAM, MINAG) se niega a solucionar.

Por eso es que en el principal programa del RPP2 “de conservación de bosques” (RPP2, p.59 ) NO FIGURA el saneamiento anteriormente señalado, pero si darle a las concesiones madereras (varias de ellas con prácticas depredadoras) 10 176. 973,79 has. adicionales a los 7 849.321,12 has. que ya tienen. El Informe TAP se acerca a descubrir este grave problema, al pedir aclaraciones sobre los 17,2 millones has de bosques “no catalogados” y la posibilidad de “superposiciones” (2.a)

3. AIDESEP ha participado en los debates preparatorios del RPP2, diciendo todo lo anterior, y sin embargo, no se ha recogido en el informe RPP2, salvo de modo marginal, y además las organizaciones indígenas/campesinas andinas no han sido siquiera convocadas; con lo cual, se convierte en una participación indígena también retórica, para seguir el juego de apariencias, pero sin voluntad política real de tomar seriamente en cuenta nuestras propuestas sobre REDD, las cuales volvemos a resumir y que el Estado sigue sin escuchar :

a) Los GEI deben reducirse drásticamente y respetando el protocolo de Kyoto, y es inmoral que el REDD sirva para eludir, esconder o proteger, esta agresión a todas las formas de vida en el planeta, de la cual el Perú será el tercer país más destruido; mientras el Estado “fomenta” los REDD a cargo de multinacionales petroleras que seguirán contaminando (RPP2, p.62)

b) REDD no debe servir para fomentar plantaciones de monocultivos, ni más concesiones madereras, ni más áreas (mal) “protegidas”, reduciendo los territorios de los pueblos indígenas

c) En todas las políticas, proyectos y contratos REDD debe colocarse al Convenio 169-OIT y Declaración ONU de derechos indígenas, como base jurídica predominante y no el de los beneficios a la inversión.

d) No es viable ninguna forma de REDD sin solucionar la condición previa del saneamiento territorial pendiente del Estado sobre comunidades “posesionarias”, ampliaciones y reservas comunales y territoriales. En el RPP2 se presenta un presupuesto para el “Readiness” por $ 9’635,190 (p.15) pero no hay un centavo para este problema territorial, a pesar de reconocerlo como un “aspecto crítico” (p.75) y parte de “agenda indígena pendiente” (p.155)

e) Cooperación para una visión holística de los bosques, que valore no solo la captura de carbono, sino la integralidad de los servicios ecosistémicos (biodiversidad, agua, suelos, clima, paisaje) sin el manipuleo de los “mercados financieros” y reconociendo que los bosques que llegan vivos al siglo 21 es por la gestión territorial indígena.

f) La relación entre entidades financieras y pueblos indígenas debe ser directa, sin intermediarios, equitativa, transparente, respetuosa de los derechos indígenas, y evitando toda forma de divisionismo y clientelismo

Los enfoques actuales del REDD en el Perú no ofrecen garantías para los derechos y propuestas indígenas señaladas, e incluso violan, no solo el Convenio 169, arts. 6 (consulta previa), 7 (estrategias propias de desarrollo), 14 (garantizar propiedad de tierras ocupadas, sino la propia Política Operacional (OP) 4.10 del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas, en especial los ítems 2.c (participación en decisiones), 8.a (asegurar reconocimiento de tierras indígenas) y 11 (aprobación de instrumentos sobre demandas indígenas).

Por ello, el informe TAP debe corregir su impresión de que en Perú : “los indígenas fueron consultados y sus preocupaciones clave han sido recogidas” (resumen); y que el “desarrollo del REDD les resulta atractivo” (1.b), sino todo lo contrario, nos genera malestar, desconfianza y rechazo a ese juego de “apariencias” con los pueblos indígenas, y querer usarlos hasta que ingresen los fondos REDD, para ser nuevamente excluidos del “marco institucional REDD” propuesto (RPP2, p.103) y en el Organo de Coordinación de Bosques y REDD- OCBR (RPP,p.25),

El MINAM sigue sin responder a nuestros cuestionamientos de fondo, y desvía la atención diciendo que AIDESEP ha cuestionado una versión anterior del RPP2, la del 10.09.10 y no la del 13.09.10. Una vez más, juegos burocráticos, porque la funcionaria a cargo informó que el texto del 10 de setiembre era el final (ver correo del 7 Sep 2010 16:37:01 -0500, Subject: Segundo Borrador R-PP, de egomezrivero@gmail.com), y al final, ambos textos difieren solo en la forma y cifras presupuestales, pero mantienen los mismos enfoques que seguiremos cuestionando.

4. Finalmente, por todo lo expuesto, AIDESEP con la legitimidad de articular 63 organizaciones locales amazónicas que asocian 1350 comunidades indígenas con títulos de propiedad sobre 10’731,014.89 has.; alcanzamos las siguientes propuestas a las entidades que se indican :

Al equipo evaluador TAP, FCPF, Banco Mundial:

Modificar el informe TAP en las secciones que hemos observado y mantener sus recomendaciones sobre resolución de conflictos y participación indígena en monitoreo (1.b), superposiciones de tierras (2.a), inconsistencias con políticas sectoriales (2.b,iv), solución de conflictos socio ambientales (2.d) , participación indígena en sistema de control (4.b). Exigir transparencia en la información sobre la invasión minera (proyectos por $41,000 millones), petrolera, maderera, represas (proyectos por $16,000 millones), carreteras, agrocombustibles, y sus impactos ambientales y sociales, que desestabilizarán cualquier estrategia REDD. Condicionar la continuidad del proceso REDD en Perú a la promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, con respaldo indígena (ya dado a la ley aprobada por el congreso nacional el 19.05.10);

el saneamiento territorial indígena pendiente y que esta cuestión deje de ser excluida (RPP2, p.37) y se incluya su solución en detalle en el RPP final; que las alternativas indígenas sobre el REDD-Perú sean discutidas detalladamente en las nuevas versiones del RPP; y al establecimiento de una institucionalidad estatal sobre pueblos indígenas (hoy desaparecida) que sea autónoma, transectorial y bajo conducción indígena. Plena aplicación de la OP 4.10 del Banco Mundial en el RPP-Perú y por tanto solución a las demandas, condiciones previas y alternativas de AIDESEP en salvaguarda de los derechos indígenas.

A las entidades vinculadas al proceso REDD en Perú:

Tomar nota de que no habrá viabilidad ni sostenibilidad a ninguna inversión REDD en Perú sin saneamiento territorial previo y ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Considerando las incertidumbres y rechazos a un REDD con mercado de carbono y con conflictos indígenas, avanzar en construir una alternativa de cooperación con visión holística, no mercantil, de los bosques y de pleno respeto a los derechos, culturas y organizaciones indígenas. Si el actual REDD no es posible ser reorientado, será inviable y habrá que construir otras formas de cooperación y alianzas para garantizar la continuidad de todas las formas de vida.

Quedamos a la espera de las respuestas del TAP, FCPF, Banco Mundial, y de las entidades vinculadas al proceso REDD en Perú a las cuales se entregue la presente carta.

Daysi Zapata Fasabi
Vice Presidenta de AIDESEP

Tf. 51-1-4717118, fax 51-1-4724605, aidesep@aidesep.net.pe , www.aidesep.org.pe

Exposición de Daysi Zapata ante el Comité de Participantes del FCPF del Banco Mundial en Washington

3 de Noviembre del 2010

Primero, mucha gracias por darme el espacio para expresar la perspectiva de los pueblos indígenas amazónicos acerca del llamado RPP2 del Gobierno del Perú.

Desde AIDESEP, articulando a 63 organizaciones locales amazónicos que asocian 1350 comunidades indígenas, denunciamos que el proceso de preparación para REDD+ en el Perú ha violado y desconocido nuestros derechos.

El gobierno no ha tomado en cuenta nuestras propuestas, los cuales Uds pueden leer en los últimos dos documentos públicos de AIDESEP. Uno es este pronunciamiento que salió de unos talleres que organizamos la semana pasada con organizaciones de base y el segundo es esta carta que yo envié al Banco Mundial el lunes. Tenemos copias disponibles para todos en Español e Ingles.

Nuestras EXIGENCIAS fundamentales hacia el gobierno Peruano ahorita son:

1. Que se apruebe de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas” reconocido la del 19 de Mayo del presente año, como primera etapa hacia la formulación de medidas para asegurar nuestro derecho al consentimiento previo libre e informado.

Como dice nuestro pronunciamiento, sin territorios, derechos, y la consulta, no puede haber concesiones REDD, entre otras. Precisamente, la Ley de Consulta debe promulgarse antes de REDD, una Ley Forestal, o una Ley de Servicios Ambientales.

2. Que se reconozcan a nuestros derechos territoriales. En particular exigimos el saneamiento físico legal de las tierras en la Amazonía peruana.

Me refiero a las áreas ocupadas o solicitadas por los pueblos indígenas y que abarcan más de ocho millones de hectáreas y que incluyen a:

* Centenares de comunidades “posesionarias” e invisibilizadas;

* 347 comunidades reconocidas pero no tituladas;

* 8 reservas comunales son áreas protegidas bajo administración comunitaria; y

* 5 reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario.

3. Que haga un análisis previo de mejores alternativas. Exigimos análisis previa de la viabilidad de los proyectos REDD en el marco de los planes nacionales de integración energética e infraestructural.

Es incoherente que, por un lado, el Estado peruano promueva la supuesta conservación de los bosques a través de mecanismos como REDD+ y, por otro, promueva proyectos de grandes impactos socio ambiental que afectan directamente a territorios de PPII como actividades extractivas como hidrocarburos, concesiones mineras, y construcción de carreteras e hidroeléctricas.

Cabe mencionar que otro líder de AIDSEP, Henderson Rengifo del pueblo Achuar, estuvo acá en Washington la semana pasada para una audiencia de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, denunciando los atentados contra los derechos indígenas implicadas en toda la políticas energéticas y extractivas del estado.

Además, hay muchas otras PROPUESTAS concretas que detallamos en el pronunciamiento y la carta, entre las cuales quiero destacar las siguientes:

Pedimos al FCPF y al Banco Mundial de:

a. Exigir transparencia en la información sobre la invasión minera, petrolera, maderera, represas, carreteras, agrocombustibles, y sus impactos ambientales y sociales, que desestabilizarán cualquier estrategia REDD;

b. Condicionar la continuidad del proceso REDD en Perú a

* La promulgación de la ley de consulta previa, con respaldo indígena;

* El saneamiento territorial indígena pendiente y que se incluya su solución en detalle en el RPP final;

* Que las alternativas indígenas sobre el REDD-Perú sean discutidas detalladamente en las nuevas versiones del RPP;

* Al establecimiento de una institucionalidad estatal sobre pueblos indígenas (hoy desaparecida) que sea autónoma, transectorial y bajo conducción indígena;

* A la plena aplicación de la OP 4.10 del Banco Mundial en el RPP-Perú y por tanto solución a las demandas, condiciones previas y alternativas de AIDESEP en salvaguarda de los derechos indígenas.

En general pedimos que la consultación con los pueblos indígenas se tenga desde las primeras etapas del proceso REDD y no como se sugiere solo en la fase de implementación del R-PP.

Sobre el informe del TAP: Tenemos preocupaciones que están recogidas en mi carta y pedimos al TAP de Modificar el informe TAP en las secciones que hemos observado en la carta en partícula donde se evalúa positivamente el proceso de consultación con los pueblos indígenas, cosa que no corresponde a lo que ha pasado hasta ahora.

Quisiera también rogar al TAP que publique sus informes sobre el Perú en Español. Solo por el esfuerzo de nuestros aliados logramos leer el último informe y poder responderlo aquí. El Banco Mundial tiene que mostrar la transparencia que sugiere a los países.

Cabe mencionar que mientras el Gobierno peruano dice que está dialogando y consultando con los pueblos indígenas, en realidad está impulsando procesos legales contra docenas de líderes indígenas, mi persona incluida. Posiblemente pueden salir ordenes de captura para casi todo el liderazgo Amazónico en estas semanas. Es decir, mientras los funcionarios del estado me saludan aquí delante de Uds, allí en el Perú nos pretenden encarcelar, en una muestra clara de la tendencia hacía la criminalización de la protesta social legítima y no-violenta.

En conclusión: El lunes, durante la bienvenida que nos dio Laura Tuck, la Directora para Desarrollo Sostenible en America Latina, ella enfatizó la necesidad para que haya buena voluntad para que funcione REDD+. Es precisamente esta buena voluntad que no hemos visto por parte del gobierno Peruano. Es una buena voluntad que esperamos no solo para el bienestar de nosotros, los pueblos indígenas, sino también para los bosques tropicales del Perú y para la humanidad.

Estoy acá en Washington hasta el Sábado y tengo disponibilidad para sentarme con funcionarios del Banco Mundial para discutir estos temas en más detalle.

Muchas gracias.

Bernardino García Abuelo Charrúa, cuenta ABITAB 17508

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5 noviembre 2010 5 05 /11 /noviembre /2010 00:17

 


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http://www.servindi.org/img//2010/11/Derechos_Mineros.jpg… concesiones mineras como lo ordena el Convenio 169 OIT?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda 

4 de noviembre, 2010.- El martes 2 de noviembre pasado, el Instituto de Defensa Legal (IDL) junto con la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana de Cusco (APORVIDHA); la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, Cusco; el Instituto de Derechos Humanos del Sur Andino (ISADH) de Juliaca, Puno; y la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente también de Puno, hemos presentado al Ministerio de Energía y Minas un pedido de información de conformidad con el artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política y con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806). Ver carta: http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/solicitud%20informacion%20mimen.pdf

Hemos formulado tres preguntas al Ministro de Energía y Minas, y a través suyo al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Primero se ha solicitado la relación de todas las concesiones mineras otorgadas en los departamentos de Cusco y Puno en el año 2010.

Segundo, los informes finales de las “consultas previas” a las comunidades campesinas susceptibles de ser afectadas por las respectivas concesiones mineras, consultas que estaban obligadas a realizar INGEMMET en cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y de lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el exp. Nº 00022-2009-PI/TC.

Finalmente, un informe sobre la opinión expresada por cada comunidad campesina que existe en los territorios objeto de concesión minera, en cada proceso de consulta previa.

La razón de esta petición es que las normas que regulan las concesiones mineras a cargo del INGEMMET, no contemplan en ningún momento la realización de consulta previa a las comunidades campesinas en el procedimiento de concesiones mineras y antes de otorgar estas últimas.

En efecto, si uno revisa el artículo 19 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM que aprobó el Reglamento de Procedimientos Mineros, se advierte que lo único que se establece antes de la entrega de la concesión, es la publicación de un pequeño aviso en un diario oficial “El Peruano” y otra en el diario encargado de los avisos judiciales de la capital del departamento donde se encuentren las áreas solicitadas, informando que se va a entregar esa concesión, avisos cuyos diarios no solo tienen un tiraje limitado, sino que solo circulan en dichas ciudades, sin posibilidad real de que las comunidades se enteren de estas concesiones, a pesar de ser titulares del derecho de propiedad de sus tierras, e incluso, a pesar de tener títulos saneados.

Ello genera previsiblemente conflictos sociales entre las comunidades campesinas y las empresas mineras y el INGEMMET, cuando las primeras toman conocimiento que se han concesionado sus tierras y posteriormente aparecen los ingenieros de la empresa beneficiada o terceros ajenos a la propiedad. No hay el menor respeto por las comunidades campesinas.

Por todo ello, queremos saber si INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas vienen respetando el derecho a la consulta previa que les asiste a las comunidades campesinas y que se encuentra contenido en el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tal como lo ha sostenido la delegación del Estado peruano en la reciente Audiencia realizada el 26 de octubre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, USA en su 140º periodo de sesiones (http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=EN&Session=120).

Finalmente, este pedido se suma a una anterior solicitud de información realizada por IDL junto con AIDESEP (http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc21102010-165604.pdf). En aquella oportunidad, pedimos información al mismo Ministerio de Energía y Minas, sobre los procesos de consulta previa a las comunidades nativas antes de la adjudicación de lotes petroleros realizados hace algunas semanas. Este último pedido lo formulamos el 15 de octubre, y aún estamos esperando respuesta.

Fuente: Justicia Viva, boletín del Instituto de Defensa Legal (Ideele):http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0388.htm

 

 

Bernardino García Abuelo Charrúa, cuenta ABITAB 17508

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4 noviembre 2010 4 04 /11 /noviembre /2010 04:33

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http://www.larepublica.com.uy/publicaciones/101/20081020/images/335879_0.gifEn Uruguay existen numerosas quebradas que se extienden desde el norte hasta el sureste. Se trata de valles profundos excavados por cursos de agua, con paredes rocosas de pendiente muy pronunciada y a veces casi verticales. El ambiente húmedo, con menor luminosidad y protegido de los vientos determina un microclima muy particular que a su vez da lugar a un tipo de monte con características propias. Los árboles son aquí mucho más altos y con mayores diámetros, pese a que en general se trata de las mismas especies que en otros tipos de montes adquieren dimensiones menores a las que aquí alcanzan. Es así que se encuentran árboles de más de 20 metros de altura y diámetros que superan el metro. Su composición es también diferente, con predominancia de varias especies de laureles, guaviyú, palo de jabón, azoita cabalho y guayabo, que descollan por su tamaño.

Otra característica que lo diferencia de los demás tipos de monte es que la vegetación se dispone en varios estratos en el plano vertical. En el estrato superior se ubican algunas de las especies mencionadas en el párrafo anterior, con una altura promedio de 15 a 20 metros. Por debajo hay un segundo estrato, con alturas de 5 a 7 metros, compuesta por especies de menor talla como el plumerillo, blanquillo, chal chal, naranjillo y otros. Finalmente, a nivel del suelo es común la presencia de distintas especies de helechos, entre los que en algunos casos aparece el helecho gigante. Uniendo los tres estratos se encuentran numerosas plantas trepadoras y epífitas.

Es éste probablemente el tipo de monte mejor conservado del país, en gran medida debido a las dificultades que implica su explotación por lo escabroso del terreno. Es además uno de los más atractivos del punto de vista turístico, ya que el monte se encuentra en un ambiente muy diferente al del resto del territorio, con cursos de agua caracterizados por la presencia de numerosas cascadas y los altos murallones de piedra que los bordean.

Fuente: Grupo Guayubira


 

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4 noviembre 2010 4 04 /11 /noviembre /2010 04:14

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http://lh6.ggpht.com/_fykWY1fEJw0/SH49877gwzI/AAAAAAAAAQU/ahfTiuJM5kk/arenales+cerca+de+andresito+flores.jpgEn cuanto a extensión, el monte serrano es la segunda formación boscosa de importancia en el país luego del monte ribereño. Se trata de una formación que se desarrolla en áreas predregosas que incluyen cerros, sierras y asperezas, normalmente asociados a cursos de agua y manantiales.

Si bien es un tipo de monte muy modificado por el ser humano, normalmente se caracteriza por una vegetación relativamente alta en las faldas, que va disminuyendo en altura a medida que asciende, siendo sus árboles sustituidos por arbustos al aproximarse a la cima, normalmente ocupada por vegetación herbácea. Si bien en la actualidad es un monte relativamente bajo, es necesario remarcar que esa no es una característica típica del monte, sino el resultado de las actividades de corta llevadas a cabo desde hace muchos años. Por ejemplo, en los actuales montes achaparrados de la zona de Pan de Azúcar antiguamente se podía transitar bajo los mismos a caballo, según aseguran viejos pobladores de la zona. Ello se debe a que los árboles nacidos de semilla normalmente tienen un solo fuste, en tanto que los rebrotes de árboles cortados están constituidos por varios fustes más bajos, lo que convierte a un monte alto en otro achaparrado.

Este tipo de monte cumple una función primordial en la conservación de las cuencas hídricas, dado que se ubica en las nacientes de prácticamente todos los cursos de agua que tienen su origen en nuestro territorio. Siendo que a su vez se desarrolla sobre suelos con pendientes pronunciadas, su presencia es vital para evitar la erosión. Pese a ello, la superficie ocupada por el monte serrano ha disminuido sensiblemente, habiendo siendo sustituido o por praderas (salpicadas de los pocos árboles que lograron sobrevivir) o por plantaciones de eucaliptos que afectan negativamente el funcionamiento hidrológico de las cuencas.

Pero el monte serrano no sólo ha disminuido sustancialmente en superficie, sino que además ha sido profundamente modificado en cuanto a su composición de especies vegetales. Ambos procesos (disminución en superficie y en especies) han generado a su vez graves impactos sobre las especies de fauna que de él dependen.

Los cambios en la composición del monte se producen normalmente por la producción de leña. Los leñadores cortan selectivamente los árboles cuya leña es de mayor calidad (en particular coronilla, guayabo colorado, palo de fierro, molle, etc.), dejando sin cortar aquellos que no son buenos como combustible (como canelones, ombúes o palmas), o que evitan cortar por temor a la alergia que pueden producir (como la aruera) o que son arbustos (como el romerillo, la congorosa o la espina de la cruz). El resultado es que en el monte comienzan a predominar las especies no cortadas y a desaparecer o disminuir sensiblemente las más buscadas, con lo que resulta un monte empobrecido en especies vegetales y que por ende conlleva modificaciones en las especies de fauna que lo pueblan.

Sin embargo, es importante señalar que tanto la flora como la fauna que lo componen tienen una gran capacidad para regenerarse en la medida en que la presión humana y ganadera disminuye. En efecto, normalmente alcanza con que un establecimiento agropecuario sea abandonado durante algunos años para que empiecen a reaparecer y aumentar las poblaciones de vegetales y animales que lo caracterizan, entre las que por ejemplo se encuentra el pequeño venado guazubirá.

Fuente: Grupo Guayubira

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4 noviembre 2010 4 04 /11 /noviembre /2010 03:44

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http://3.bp.blogspot.com/_Zm5imKDijYE/Sa4HscchDWI/AAAAAAAAAE8/9sC0uDEnJNY/s400/Figura-1-Laguna-ConocochaAnte el peligro de su desaparición, autoridades de la región Ancash acordaron declarar zona intangible y zona de área natural protegida por el Estado la cabecera de cuenca de los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca.

 

El acuerdo se concretó durante el Foro “Consecuencias de la explotación minera en la laguna de Conococha”, desarrollado en el Congreso de la República, donde participaron los alcaldes provinciales de Bolognesi y Recuay, representantes del Frente de Defensa de la Comunidad de Huambo, entre otras autoridades.

Los asistentes coincidieron en afirmar que el proyecto minero de la empresa Chancadora Centauro pone en peligro de desaparición a la laguna Conococha, y la consiguiente extinción de la flora y fauna, en especial, las aves, que habitan en la zona.

El congresista Fredy Otárola, organizador del evento, señaló que no existe un estudio serio de impacto ambiental para llevar a cabo este proyecto minero y denunció que se está presionando a las comunidades para que den su visto bueno en el inicio de las actividades.

Otárola dijo que la laguna Conococha es cabecera de tres cuencas que da origen a los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca, y agregó que la explotación minera puede contaminar el agua que llega a las provincias ancashinas.

“Quieren destruir lo más bello de Ancash. Ya no tenemos nevados, ahora quieren desaparecer nuestra laguna. Esto no lo vamos a permitir”, expresó.

Finalmente, anunció que su despacho coordinará con las autoridades y dirigentes de las comunidades para defender la laguna Conococha frente a la pretensión de usar esas aguas para proyectos de explotación minera a tajo abierto.

Convocatoria amplia

El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de la Comunidad Campesina de Huambo, Valentín Cacha Espíritu, solicitó “el apoyo a nuestra lucha y pedimos que se sumen a nuestro justo reclamo los congresistas, ministros del sector, el gobierno central y el presidente regional, con la finalidad de defender la laguna”.

Por su parte, los ingenieros Luis Saavedra y Ricardo Villanueva, coincidieron en que la concesión de la minera Centauro debe ser cancelada, debido a que vulnera la ley y amenaza la subsistencia del hombre de hoy, de la flora, fauna y de las futuras generaciones.

Bernardino García Abuelo Charrúa, cuenta ABITAB 17508

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4 noviembre 2010 4 04 /11 /noviembre /2010 03:29

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http://www.servindi.org/img//2006/06/Biopirateria_3.jpgPor Elizabeth Bravo

 03 de noviembre, 2010.- Algunas impresiones sobre los resultados de la Décima Conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad. Boletín de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos.

El viernes 28 de octubre finalizó la Décima Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad (CBD) en la que participaron unos 18 mil representantes de 193 países Partes, así como delegados de gobiernos locales, parlamentarios, empresarios y miembros de la sociedad civil.

En la COP10 se aprobó un Plan Estratégico o el “Objetivo de Aichi” que incluye 20 metas organizadas en los siguientes objetivos estratégicos:

- Reducir por lo menos a la mitad y siempre que sea posible, hasta a cero, la tasa de pérdida de los hábitat naturales incluyendo a los bosques.

- Establecer una meta de 17 por ciento de áreas terrestres y de aguas continentales y un 10 por ciento de las zonas marinas y costeras.

- Los Gobiernos restablecerán un mínimo de un 15 por ciento a través de la conservación y de la restauración de las áreas degradadas.

- Harán esfuerzos especiales para reducir las presiones que enfrentan los arrecifes de corales.

Aunque estos objetivos son loables, el problema es cómo alcanzarlos, pues en el Convenido de Biodiversidad (CBD) es cada vez más un convenio de comercio de la biodiversidad que de conservación de la biodiversidad.En su décima conferencia (COP10), continúa la consolidación que se ha venido dando desde hace algunos años, de mercantilizar la vida (la biodiversidad y sus componentes). La conservación y uso sustentable de la biodiversidad tienen sentido sólo si están inmersos en el mercado; y desde distintos ámbitos se buscan mecanismos políticos, financieros y tecnológicos para facilitar esto proceso. Esto se complementa con el involucramiento del sector privado en este proceso, como lo señala el plan estratégico aprobado, donde se hace un llamado a los países que son parte del convenio a…

“- Promover un entorno de políticas públicas que permita la intervención del sector privado y la incorporación de la diversidad biológica en las estrategias y procesos de adopción de decisiones empresariales de una manera que contribuya a alcanzar los tres objetivos del Convenio.

- Determinar una serie de opciones para la incorporación de la diversidad biológica en las prácticas empresariales teniendo en cuenta la labor en curso en diversos foros

- Alentar la intervención de las empresas como interesados directos en toda revisión y aplicación futura de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica”

Por otro lado la COP10 llama a “fomentar la iniciativa de Negocios y Diversidad Biológica como un medio para integrar más la utilización sostenible de la diversidad biológica en el sector privado”.

En su programa de áreas protegidas fomenta el establecimiento de áreas protegidas privadas. Al mismo tiempo, llama a intensificar el proceso de valoración económica de los servicios ambientales que proveen estas áreas como un instrumento para asegurar la sostenibilidad financiera de dichas áreas, y para mitigar el cambio climático y reducir la pobreza.

Esta definición encaja muy bien con lo que se podría llamar un REDD +, es decir la inclusión de los bosques en el mercado de Carbono para que los países que generan las emisiones que provocan el cambio climático puedan continuar contaminando la atmósfera, pero que incluya además la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

El razonamiento es que sólo se conserva lo que se valoriza, y es así como las funciones de la naturaleza (como la fotosíntesis, la polinización, la prevención de la erosión del suelo, etc.) se transforman en “servicios ambientales” y “capital natural”, y como tales pueden entrar en el mercado. Para conocer los beneficios de la biodiversidad es necesario valorarla (en términos financieros). Veamos por ejemplo cómo se valora la polinización:

“Los insectos polinizadores son proveedores de miles de millones de dólares a la naturaleza. Para 2005, el valor total económico de la polinización de insectos se estimó en 153 mil millones de euros. Esto representa el 9,5% de la producción agrícola mundial para la alimentación humana en 2005”.

En uno de los eventos paralelos organizados durante la COP10, Bill Jackson, Director General Adjunto de la UICN dijo es posible que tengamos que hablar el lenguaje de la economía si se quiere aplicar con éxito una estrategia que aborda la pérdida de biodiversidad.

“En la COP 10 se pide al secretario ejecutivo del Convenio que continúe apoyando financieramente a este grupo, a pesar de los grandes fondos que ya recibe (muchas veces mayores que el presupuesto de los ministerios del ambiente de algunos países), y del fuerte cuestionamiento del que han sido objeto por parte de la sociedad civil (…)”

La CBD estableció hace algunos años un grupo llamado “Red mundial de Amigos del programa de trabajo sobre áreas protegidas”, entre los que se encuentran las mayores organizaciones conservacionistas del mundo. En la COP 10 se pide al secretario ejecutivo del Convenio que continúe apoyando financieramente a este grupo, a pesar de los grandes fondos que ya recibe (muchas veces mayores que el presupuesto de los ministerios del ambiente de algunos países), y del fuerte cuestionamiento del que han sido objeto por parte de la sociedad civil, sobre todo por la fuerte relación que tienen sus organizaciones con las corporaciones responsables de la destrucción de la biodiversidad como es la industria petrolera, minera y agroindustrial. Por ejemplo la WWF, una de las organizaciones que forman parte de la red de amigas, es la artífice de las mesas redondas sustentables que promueven los agrocombustibles en el mundo.

Un mecanismo para financiar el plan de acción de las áreas protegidas es la iniciativa LifeWeb, en la que participan diversos donantes públicos y privados, y tienen proyectos que incluyen la problemática del cambio climático con el de las áreas protegidas. Es decir, se financian proyectos que promueven la conservación de las áreas protegidas para que estas sirvan de sumideros de CO2 para mitigar el cambio climático. Uno de los énfasis de los proyectos apoyados por LifeWeb es la valoración de los ecosistemas y sus servicios.

Otro aspecto abordado por la decisión sobre áreas protegidas dice que la COP10:

“Pide al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y otros asociados, incluidas las comunidades indígenas y locales, apoye el programa de trabajo para explorar y evaluar metodologías y directrices existentes para medir los valores, costos y beneficios de las áreas protegidas, teniendo presentes las características de los diferentes biomas y ecosistemas, basándose en los trabajos existentes, tales como los resultados del estudio La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB), y que divulguen los resultados de la evaluación para que las Partes los apliquen si fuera necesario”.

Informe TEEB

Entre las actividades paralelas a la COP se presentó el informe sobre la Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés). Este estudio estuvo dirigido por Pavan Sukhdev, banquero que trabaja a tiempo completo para el Deutsche Bank de Alemania, pero que al momento está en un sabático para hacer este estudio, así como para desarrollar la Iniciativa Económica Verde de la PNUMA.

El informe ha documentado el multimillonario valor de los bosques, el agua dulce, los suelos y los arrecifes de coral en la economía global y hace un llamado a capturar los valores económicos de los servicios de la naturaleza a través de una serie de instrumentos y políticas. Algunas de sus recomendaciones son:

- Una prioridad urgente es la elaboración coherente de las cuentas e inventarios físicos de las reservas forestales y servicios de los ecosistemas para el desarrollo de nuevos mecanismos forestales de carbono.

- Deberían considerarse como prácticas comerciales normaesl los principios de “Sin Pérdida Neta” o “Impacto Positivo Neto”, utilizando pruebas de rendimiento sobre la diversidad biológica y procesos de aseguramiento para evitar y mitigar los daños, junto con inversiones en favor de la biodiversidad para compensar los impactos adversos que no pueden ser evitados.

- Se debe incorporar los principios de «quien contamina paga» y «recuperación total de los costos” en los nuevos lineamientos sobre incentivos y la reforma fiscal. En algunos contextos se puede aplicar el principio de «el beneficiario paga” en apoyo de nuevos incentivos positivos tales como pagos por servicios ambientales, incentivos fiscales y otras transferencias fiscales que tienen por objeto alentar a los agentes del sector público y privado a proporcionar servicios ecosistémicos.

- Se debe establecer áreas protegidas nacionales y regionales con el fin de conservar la biodiversidad y mantener una amplia gama de servicios de los ecosistemas. La valoración de ecosistemas puede crear oportunidades de financiamiento e inversión, y sustentar las prioridades de conservación.

- En la mitigación y adaptación al cambio climático se debe incluir la conservación y la restauración de ecosistemas. Se debe priorizar la implementación acelerada de REDD-plus.

TEEB realizó ocho eventos paralelos durante la COP 10. Más información puede ser encontrada en ver aquí

2010 Año de la Biodiversidad

Esta conferencia tienen lugar cuando culmina el llamado “Año de la Biodiversidad”, y cuando supuestamente debía cumplirse la meta establecido por la Cumbre de Desarrollo Sustentable que establece para el año 2010 tienen que frenarse el 10% de la destrucción de la biodiversidad.

En realidad no hay nada que celebrar, ya que esta modesta meta no ha sido alcanzada, ni este año se ha hecho ningún esfuerzo verdadero para frenar la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo desde el año 2002 (cuando se estableció la meta), la frontera agroindustrial y con ello la deforestación ha aumentado. El gran boom de los agrocombustibles y de las plantaciones de la soya en el Cono Sur son apenas un ejemplo de ello.

Para lo que si ha servido es para incrementar los negocios de la biodiversidad.

Es interesante mencionar que al finalizar la COP, el Secretario del CBD entregó un premio a la Canciller alemana Angela Merkel por su contribución a “salvar la biodiversidad en el año Internacional de la Diversidad Biológica”. Recordemos que en el 2008 Alemania lanzó el proyecto “Negocios y Biodiversidad” (B+B), que estuvo a cargo de la organización no gubernamental GTZ, y que en la reunión del G8 en el 2007 introdujo el tema de la conservación de la biodiversidad como una prioridad.

El premio es entregado por el Convenio de Biodiversidad el la Fundación japonesa AEON Environmental Foundation que cuenta entre sus miembros directivos a los presidente de corporaciones como el Banco de Yokohama, Mitsubishi entre otros.

Protocolo de Nagoya sobre repartición de beneficios

Como parte de institucionalizar la mercantilización de la biodiversidad, en la COP10 se adoptó el llamado Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Un boletín de prensa de la Secretaría del Convenio dice que:

“el Protocolo crea un marco que equilibra el acceso a los recursos genéticos sobre la base del consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas con la participación justa y equitativa de los beneficios, tomando en cuenta el importante papel de los conocimientos tradicionales”.

El Protocolo establece que cuando una empresa quiere acceder a conocimiento tradicional ligado a la biodiversidad que tengo un valor comercial, ésta debe compartir sus beneficios con la comunidad. Los beneficios pueden ser monetarios a través de mecanismos como tasa de acceso o tasa por muestra recolectada o adquirida de otro modo, pagos por adelantado, pago de regalías, tasas de licencia en caso de comercialización, tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, salarios y condiciones preferenciales si fueron mutuamente convenidos, financiación de la investigación, empresas conjuntas, propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes.

“Los impactos de la implementación de este protocolo en las comunidades puede ser muy negativo, pues puede producir la ruptura de ciertas prácticas colectivas que culturalmente no pueden ser comercializables, la división en el seno de la comunidad entre aquellos que desean entrar en este tipo de acuerdos comerciales, y los que no están de acuerdo con ellos; solo por mencionar algunos elementos”

Entre los beneficios no económicos se propone el intercambio de resultados de investigación y desarrollo, colaboración en programas de investigación y desarrollo científicos, particularmente actividades de investigación biotecnológica, participación en el desarrollo de productos, admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y a bases de datos, transferencia de conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables, creación de capacidad institucional, recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la administración y aplicación de la reglamentación en materia de acceso, acceso a la información científica pertinente a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, incluidos inventarios biológicos y estudios taxonómicos, reconocimiento social.

El protocolo establece mecanismos de capacitación a los países del Tercer Mundo y a las comunidades que tienen la biodiversidad y los conocimientos (particularmente a las mujeres), para que ellas conozcan las obligaciones que les impone el protocolo, para el desarrollo jurídico e institucional, para mejorar su capacidad de negociaciones, para mejorar sus capacidades para hacer bioprospección: es decir para facilitar el acceso de las empresas interesadas. Esto se complementa con un programa de concientización con las comunidades sobre este protocolo y sus beneficios.

Los impactos de la implementación de este protocolo en las comunidades puede ser muy negativo, pues puede producir la ruptura de ciertas prácticas colectivas que culturalmente no pueden ser comercializables, la división en el seno de la comunidad entre aquellos que desean entrar en este tipo de acuerdos comerciales, y los que no están de acuerdo con ellos; solo por mencionar algunos elementos.

La negociación de este protocolo duró varios años, sobre todo por la oposición de algunos países que tienen interés de acceder a la biodiversidad, sin necesidad de tener que reconocer ningún tipo de “repartición equitativa de beneficios.”

Relación entre el cambio climático y la biodiversidad

El debate sobre cambio climática ha sido corrompido desde hace algunos años, pues este se ha concentrado en el desarrollo de mecanismos tecnológicos y políticos para enfrentar sus efectos sin abordar las causas que lo provocan. En el contexto de la COP10 la problemática del cambio climático fue abordada a través de temas como la biología sintética, los agrocombustibles y la geoingeniería.

De acuerdo a la organización española Ecologistas en Acción, en materia de biocombustibles, el texto final acordado es “más débil que el documento de referencia” remitido por el órgano de asesoramiento científico-técnico de la Convención. En ese sentido, estima que se pierde “prácticamente la referencia al principio de precaución y se convierte en un texto que en la práctica promociona los biocombustibles”. “Esto es un error tremendo con consecuencias tanto para la biodiversidad como para la seguridad alimentaria de los pueblos como lo demuestran los impactos que ya se han venido produciendo en países empobrecidos”, lamenta Ecologistas en Acción.

En relación a este tema, un grupo de 12 científicos de renombre circularon una carta abierta donde denunciaron el fuerte cabildeo desplegado en Nagoya por grandes empresas del sector de los agrocombustibles (sobre todo de la palma).

Hubieron sin embargo algunos resultados positivos gracias cabildeo de algunas organizaciones de la sociedad civil. Lo más remarcable fue la adopción de las Partes de una moratoria sobre experimentos de geo-ingeniería que pretenden modificar el clima con alteraciones biológicas o físico químicas del medio a gran escala, hasta que hayan sido considerados en profundidad los riesgos al ambiente y la biodiversidad y los posibles impactos culturales y económicos. El Secretariado del CDB recibió instrucciones para informar también sobre las diversas propuestas de geoingeniería que existen y posibles opciones de regulaciones intergubernamentales.

La geoingeniería incluye técnicas como fabricar “sombrillas” especiales y ponerlas en órbitas para contrarrestar los rayos solares o conseguir que las nubes reflecten más luz solar hacia el espacio, o inyectar cantidades masivas de sulfuro hacia la atmósfera superior de manera que menos rayos solares la penetre.

Otro tema empujado por las ONG fue el de la biología sintética. En la COP 10 se introdujo un texto que invocaba al abordaje de precaución al momento de liberar al ambiente organismos provenientes de la bilogía sintética, especialmente destinados para la producción de agrocombustibles, reconociendo el derecho de la Partes de suspender cualquier liberación en el ambiente, con base a su legislación nacional.

De acuerdo a algunos observadores esto es tremendamente preocupante, porque el “abordaje de precaución” es un texto muy vago y puede dar pie a cualquier tipo de emprendimientos. La biología sintética es el desarrollo de construcciones genéticas totalmente nuevas, usando como materia prima la célula. Una de sus principales aplicaciones son los agrocombustibles.

Referencias:

- Convenio de Biodiversidad. German Chancellor Angela Merkel Awarded Special Biodiversity Prize. Boletín de Prensa. 28 de octubre 2010.

- Convenio de Biodiversidad .Una nueva era de vivir en armonía con la naturaleza, nace en la Cumbre de la Diversidad Biológica en Nagoya. Boletín de Prensa. 29 de octubre 2010.

- Convenio de Biodiversidad. Tema 4.9 b) del programa. INTERVENCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL. COP 10.

- Ecosystems Marketplace. Ecosystem Values Converge in Nagoya’s Ecosystems Pavilion. ver aquí

- ETC Group. ¡Moratoria a la geoingeniería! La ONU bloquea riesgosos remiendos tecnológicos para el cambio climático. Boletín de Prensa. 29 de octubre, 2010.

- An Open Letter about Scientific Credibility and the Conservation of Tropical Forests

- UNEP. El Informe TEEB pone los activos del Capital natural del mundo en el radar político mundial. Boletín de prensa 20 de octubre, 2010.

Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe

 

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3 noviembre 2010 3 03 /11 /noviembre /2010 02:11

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http://lh5.ggpht.com/_n29_cd0lVTo/Si_7EpZrR-I/AAAAAAAAES8/HLtd7T8so9c/s288/3566940685_d2b571c7bf_o.jpgPor Otra Mirada

02 de noviembre, 2010.- Vía concurso internacional, Perupetro acaba de adjudicar 14 de un total de 25 lotes petroleros que en su gran mayoría se encuentran ubicados en la cuenca del Marañon y la del Ucayali. Al respecto, Perupetro ha calificado a este proceso como el más exitoso de los que ha realizado en los últimos años debido al nivel de regalías obtenido (mínima promedio de 26%) y al monto de inversión comprometido (bordea los US$ 700 millones).

Respecto a los 11 lotes restantes, Perupetro está promoviendo la posibilidad de aplicar el mecanismo de adjudicación directa con lo cual esta operación no contaría con un concurso de por medio. Pasemos a revisar el trasfondo de estos hechos.

¿Y la consulta previa?

Con respecto a los 14 lotes adjudicados, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) afirman que no se habría llevado a cabo la consulta previa a los pueblos nativos, sino solo talleres informativos.

De confirmarse la denuncia del IDL y AIDESEP ésta constituiría una prueba de que continua la postura intransigente del Gobierno en este tema. Postura que excluye a la voz de los pueblos nativos y por ende deja de lado su cosmovisión social y cultural de la vida e impone de forma irrestricta un modelo de “desarrollo” económico que no conoce del dialogo ni de consensos.

Los talleres informativos no cumplen las condiciones de una consulta previa. Tal como lo gráfica su nombre, estos talleres solo exponen y divulgan lo que las empresas proyectan hacer con los territorios. Se trata de un ejercicio expositivo donde los pueblos nativos solo son agentes receptores de información, se excluye al ejercicio deliberativo y no se fomenta el consenso entre las partes, dejando de lado factores constituyentes de una lógica democrática. Hace poco más de un año, el país experimentó los lamentables episodios de Bagua siendo justamente la forma inconsulta con la que se pretendía entregar territorios uno de los factores determinantes del cruento resultado.

Al parecer las autoridades tienen una memoria de muy corto alcance o simplemente no entienden en qué consiste una verdadera democracia. No podemos hablar de éxito cuando se persiste en un carácter excluyente dentro de un sistema democrático. Ese es el tema de fondo y constituye, sin dudas, una prueba de fuego para el aún trunco proceso de transición democrática del país.

Repitiendo errores

Un segundo tema es el marco institucional sobre el que reposa el proceso de entrega de los 11 lotes restantes. Al respecto, ¿por qué se insiste en aplicar presurosamente la figura de la adjudicación directa que fue justamente la matriz de incentivos perversos para negociaciones “bajo la mesa”?, ¿no resulta suficiente el caso de los petro audios para que las autoridades reaccionen e implementen una reingeniería de esta estructura de concesión?

Han pasado poco más de dos años del escándalo de los petro audios y si bien hay una iniciativa de reforma por parte del Perupetro, lo cierto es que aún no ha sido aprobada. Lo que exige un proceso correcto y ordenado es que en primer lugar sea aprobada dicha iniciativa y solo después se pase a una nueva entrega de lotes. ¿Por qué se insiste en el error?

 

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3 noviembre 2010 3 03 /11 /noviembre /2010 02:03

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Comunidad garífuna de Tornabé, Tela

http://www.kaosenlared.net/img2/152/152154_Rotulo_en_Tornabe_2.JPGHonduras sigue debatiéndose en medio de una fuerte crisis económica, política y social, originada por el golpe de Estado de junio de 2009. El nuevo gobierno, encabezado por Porfirio Lobo, ha impulsado una estrategia para tratar de “normalizar” la situación en el país y las relaciones internacionales –aunque los sectores adversos siguen hablando de un “blanqueo del golpe”–, para reactivar los flujos de divisas e inversiones. El turismo de enclave parece ser uno de los sectores privilegiados por la nueva administración para lograr ese objetivo.


En este sentido, el complejo turístico Los Micos Beach and Golf Resort, mejor conocido como Bahía de Tela, representa la obra maestra de una Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS), que persigue transformar el litoral Caribe de Honduras en el “Cancún de Centroamérica”.

Sin embargo, varios sectores de la población hondureña siguen rechazando, no sólo ese proyecto, sino también un modelo de desarrollo que consideran gravemente dañino para el país, generador de divisiones en las comunidades, y que beneficia solamente a los grupos económicos que ya controlan la política y la economía de Honduras.

Reporte completo http://www.albasud.org/publ/docs/37.pdf

 

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