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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 16:37

Matones-de-Bachelet-golpearon-a-la-madre-de-Matias-Catrile.jpg

Hoy es un nuevo día, agradezco por él a la madre tierra y a todos quienes solidarizaron con nosotros. Ahora vienen los minutos de la reflexión y dolor.

 

Ayer estuve con mi hija Catalina en un esfuerzo por FUNAR a Bachelet, responsable máxima del asesinato de nuestro amado Matías. Aunque no apretó el gatillo, fueron sus policías al servicio del Capital, de los Latifundistas quienes le dispararon. En definitiva lo mató El Gobierno de Bachelet Permitiendo la Represión Desmedida que ejerce el Estado Chileno contra quienes luchan por sus derechos.

Así y sintiéndome en deuda con mi querido hijo, fuimos a increparla, a encararla por no haber asumido la RESPONSABILIDAD POLITICA, que tiene en los hechos al ser ella jefe de Gobierno. Difícil estaba la cosa, con el cerco de seguridad que tenía, 2 vallas papales y un gran número de personal de seguridad al interior de estas. Si bien era justo y necesario, teníamos la de perder. Pero ¿cómo permitir que venga al lugar donde despedimos a nuestro hijo? a hacer una FIESTA de cierre de campaña, llena de cinismo y falacia. No se puede si uno tiene sangre en las venas. Hicimos lo que pudimos, con megáfono gritar que como familia de Matías Catrileo Quezada, le reclamábamos por su actuar indolente, que sus manos estaban manchadas con sangre mapuche, que aplico ley antiterrorista, y por sobre todo que no asumió la responsabilidad política que tuvo en el asesinato de Matías.

Al poco de reclamar se nos acercan parte del personal de seguridad que se encontraba al interior de las vallas papales a AGREDIRNOS. UNO DE ESTOS GUARDIAS DE SEGURIDAD de BACHELET- un hombre de aproximadamente 45-55 años de estatura mediana (más alto que yo) ME GOLPEO DE FRENTE EN LA BOCA, DE ARRIBA HACIA ABAJO QUEBRARDOME UN DIENTE QUEDANDO CON LA BOCA ENSANGRENTADA. Luego llego la prensa y pudimos denunciar, entonces nos empezaron a golpear personas que están al lado y atrás de nosotros (afuera de las vallas papales), cuando llegan carabineros y nos retiran del lugar.

Luego viene la rabia, la impotencia ¡Hasta cuándo tenemos que salir golpeados nosotros los que nos atrevemos a disentir y a reclamar.!! Qué abuso de Poder.

¿Y ahora qué? ¿Hacemos la denuncia? ¿Constatamos lesiones? ¿Presentamos querella contra quien resulte responsable de ese grupo de seguridad del comando de Bachelet? ¿Tendrá sentido?

Finalmente anoche decidimos ir a la comisaría donde hicimos la denuncia por la agresión que recibí por parte de ese hombre perteneciente al grupo de seguridad del comando de Bachelet con la evidente lesión dental, que según señaló Carabineros va a la fiscalía.

A pesar de todo, logramos que en el cierre de campaña Bachelet mostrara su verdadero rostro.

Saben, hoy duelen quizá los golpes, pero nada dolerá tanto como que me hayan matado a mi hijo.

¡Matías vive en el corazón del pueblo!

Mónica Quezada, Madre de Matías Catrileo. 12 de Noviembre de 2013

Fuente:  Resumen Latinoamericano / La Haine

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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 16:29

Paraguay Misión investiga denuncia de violaciones de derec

La Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos está compuesta por representantes de redes, instituciones y organizaciones de Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

 

Un comunicado de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e indígenas (Conamuri) informa que los observadores ya están en las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Concepción. Esta última se encuentra bajo control militar al mando del Poder Ejecutivo.

En Presidente Hayes, la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del Pueblo Enxet, denuncia que el Estadoparaguayo debe restituirles 14.404 hectáreas de tierras en un plazo de tres años. La condena fue impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, pero los pueblos indígenas continúan en situación de abandono, esperando una solución desde hace más de dos décadas.

"Esta comunidad indígena espera sólo que el Estado cumpla finalmente su compromiso de asumir las deudas pendientes, devolver las tierras y, con esto, todo lo necesario para que su vida como pueblo originario sea plenamente desarrollada”, señala la Conamuri.

La Misión también ya estuvo en el departamento de Concepción, donde se reunió con organizaciones sociales, movimientos de campesinos, familiares de víctimas y autoridades locales. En el departamento de Canindeyú conversaron con familiares de las víctimas de la masacre de Marina Kue –distrito de Curuguaty– y recogieron informaciones sobre los planes del Estado para dar una solución al conflicto. En junio de 2012, aproximadamente 600 policías realizaron un violento desalojo en la hacienda Marina Kue, en Curuguaty, que terminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías.

La Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos está compuesta por representantes de redes, instituciones y organizaciones de Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay yParaguay.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 16:24

Brasil-Tupinamba-asesinados-por-recuperar-su-territorio.jpg

La violencia para los tupinambá está marcada en las tierras que recuperan. Caciques, pistoleros y agentes del Estado –que cada vez se acerca más a las élites del agronegocio- están decididos a no permitir que los indígenas tengan sus tierras de vuelta.

 

 

Brasil. El asesinato de tres indígenas tupinambá dentro de sus tierras recuperadas de manos de hacendados, es el paso más reciente dentro de una estrategia de élites caciquiles y políticas para impedirles el regreso a sus territorios.

Tres indígenas tupinambá fueron asesinados la tarde del día 8 de noviembre de 2013, en una emboscada dentro de la tierra indígena de los tupinambá de Olivença, al sur de estado de Bahía, Brasil. Las víctimas – Aurino Santos Calazans (31 años), Agenor Monteiro de Souza (30 años) y Ademilson Vieira dos Santos (36 años) – fueron atacados con armas de fuego y machetes por cuatro hombres que se aproximaron en dos motocicletas.

La esposa de Aurino también se encontraba en el lugar del ataque, pero consiguió escapar.  Ella fue quien describió el brutal ataque. Uno de los indígenas fue encontrado casi decapitado con señales de tortura (fue azotado) y diversas heridas provocadas por los machetes con que fue atacado.

De acuerdo con el representante indígena Valdenilson de Oliveira dos Santos, los tupinambá asesinados vivían en la hacienda São Jose, localizada en la zona del Mamão (en el municipio de Una, Bahía), en la parte sur de esta tierra indígena. En la hacienda, recuperada por los tupinambá de los hacendados el pasado 22 de junio, vivían seis familias indígenas. La emboscada sucedió alrededor de las 18:30 horas, a la orilla de un camino vecinal, cuando los indígenas regresaban de recolectar fibras de la palma de piasava. Los tupinambá denunciaron que el ataque fue realizado por pistoleros contratados por uno o más individuos que se oponen al reconocimiento de sus derechos territoriales, hecho que llevo al Ministerio Público a solicitar a la Policía Federal investigar las muertes.

Los tupinambá acusan que las investigaciones de la policía no toman en cuenta los probables vínculos entre los asesinos y la lucha indígena por la tierra, pese a que ellos denunciaron reiteradamente la existencia de un grupo armado en la zona que actúa en contra del movimiento indígena, además de que son blanco de continuas amenazas, incuso por regidores de los municipios donde se encuentra la tierra indígena de los tupinambá.

El Consejo Indigenista Misionario (CIMI) informa que los indígenas se encuentran atemorizados porque los culpables no fueron detenidos, deabulan en el área y los amenazan. Uno de los líderes de este grupo, inclusive, estuvo presente en el velorio de las víctimas. Los indígenas señalan que en los últimos días se escucharon disparos en las cercanías de las casas de las víctimas, y que un vehículo con vidrios polarizados circula a alta velocidad por la zona.

Desde el 20 de agosto, por determinación del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad están en la tierra indígena con el objetivo de frenar los conflictos que se desataron en la disputa por la tierra. Su presencia, sin embargo, no detuvo la violencia contra los tupinambá. El 24 de agosto, a indígenas que vivían en la zona urbana de Buerarema les fueron quemadas sus casas y bienes; el 3 de septiembre, un tupinambá fue asesinado a tiros, en una hacienda recuperada recientemente, localizada en la región de Serra das Trempres, también dentro de la tierra indígena. En esta última ocasión, el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal del municipio de Ilhéus iniciar una investigación, pero a más de dos meses del homicidio, la Policía no presenta ninguna avance sobre las investigaciones.

Los tupinambá denuncian que la Fuerza Nacional de Seguridad promueve cateos ilegales en las casas de las haciendas retomadas por los indígenas, y confisca instrumentos de trabajo como machetes, azadones y hoces –, lo que consideran una actuación como la “policía privada” de los hacendados.

La omisión del gobierno federal

Los hechos recientes son consecuencia directa de la omisión del gobierno federal. Hace más de un año y tres meses el proceso administrativo de demarcación de la tierra indígena de los Tupinambá de Olivença se encuentra en manos del ministro de Justicia, sin que se le dé continuidad al proceso legal. Incuso, el 5 de abril de 2012, la Consultora Jurídica de este ministerio se manifestó a favor de la aprobación de los estudios elaborados por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que comprueban, de forma conclusiva, la ocupación tradicional del territorio tupinambá. Con esta afirmación, el ministro de Justicia puede y debe firmar el documento que da paso a las últimas etapas del proceso legal. Es importante notar que el plazo para la demarcación de las tierras indígenas debe ser de 30 días. Cuestionado sobre la pasividad frente al caso, el ministro se limitó a decir que el proceso “está en un análisis riguroso”.

El proceso de identificación de la tierra indígena de los tupinambá de Oliveça comenzó en 2004, como resultado de la presión por parte de los indígenas. Cinco años más tarde, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) aprobó el informe que delimitó esta tierra a cerca de 47 mil hectáreas, abarcando parte de los municipios de Buerarema, Ilhéus  y Una, al sur del estado de Bahía. De acuerdo con los datos de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA), en 2009 vivían cerca de 4 mil 700 tupinambá en esta área.

Sólo después de la firma del documento aprobatorio por parte del ministro de justicia el proceso legal podrá comenzar las siguientes etapas, incluyendo el pago de las indemnizaciones a los ocupantes no indígenas, así como la reubicación de aquellos que recibieron tierras en esta área como parte de la reforma agraria.

Frente al ilegal y abusivo atraso del proceso de demarcación de esta tierra indígena, el Ministerio Público Federal propuso acciones civiles públicas para responsabilizar al Estado por no cumplir su atribución legal de proteger los derechos indígenas, conforme determina la Constitución Federal de 1988 y los tratados internacionales de los que Brasil es firmante, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El pasado 25 de septiembre, el ministro de Justicia y el gobernador del estado de Bahía, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT) -el mismo que está en el gobierno federal-, se reunió con los líderes indígenas y presuntos propietarios de tierras en la zona en una “mesa de diálogo”. Extrapolando sus atribuciones legales, el ministro de Justicia Cardozo abordó a los indígenas y condicionó la firma del documento de demarcación en sus manos al cese de las recuperaciones de haciendas y a la firma de “acuerdos” entre indígenas y no indígenas, que prevén, incluso, la alteración de los límites de la tierra indígena para reducir su extensión.

Las “mesas de diálogo” son un mecanismo que el gobierno federal adoptó en regiones de ocupación tradicional indígena donde hay una fuerte presencia del agronegocio, como parte de una estrategia que pretende atrasar, lo máximo posible, la demarcación de las tierras indígenas en el contexto de una cada vez más fuerte aproximación entre el gobierno federal y los intereses de las élites rurales.

La paralización del proceso de demarcación de la tierra indígena de los tupinambá intensificó el conflicto entre indígenas y no indígenas contrarios a la demarcación. La reciente escalada de violencia comenzó la noche del 14 de agosto, cuando un camión que trasportaba estudiantes de la Escuela Estatal Indígena Tupinambá de la Serra do Padeiro, fue atacado en una emboscada con arma de fuego dentro de la tierra indígena. Nadie fue alcanzado por las balas, sin embargo, las esquirlas hirieron a Lucas Araújo dos Santos (18 años) y Rangel Silva Calazans (25 años) en el rostro y en el pecho.

En los siguientes días al ataque contra el autobús de estudiantes, no indígenas incendiaron vehículos de instituciones públicas y un autobús escolar. Desde entonces, los tupinambá son amenazados permanentemente y fue robada parte de su producción agrícola (cacao y harina de mandioca); del mismo modo, lo no indígenas que los apoyan sufren tentativas de linchamiento, al igual que los comerciantes cercanos a los indígenas que sufrieron ataques a sus tiendas.

Actualmente, por razones de seguridad, los indígenas restringieron su desplazamiento por sus propias tierras, lo que impide el acceso a los servicios de salud y genera, además, importantes pérdidas económicas al imposibilitar la comercialización de su producción.

Esta situación fue denunciada el 13 de noviembre por el parlamentario Chico Alencar (del Partido Socialismo e Liberdade), quien realizó una declaración en la Cámara de Diputados para denunciar los recientes asesinatos: “Hago un llamado al ministro de Justicia, señor José Eduardo Cardozo, para que dé paso a la finalización de la demarcación de las tierras indígenas”, reclamó el diputado. “Para detener el escenario de violencia no será suficiente que el poder público aumente o reoriente las actividades del contingente de la policía federal en la zona. Tenemos que concluir con urgencia el proceso de demarcación de las tierras indígenas de los tupinambá, cuyo retraso ha dado lugar a la intensificación de los conflictos”.

Una larga historia de violencia

Cuando tratan de reconstruir su trayectoria como pueblo, los tupinambá hacen referencia a una larga (y subterránea) historia de violencia y de despojo, marcada por extinción de aldeas, por masacres, devastadoras enfermedades contagiosas, violaciones y expropiación de tierras. Mencionan casos como el de la joven Estelina Maria Santana (1914-1988), quien, aun niña, fue golpeada por policías para que delatara el paradero de los indígenas que resistían a la incursión de los no indígenas en su territorio, en lo que es conocido como el levantamiento del caboclo Marcelino.

Los tupinambá recuerdan el destino de diversos indígenas que desaparecieron a manos de los coroneles y patriarcas de las élites no indígenas locales, sepultados en cuevas dentro de las selvas o lanzados a ríos y lagunas.

La violencia para los tupinambá está marcada en el territorio. Al mencionar el río de la Calaveras o el río de la Sepultura, algunos indígenas enfatizan con ciertos topónimos nada sutiles las matanzas que sucedieron en estos lugares. Por medio de estas narrativas, ponen al descubierto el uso de la violencia en la “construcción” de las haciendas, entendidas no como simples extensiones de tierra – en relación a las cuales los no indígenas hoy reivindican su propiedad legitima–, sino como entidades construidas históricamente que determinan posiciones sociales y, de algún modo, la vida y la muerte de aquellos que con ellas se relacionaron.

La movilización de los indígenas por el reconocimiento de sus derechos territoriales inauguró un nuevo capítulo de esta intensa violencia – perpetrada, inclusive, por agente del Estado. Por ejemplo, la recurrente violencia  contra los tupinambá, entre 2008 y 2010, por parte de policía, en la que se comprobó el uso de armamento letal, detenciones ilegales de líderes y tortura (con choques eléctricos). O la violencia efectuada por de los poderes públicos – del diputado federal Geraldo Simões (Partido de los Trabajadores) y la diputada estatal Ângela Souza (Partido Social Cristiano) – quienes en declaraciones a la prensa regional, contribuyen a la difusión del prejuicio contra los tupinambá e incitan a la violencia.

Los tupinambá son objeto también de la violencia y el prejuicio por parte de los medios de comunicación, como del locutor de radio Rivamar Mesquita, del programa de noticias Jornal Itabuna, conocido por sus frecuentes declaraciones anti-indígenas. Todos estos hechos han motivado el posicionamiento de entidades como la Comisión de Asuntos Indígenas de Brasil y de la Asociación Brasileña de Antropología, así como de Amnistía Internacional. El 26 de agosto fue lanzada una campaña por la urgente conclusión del proceso de demarcación de la Tierra Indígena de los Tupinambá de Olivença [1].

Traducción: Ernenek Mejía

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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 16:18

Argentina-Presentacion-del-libro-mapuche-autogestionado.jpg

26 de noviembre, a las 19.00 hs., en Hotel Bauen, Avenida Callao 360, Salon Consular 1, Planta Baja. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 

Presentación del libro mapuche autogestionado "Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche" de la Comunidad de Historia Mapuche


Presentan:
Margarita Calfio Montalva (Comunidad de Historia Mapuche, Ngulumapu-Chile) 
Claudio Alvarado Lincopi (Comunidad de Historia Mapuche, Ngulumapu-Chile)Comentan:
Nilo Cayuqueo (Confederación Mapuche de Los Toldos, Puelmapu-Argentina)
Marcelo Valko (Universidad de Buenos Aires)Modera: Andrés Cuyul Soto (Comunidad de Historia Mapuche, Ngulumapu-Chile)Lugar: Hotel Bauen, Avenida Callao 360, Salon Consular 1, Planta Baja. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 
26 de noviembre, a las 19.00 hs.Organiza Comunidad de Historia Mapuche 
comunidadhistoriamapuche@gmail.com
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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 16:09

Policia-Nacional-y-Ejercito-de-Honduras-incrementa-represi.jpg

“Después de las elecciones sacaremos a los copines
de Río Blanco vivos o muertos.”

 

El COPINH denuncia que la Policía Nacional y Ejercito deHonduras, ha  incrementado el hostigamiento contra las comunidades de Río Blanco, amenazas que han consistido desde  cometer matanza  contra la población Lenca, hasta amenazas a la vida encañonando con fusiles directamente a  niñas, niños y  ancianas, a  líderes comunitarios  mujeres y hombres que están dando una batalla histórica por los Pueblos Indígenas y el Pueblo Hondureño, el día 01 de noviembre intentaron secuestrar al compañero Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena del COPINH en  La Tejera. Estas acciones son continuas en la zona sobre todo las ultimas cuatro semana.

El día de hoy empleado de la empresa DESA y allegados a los alcaldes municipales de la zona han impuesto nuevamente  un retén a la altura de la aldea de Santa   Ana, jurisdicción de Zacapa, Santa Barbará,  en el que actúan como paramilitares impidiendo la movilidad del único bus en el que viajan las compañeras y compañeros de Río Blanco para realizar sus diligencias más básicas y necesarias como ir al Hospital de S.B., deteniendo, hostigando  ó  impidiendo el derecho a  transitar a las  comisiones del COPINH o a delegaciones nacionales e internacionales que son parte de la Observación de Derechos Humanos. Estos operativos represivos han sido dirigidos en este punto por el Sr. Esmely Méndez, presidente del patronato de Santa Ana.  Lo anterior lo hacen con el propósito de presionar a las comunidades para que se manifiesten a favor del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y de la privatización por más de 30 años del Río Gualcarque y el territorio ancestral. 

Denunciamos que en todas estas acciones violatorias de los derechos humanos del Pueblo Lenca de Río Blanco son cómplices el  Alcalde de Zacapa, alcalde actualmente  por el Partido Liberal  Nery Hernández, hoy candidato de LIBRE, el Alcalde de San Francisco de Ojuera Raúl Pineda del Partido Nacional  y el de Intibucá Martiniano Domínguez  también del Partido Nacional. 

Condenamos nuevamente la orden de desalojo contra la Población Lenca,  ordenada por la Jueza Lissien Lisseth Knight del Juzgado  1ro. de  Letras de Intibucá y las amenazas perpetradas por estructuras represivas  al servicio de DESA  de  que  “después de las elecciones sacaremos  a los copines de Río Blanco  vivos o muertos.”

Reiteramos que en la estrategia de doblegar la decisión de las comunidades de rechazo al PH Agua Zarca son responsables de agresiones  graves y de invadir, usurpar, militarizar, reprimir, saquear  el territorio Lenca  la empresa DESA, las  trasnacionales contratadas, los organismos financieros que han dado fondos, el Ejercito y Policía Nacional  y  el Estado de Hondureño.

Coordinación General COPINH.

¡Exigimos la salida de las fuerzas represivas de Río Blanco! ¡Exigimos la salida del PH Agua Zarca!

¡Respeto al Convenio 169 ¡

 

¡A MAS REPRESIÓN, MAS LUCHA Y ORGANIZACIÓN!

¡LOS RÍOS NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN!

¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad,  libertad y paz!

 

escuchenos en vivo: 
http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u
web:  copinh.org
blog:  copinhonduras.blogspot.com
fb:     Copinh Intibucá
twitter: @COPINHHONDURAS
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20 noviembre 2013 3 20 /11 /noviembre /2013 16:03

Honduras-COPINH-Denuncia-urgente.jpg

La Policía Nacional y Ejercito de Honduras, ha incrementado el hostigamiento contra las comunidades de Río Blanco

 

Intibucá. 19 de noviembre del 2013.

 DENUNCIA

El COPINH denuncia que la Policía Nacional y Ejercito deHonduras, ha  incrementado el hostigamiento contra las comunidades de Río Blanco, amenazas que han consistido desde  cometer matanza  contra la población Lenca, hasta amenazas a la vida encañonando con fusiles directamente a  niñas, niños y  ancianas, a  líderes comunitarios  mujeres y hombres que están dando una batalla histórica por los Pueblos Indígenas y el Pueblo Hondureño, el día 01 de noviembre intentaron secuestrar al compañero Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena del COPINH en  La Tejera. Estas acciones son continuas en la zona sobre todo las ultimas cuatro semana.

El día de hoy empleado de la empresa DESA y allegados a los alcaldes municipales de la zona han impuesto nuevamente  un retén a la altura de la aldea de Santa   Ana, jurisdicción de Zacapa, Santa Barbará,  en el que actúan como paramilitares impidiendo la movilidad del único bus en el que viajan las compañeras y compañeros de Río Blanco para realizar sus diligencias más básicas y necesarias como ir al Hospital de S.B., deteniendo, hostigando  ó  impidiendo el derecho a  transitar a las  comisiones del COPINH o a delegaciones nacionales e internacionales que son parte de la Observación de Derechos Humanos. Estos operativos represivos han sido dirigidos en este punto por el Sr. Esmely Méndez, presidente del patronato de Santa Ana.  Lo anterior lo hacen con el propósito de presionar a las comunidades para que se manifiesten a favor del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca y de la privatización por más de 30 años del Río Gualcarque y el territorio ancestral.

Denunciamos que en todas estas acciones violatorias de los derechos humanos del Pueblo Lenca de Río Blanco son cómplices el  Alcalde de Zacapa, alcalde actualmente  por el Partido Liberal  Nery Hernández, hoy candidato de LIBRE, el Alcalde de San Francisco de Ojuera Raúl Pineda del Partido Nacional  y el de Intibucá Martiniano Domínguez  también del Partido Nacional.

Condenamos nuevamente la orden de desalojo contra la Población Lenca,  ordenada por la Jueza Lissien Lisseth Knight del Juzgado  1ro.  de  Letras de Intibucá y las amenazas perpetradas por estructuras represivas  al servicio de DESA  de  que  “después de las elecciones sacaremos  a los copines de Río Blanco  vivos o muertos.”

Reiteramos que en la estrategia de doblegar la decisión de las comunidades de rechazo al PH Agua Zarca son responsables de  agresiones  graves y de invadir, usurpar, militarizar, reprimir, saquear  el territorio Lenca  la empresa DESA, las  trasnacionales  contratadas, los organismos financieros que han dado fondos, el Ejercito y Policía Nacional  y  el Estado de Hondureño.

Coordinación General COPINH.


 

¡Exigimos la salida de las fuerzas represivas de Río Blanco! ¡Exigimos la salida del PH Agua Zarca!

¡Respeto al Convenio 169 ¡

 

¡A MAS REPRESIÓN, MAS LUCHA Y ORGANIZACIÓN!

¡LOS RÍOS NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN!

¡Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad,  libertad y paz!

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17 noviembre 2013 7 17 /11 /noviembre /2013 01:55

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Defendemos: Cultura, Autodeterminación, Territorio e Identidad
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17 noviembre 2013 7 17 /11 /noviembre /2013 01:24

Mamá Angélica y sus compañeras, fundadoras de Anfasep, en los primeros días de

reivindicación y de lucha. Todo un movimiento por la justicia y contra la impunidad

creció a partir de su ejemplo. Foto: Anfasep.

Hasta-que-llego-Mama-Angelica.jpg

Nadie se atrevía a denunciar que el Ejército peruano estaba haciendo desaparecer a miles de jóvenes en las zonas más pobres del país. Hasta que llegó Mamá Angélica

 

 

Llegaron pasada la medianoche a su casa de adobe, en la periferia de Ayacucho, en Perú; aparcaron los vehículos fuera y entraron en los dormitorios a patada limpia. Angélica Mendoza de Ascarza fue a encender la luz, pero los militares no le dejaron. Cuando se quiso dar cuenta, estaban dándole una paliza a uno de sus hijos en el patio de la casa. “Me armé de valor y salí de mi dormitorio, me aferré a mi hijo, y los militares me golpearon y me lo quitaron”, cuenta todavía Mendoza, a la que todo el mundo conoce como Mamá Angélica. “Lo estamos llevando para interrogarlo, vengan mañana al cuartel”, le dijo uno de los hombres que detuvieron a Arquímedes, que entonces tenía veinte años y estaba a punto de entrar en la universidad. Era julio de 1983.

Ayacucho: estado de sitio

Como parte de la lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas habían asumido el control de Ayacucho un año antes. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las detenciones indebidas, la tortura y las desapariciones forzadas “adquirieron un carácter masivo”. El cuartel Los Cabitos, situado a las afueras de la ciudad, se había convertido en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de todo Perú.

Para los militares, las palabras campesino o indígena se convirtieron en sinónimos de senderista, de terrorista, de terruco. De las casi 70.000 personas que murieron en el conflicto armado interno (1980-2000), el 75% era quechuahablante –como Mamá Angélica– y el 30% de las muertes fueron responsabilidad directa del Ejército.

Al día siguiente de la detención de Arquímedes, Angélica Mendoza fue al cuartel Los Cabitos, donde negaron que su hijo hubiera sido detenido. Cuando fue a presentar la denuncia, coincidió allí con otrasmujeres. Todas eran campesinas humildes y a todas les habían arrebatado a alguien, a unas un hijo, a otras un marido, a otras un padre. Angélica Mendoza iba al cuartel, a la iglesia, a la Fiscalía, caminaba con las otras mujeres por las calles de Ayacucho en señal de protesta. Nadie les daba ningún dato –al menos, ningún dato cierto– sobre el paradero de sus familiares.

Ejercito-peruano-desaparecer-a-miles-de-jovenes--Hasta-q-.jpg

Quince días después de la detención de su hijo Arquímedes, un agente del cuartel le hizo llegar a Mamá Angélica una nota: “Mamá, me encuentro bien, busquen un abogado para que me pasen al Juzgado […], de todas maneras insistan a diario al cuartel. Chau. Arquímedes”. A pesar de esta prueba, el Ejército no reconoció que el hijo de Mamá Angélica hubiera pasado por las instalaciones militares. Ella no dejó de insistir. Todavía conserva aquella nota. Foto: Anfasep.

Venciendo todos los estigmas que acumulaban en las espaldas, el de terrucas, el de mentirosas y el de “indias” que no hablan bien español, viajaron a Lima para presentar su denuncia ante el Gobierno central. Tenían muy pocos recursos y pasaron la noche en un parque. A la vuelta, crearon la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas de Emergencia (Anfasep).

En 1985, las matanzas del Ejército y Sendero Luminoso –responsable del 46% de las muertes durante el conflicto– dejaron miles de huérfanos en Ayacucho, el departamento más afectado por el conflicto. Además de buscar a sus hijos y maridos desaparecidos, Mendoza y sus compañeras se encargaron de proteger y alimentar a muchos de esos niños, que llegaron a ser 350.

La alcaldesa de Ayacucho, Leonor Zamora, no se dejó intimidar por las Fuerzas Armadas y les facilitó un espacio para reunirse. Zamora, además, sacaba altavoces a la plaza para que las mujeres hicieran públicas sus denuncias.

Mamá Angélica no cesó de buscar a su hijo. Con sus compañeras Teodosia, Antonia y Adelina, se metía en los lugares más sórdidos de Ayacucho, en las quebradas donde de vez en cuando aparecían cadáveres y en los vertederos de la ciudad. En una ocasión encontraron más de veinte cuerpos, casi todos sin cabeza, en un botadero. Acudieron a la Fiscalía para que investigara y protegiera las pruebas. “Mañana, ahora no tenemos tiempo”, les dijeron. Al día siguiente los cuerpos no estaban. Ellas no pararon de buscar. Encontraban cadáveres en la tierra, con un tiro en la sien, a veces calcinados, a veces en estado de descomposición y devorados por los perros. Sobre ellas, los gallinazos (aves carroñeras) esperaban su turno. Los militares las amenazaban constantemente:

–¡Vieja de mierda! ¡Sal de ahí o te disparamos! –le gritó uno a Mamá Angélica. Un comandante se acercó y le pidió que se retirara. Los otros la amenazaban, le decían que la bala que la mataría valía más que su vida.

–¿Cuánto vale una bala? Te pago el precio de esa bala para que me mates, pero primero hazme ver a mi hijo y luego me iré feliz de este mundo –retó Mendoza a un soldado. Nadie disparó.

Mamá Angélica y sus compañeras de Anfasep fueron las primeras en hablar. En los siguientes años, todo un movimiento por la justicia y contra la impunidad creció a partir de su ejemplo. Un movimiento que en el año 2001 consiguió acabar con la ley de amnistía que impedía juzgar a las autoridades militares y políticas que ordenaron las masacres y las desapariciones. Y a lo largo de la década, consiguió condenas históricas, como la de Nicolás Hermoza Ríos, comandante general del Ejército, o la del mismísimo expresidente Alberto Fujimori, que en 1992 dio un autogolpe y continuó con la política de violación sistemática de los derechos humanos.

“En esa época pensábamos que en un país con las complejidades que tiene Perú iba a ser difícil que la justicia avanzara. Pero ahora que es posible hacer un balance en ese tema, el más difícil, el más conflictivo y el más crítico, es en el que más se ha avanzado”, sostiene Carlos Rivera, de la organización de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL), uno de los siete abogados que en 2009 consiguió una condena de 25 años para Fujimori.

Gracias a la constancia de Adelina García, Mamá Angélica y sus compañeras de Anfasep, el rosario de crímenes que rodea Los Cabitos también está siendo investigado. En 2011 se inició el juicio a siete militares, para los que la Fiscalía pide 30 años de prisión.

 

Hasta el momento, se han identificado los huesos de 109 personas detenidas y desaparecidas, pero se teme que sean muchas más. En el sector conocido como La Hoyada, que sirvió de campo de entrenamiento militar para Los Cabitos, hay un total de cincuenta fosas. Se han recuperado tantos restos que el Instituto de Medicina Legal de Ayacucho apenas tiene sitio donde guardarlos. Pese a las trabas y retrasos en el proceso legal, el juicio sigue adelante. Sin el trabajo que inició en 1983 Mamá Angélica hubiera sido imposible.

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17 noviembre 2013 7 17 /11 /noviembre /2013 01:13

Policia-Nacional-de-Honduras-Amenaza-con-realizar-matanza-.jpg

Los policías no presentaron ninguna orden de cateo, solamente dijeron que venían con“ORDEN DE MATAR” ademas advirtieron que otro contingente de Tegucigalpa estaría listo para presentarse y realizar una masacre en esa comunidad.

 

A los medios de comunicación

A las organizaciones de Derechos Humanos

A la comunidad nacional e internacional

Las y los defensores de derechos Humanos hacemos un llamado de ALERTA, ante la escalada de violencia de la que están siendo victima los pueblos originarios en Honduras.

El día primero de noviembre del presente año, mientras la mayor parte de la comunidad de la Tejera, Rio Blanco, estaban en el cementerio enterrando a la hija de uno de los miembros del consejo de ancianos, efectivos de la policía hondureña y algunos policías de la posta policial ubicada en la comunidad de El Barrial, irrumpieron fuertemente armados y algunos encapuchados en la comunidad de La Tejera. Forzaron puertas de las casas en busca del presidente del consejo indígena Lenca y amenazaron con disparar a niños y ancianos.

Los policías no presentaron ninguna orden de cateo, solamente dijeron que venían con“ORDEN DE MATAR” ademas advirtieron que otro contingente de Tegucigalpa estaría listo para presentarse y realizar una masacre en esa comunidad.

En este operativo allanaron las casas de Francisco Sánchez García, Marcelino Gonzalez, Ceferina Sánchez García e Irene González Gutiérrez.

Este hecho se suma a las acciones que criminalizan a los indígenas Lencas que exigen la salida del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, el cual ha servido para privatizar el Río Gualcarque por 20 años, favoreciendo a las empresas Desarrollo Energético DESA, FICOHSA, beneficiadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y del Banco Mundial.

Desde el 1 de abril del presente año, las comunidades mantienen un plantón en protesta por dicho proyecto. Denuncian que Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT que Honduras ratificó en el año 1995 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada en el año 2007 

Ante la amenaza de que en los próximos días se recrudezca la violencia policial y militar en contra de los pueblos originarios de Rio Blanco. Llamamos a la comunidad nacional e Internacional a hacer manifiesto nuestro descontento y preocupación sobre estos acontecimientos.


Responsabilizamos al Estado de Honduras, por este operativo policial y exigimos:
 
BASTA DE PERSECUCIÓN JUDICIAL A LOS PUEBLOS QUE DEFIENDEN SUS DERECHOS.
CESE EL ACOSO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE RIO BLANCO.
RESPETO AL CONVENIO 169 DE LA OIT, RESPECTO A LAS TIERRAS ANCESTRALES.
 
CADEHO Cadena Derechos Humanos Honduras
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17 noviembre 2013 7 17 /11 /noviembre /2013 01:02

Chile-Condenan-a-joven-mapuche-acusado-bajo-Ley-Antiterrori.jpg

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinó condenar por el delito de incendio y absolver de robo con intimidación a un joven comunero de 22 años, imputado por el ataque incendiario al fundo Brasil, el año 2009, cuando era menor de edad.

 

 

El veredicto de carácter mixto determina que el joven de la comunidad Mateo Ñirripil de Lautaro deberá cumplir condena sólo por el delito de incendio, siendo absuelto de la acusación de robo con intimidación.

Este caso fue separado de los demás imputados en el caso, por ser el joven menor de edad al momento de ocurridos los hechos investigados y así no aplicar la Ley Antiterrorista, como sí se hizo en el caso de los adultos.

Sin embargo, la abogada de la defensa, Karina Riquelme, denunció que la controvertida ley 18.314, que castiga conductas terroristas, fue utilizada de todas maneras por la Fiscalía para obtener pruebas contra el joven mapuche.

La defensora anticipó que recurrirán de nulidad ante la Corte Suprema, para que se sepa -dijo- cómo están fallando los tribunales en La Araucanía.

fuente: radio Bio Bio

 

TERRORISTA ES EL ESTADO CHILENO.

RESPETEN A NUESTROS HERNANOS MAPUCHES.000000000000 MunN CUMBRE CH LA KANDELA

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