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Comunicadores Charrúas

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  • Profeso la Horizontalidad como nuestros ancestros Charrúas. Activista social desde el corazón.
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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

Enlace: http://0z.fr/P64LW

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4 octubre 2013 5 04 /10 /octubre /2013 14:33

POR-LA-TIERRA-Y-CON-SENDIC.jpg

 

Resumir y comunicar en pocas palabras una experiencia de lucha  tan intensa y extendida por más de dos años y medio, no resulta fácil.

Ney Thedy desde gurisito fue “peludo”; no había tiempo para aprender ni a leer ni a escribir... había que cortar caña para vivir!. Fue uno de los fundadores de UTAA, histórico sindicato de los cañeros de Bella Unión junto con Sendic a la cabeza;  el único de éstos que al comienzo de los años 90 se convirtió en colono poseedor de la fracción Nº 52  de la Colonia E. Acevedo.

Sin embargo el 28 de abril del 2011, luego de un intento impedido por más de 100 compañeros , fue desalojado de su predio a la fuerza  mediante un operativo policial impresionante, con casi 200 policías (incluyendo grupo GEO) y todo por una deuda intrascendente... violándose además el artículo 68 de la Ley 11.029 de Colonización.

Se convirtió entonces en un caso emblemático.

Desde aquella fecha hasta hoy, fuimos no pocos (incluyendo compatriotas del extranjero) los que levantamos la bandera: “LA TIERRA DE NEY ES DE TODOS, DEVUELVANLA YA”

Fue un proceso de lucha que abarcó diferentes instancias: las jurídicas, las movilizaciones callejeras, las gestiones parlamentarias culminando con una etapa de negociaciones con el directorio de Colonización, que permitió encontrarle solución al conflicto.

Como resultado final, Ney, a través de la asignación a nombre de sus nietos, VUELVE A LA TIERRA! Se le concede un predio de 184 hectáreas ubicados en colonia E. Acevedo  junto a sus hijos. Rescata su rodeo básico (215 cabezas entre madres y crías), y sus yeguarizos; se cancela su deuda ante el Instituto Nacional de Colonización; se cierran además los juicios iniciados.

¿Qué destacar de todo este proceso?

¡QUE VALIÓ LA PENA LA LUCHA! Que la dignidad de quien tiene la razón  de su lado, es arma fundamental para que los poderosos entiendan que los derechos del pueblo deben respetarse. A lo largo de todo este tiempo, la conducta de Ney fue un ejemplo. Como también lo de Don Helios Sarthou que en su rol de abogado, la abrazó como causa militante de primera línea . Luego de su muerte fue López Goldaracena que siguió este camino.

Como también ejemplar fue la conducta de muchísimos compañeros/compañeras que entendieron lo que significaba pelear por la “tierra de Ney” y se comprometieron a impulsar esa pelea.

Sindicatos  como UTAA y Mesa Nacional de Colonos cumplieron un rol protagónico  durante el conflicto; así mismo ese papel lo jugaron colectivos de Lucha por la Tierra de Sauce, Montevideo y Florida Norte. Con el apoyo de sindicatos como ADEOM, FFOSE y SUAT o de grandes movimientos como la ANP (Asamblea Nacional Permanente en Defensa del agua, la tierra y la vida).

Sin lugar a dudas fue importante el conjunto de organizaciones  sociales, que marcaron su presencia solidaria . A su vez se fue articulando esta lucha con la de otros sectores de la sociedad. No solo con la de los cañeros por tierra; también con la del campo y la costa en contra de la megaminería a cielo abierto (ARATIRÍ) y en general contra los efectos del modelo extractivista y saqueador de nuestra tierra y nuestros bienes naturales que en las últimas décadas viene imponiéndose en el país.

Por eso Ney encabezó las 4 grandes Marchas Nacionales realizadas en estos años. Y por algo su causa se arraigó en el sentir de todos.

A la hora del balance podemos decir que el resultado alcanzado, va más allá de la resolución puntual de un caso; significa un paso en la recuperación de una conciencia colectiva que vuelve a creer en que un mundo mejor es posible!. Y que sirve para que desde los círculos del poder vayan captando que hay más de un oriental dispuesto a no bajar brazos.

Un gracias entonces al cúmulo de gestos solidarios que en estos años brotaron desde todos los rincones de la patria. Y en reconocimiento a nuestras profundas raíces artiguistas  y a las del pasado reciente, como saludo final reivindicamos dos de nuestras más entrañables consignas:

 

POR LA TIERRA Y CON SENDIC

NADA PODEMOS ESPERAR SINO DE NOSOTROS MISMOS

 

                                                     Bella Unión, 2 de Octubre de 2013

 

 

NEY THEDY Fotos de una Historia con el Potrillo, y Helios Sarthou en el Corazón 

 

 

El Potrillo con Ney Thedy Periodismo Independiente Alternativo

 

 

Helios Sarthou en instancia judicial con Ney Thedy

 

 

Ocupación simbólica, con NEY THEDY, 3 de setiembre, 50 Años de UTAA

 

 

Este 18 de Octubre día de la 5ta. Marcha Nacional por la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales, la Historia quiere que también sea el Cumpleaños de Ney Thedy, Viejo, Querido, Peludo y Cañero. Se Gano una Batalla por la Lucha por la Tierra. 

 

Ricardo Silva

 

ANP 18 de octubre 2013

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LA-KANDELA-con-MARQUEMOS-UN-NORTE.jpg

ENLACE ONLINE: http://www.ciudaddelacostafm.com.uy/radio-online.html

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15 septiembre 2013 7 15 /09 /septiembre /2013 19:03

CumbreDeLosPueblosArequipa2013

afectados-por-la-Mineria.jpg

Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos afectados por la Minería denunciaron que por tercera vez les niegan un local previamente concertado debido a las presiones que vienen ejerciendo “intereses oscuros” que intentan boicotearla. 

El evento que se convoca de manera paralela a la 31 Convención Minera Perumin se realizará de todas maneras así sea en una plaza pública anunciaron los organizadores quienes no permitirán que se impida decir la verdad sobre la minería y que ocultan y callan los empresarios mineros.

 

Hacen un llamado a los pueblos, comunidades y organizaciones afectadas por la minería a mantenerse firmes en su decisión de llegar a la Cumbre mientras se continúa buscando un nuevo local que no se deje presionar por quienes desean “aplastar” la realización del evento.

Decenas de delegaciones han confirmado su participación al evento, que está previsto llevarse a cabo en la calle Santo Domingo 307, en el Cercado de Arequipa.

El encuentro que se desarrollará en paralelo a la 31 Convención Minera -evento que reunirá a empresarios mineros de cuarenta países- tiene como fin generar un amplio debate acerca de la problemática de los pueblos vinculada a la minería.

En ese sentido, el evento servirá para denunciar la criminalización de la protesta social y las graves violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

Tal como señala la convocatoria, el actual modelo extractivista desprecia los saberes de los pueblos y el respeto a la naturaleza, y privilegia los beneficios económicos por encima de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades.

La cumbre servirá, además, para compartir y sistematizar propuestas surgidas bajo el principio del Sumak Kawsay o Buen Vivir.

Uno de los primeros en confirmar su participación junto a la de numerosos representantes de la zona sur del país fue Lucio Flores Toledo, presidente de la Coordinadora Regional Agraria de la región de Moquegua.

Indicó que la cumbre servirá como espacio para denunciar el modo cómo el territorio de las comunidades está siendo concesionado por “el Gobierno que le ha dado la espalda al pueblo”.

Para el día 18, en horas de la mañana, está programado una conferencia de presa con líderes de distintas organizaciones para ofrecer detalles del encuentro. La conferencia se desarrollará en paralelo al inicio de la cumbre.

Posteriormente, el día 19, a las 11 de la mañana, se dará inicio a una gran movilización que recorrera las principales calles de la ciudad.

Organización

Dilvia Gálvez, coordinadora del colectivo Pachamama y miembro del comité organizador de la Cumbre, señaló que se espera para los días 18 y 19 la llegada de centenares de delegados de organizaciones como frentes de defensa, entre otras.

No obstante, reconoció que se cuenta con escasos recursos para la realización de la Cumbre a raíz de los problemas internos de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami).

Como se sabe, Conacami ha sido por largo tiempo la encargada de asumir la organización de la Cumbre que se realiza cada dos años. Ante ello, explica, se han pedido a las delegaciones autogestionar su traslado hasta la sede del evento.

De otro lado, Gálvez Salazar lamentó el poco apoyo de las autoridades locales que hace más difícil la organización del encuentro.

Precisó que a la fecha afrontan problemas con el hospedaje para las delegaciones, ya que muchos de los hoteles tienen reservadas sus habitaciones para los asistentes a la 31 Convención Minera, que se desarrollará del 16 al 20 de este mes en el Centro de Convenciones Cerro Juli de Arequipa.

Según la representante de Pachamama, colectivo local que viene participando activamente en la organización de la Cumbre, serán parte del encuentro delegados de las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Iquitos, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, entre otras.

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15 septiembre 2013 7 15 /09 /septiembre /2013 18:01

Argentina Denuncian exploración petrolera sin consulta en Organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientales denunciaron el accionar de la empresa Lama Uga, contratada por la petrolera Apache Corporation, del grupo de Exxon, que ingreso el miércoles último a los territorios de la Comunidad Winkul Newen, en el cerro Portezuelo Chico.

 

Compartimos la entrevista que le hizo Kontra-Info de La Colectiva Chapal al werken de la comunidad, Martín Maliqueo. 

Comunicado urgente desde Neuquén: Winkul Newen rodeada por policías y matones

Para las organizaciones, el ingreso de foráneos al territorio de la comunidad , en este caso para realizar una exploración sísmica, se hace con la complicidad y entrega de las autoridades de la provincia de Neuquén y del Gobierno nacional.

Ellos denunciaron, además, que este accionar de la petrolera ignora la Constitución Nacional, la provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la consulta previa obligatoria e informada a las comunidades.

Según Martín Maliqueo, alrededor de las 7 de la mañana, se comenzó a ver una serie de movimientos dentro del territorio. “Nos acercamos al sector este de la comunidad y pudimos ver la entrada de muchísimos vehículos, entre ellos una ambulancia y patrullas de Prosegur (empresa de seguridad privada)”, señaló.

Añadió luego: “La gente de la sísmica comenzó a distribuir miles y miles de metros de cables por todos lados. Cuando nos acercamos se agruparon 3 ó 4 vehículos en actitud intimidatoria”

“Primero viene la sísmica y luego los pozos”, resaltó Maliqueo en entrevista con Kontra-Info, para luego precisar que “en la comunidad no tenemos agua, permitir que entrara la sísmica sería poner en riesgo las pocas fuentes de agua que tenemos”.

Explicó en otro momento, lo que implica y el daño que puede causar este tipo de exploración. “Ocasiona una serie de daños que son irremediables, es un golpe sísmico hacia la tierra que puede desviar napas de agua, puede mezclar las napas de agua dulce con napas de agua salada”, advirtió.

“Ahora con el fracking es un doble perjuicio porque las vibraciones que producen los camiones, los equipos de la sísmica pueden hacer que haya contaminación en reservorios de agua dulce”, sentenció.

Entre las organizaciones que se expresaron en contra del accionar de las empresa figuran la Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, Asamblea Popular Zapala y La Colectiva ChapalRadio Comunitaria.

Asimismo, el Colectivo La Minga de Mendoza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, entre muchos otros.

 

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25 agosto 2013 7 25 /08 /agosto /2013 17:56

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Se inició la lucha contra las tranqueras que obstruyen el camino entre los pueblos

 

 

- La minería irresponsable no solo roba agua, contamina ríos y lagunas sino que se apropia de bienes públicos como las vías y caminos ancestrales que unen a los pueblos. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades que se cruzan de brazos ante la guerra de las tranqueras.

Servindi, 23 de agosto, 2013.- Un considerable grupo de comuneros y ronderos -armados de picos, palas y una buena dosis de voluntad y resolución- retiró el martes 20 de agosto una tranquera colocada por la empresa minera Yanacocha a la altura de la laguna Mamacocha, en Cajamarca.

Los comuneros celebraron la acción luego de meses de hartazgo por la arbitraria acción de la empresa que ha colocado tranqueras sobre vías ancestrales de acceso a las lagunas y que han sido conservadas con fondos públicos y trabajo comunal.

Si bien la empresa ha contribuido en los últimos meses a mejorar los caminos los comuneros consideran que esto no le otorga ningún derecho para hacerse dueña de las mismas y cerrarlas a su antojo.

Como una muestra de la legalidad y justicia de su accionar los ronderos hicieron pública su decisión de retirar la tranquera y convocaron a las autoridades a fin de evitar cualquier enfrentamiento.

Precisamente, efectivos policiales y funcionarios de la Fiscalía de Prevención del Delito se limitaron a observar los hechos y levantar un acta de lo sucedido.

Eddy Benavidez, integrante del Comando Unitario de Lucha, quien participó de la diligencia rondera sostuvo que el retiro de las tranqueras es el producto de una seria de acciones legales y sociales que están dentro del marco normativo y se continuará con el retiro de las tranqueras que aún faltan.

Idelso Hernández, dirigente nacional de las rondas campesinas, informó que los representantes de la fiscalía y la policía quedaron notificados para asistir a la asamblea de rondas a realizarse el 15 de setiembre en la ciudad de Bambamarca en donde tratarán el tema de las tranqueras.

Gregorio Santos, presidente de la Región Cajamarca se excusó de no acompañar la acción por razones de salud. “Desgarro muscular impide acompañar como veedor a ronderos y comuneros a exigir libre tránsito de sus vías”, escribió a través de su cuenta en redes sociales.

La posición de Yanacocha

La empresa Yanacocha emitió un comunicado en el que indica que “las garitas no se han construido sobre caminos ancestrales, como se ha dicho, sino sobre caminos que la propia empresa ha construido dentro de sus terrenos y donde antes no había nada”.

Yanacocha lamentó los hechos ocurridos y, además, indicó que continuará con las acciones legales correspondientes, con el fin de que las autoridades puedan identificar y en su momento sancionar a los responsables de las acciones ilegales registradas.

 

El lider ambiental Marco Arana sostuvó que no se trata de vías privadas sino de bienes comunes y que la empresa está realizando una acción ilegal por que se trata de vías públicas de acceso a lugares comunes como las lagunas.

 

 

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25 agosto 2013 7 25 /08 /agosto /2013 17:38

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23 de agosto, 2013.- “No hay excusas para evitar consultar proyectos de exploración y explotación en curso” sostuvo el especialista en derecho constitucional Juan Carlos Ruiz Molleda, en referencia a los proyectos con estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados.

 

“Es claro e indiscutible que las concesiones, y los permisos de aprobación de exploración y explotación sobre territorios de pueblos indígenas, así como las resoluciones de aprobación de los EIA, son nulos porque no han sido consultados” sostuvó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Así se refirió a los efectos de la resolución de la Corte Suprema que declara inconstitucional dos normas que pretendían hacer pasar a los talleres informativos como procedimiento de consulta.

“Sin embargo, en atención a las consecuencias para la política energética, podemos optar por modular las consecuencias e ir ya no por la nulidad sino por dar un plazo al Gobierno para que consulte”, indicó en un artículo difundido por el boletin Justicia Viva.

“En caso que el Estado se resista a consultar, podríamos recurrir recién a formulas como la suspensión o la nulidad de las concesiones mineras o petroleras” indicó.

A continuación el artículo completo:

Consulta previa vs Política energética: La falsa disyuntiva

- A proposito de la validez de los talleres informativos relizados entre 1995 y el 2011 por empresas mineras y petroleras.

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

23 de agosto, 2013.- La reciente sentencia de la Corte Suprema ha declarado inconstitucionales disposiciones específicas de los decretos supremos que regulaban la participación ciudadana en materia minera y petrolera. Estos decretos pretendían que talleres informativos fueran considerados como procesos de consulta. Este tema, no es intranscendente, todo lo contrario, involucra la política energética del país. Si los talleres informativos realizados no pueden ser homologados con la consulta previa, tesis que ha sido destruida por la Corte Suprema, significa que estamos ante actividades extractivas que funcionan en base a actos administrativos nulos o con un vicio de nulidad por violar un derecho fundamental como es la consulta previa. No negamos la importancia de los talleres informativos porque son validos y muy importantes como parte del esfuerzo de difundir los alcances de una medida a ser consultada. Lo que cuestionamos es que se pretenda homologarlos con la consulta, lindando con la mala fe.

1.- Dos maneras de interpretar la sentencia.

La Corte Suprema ha señalado que esta declaratoria de inconstitucionalidad no es retroactiva, lo que ha ocasionado dos lecturas e interpretaciones, las cuales tienen consecuencias relevantes y diametralmente opuestas.

i) La interpretación cuestionable: La Corte Suprema ha convalidado los talleres informativos realizados entre 1995 y el 2011. Una posible interpretación sugiere que, como la sentencia dice que no tiene efectos retroactivos, la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta a los talleres informativos realizados por las empresas mineras y petroleras desde 1995 hasta 2011, esto sugiere que los talleres son válidos. En otras palabras esta interpretación estaría santificando los talleres realizados.

ii) La interpretación ajustada a la Constitución: Los talleres informativos realizados entre 1995 y 2011 no exoneran al Estado de su obligación de consultar los actos administrativos adoptados entre 1995 y 2011 a propósito de actividades extractivas. Los talleres informativos no son homologables a la consulta por pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional (TC) y por el propio contenido del derecho a la consulta contenido en el Convenio 169 OIT. En esta interpretación de la sentencia, los “talleres informativos” realizados por las empresas mineras y petroleras entre 1995 y el 2011 no son válidos, pero no por esta sentencia de la Corte Suprema sino por reiterados pronunciamientos vinculantes del TC. En efecto, la tesis que cree ver en esta sentencia una santificación y un blindaje de los talleres informativos carece de fundamento jurídico, pues esta no es la primera vez que un tribunal nacional se ha pronunciado sobre la diferencia y sobre la inconstitucionalidad de pasar talleres informativos por consulta previa.

2.- Argumentos para sustentar la invalidez de los talleres informativos realizados entre 1995 y el 2011.

a.- ¿Por qué los talleres informativos no son procesos de consulta?

1) Porque no los ha organizado el Estado sino las empresas extractivas. 2) Porque no permiten a los pueblos indígenas acceder a la información suficiente e idónea para evaluar la conveniencia de la actividad extractiva antes del taller. 3) Porque no se les da el tiempo necesario y las condiciones para que los pueblos indígenas mediten y reflexionen con sus asesores técnicos sobre la pertinencia de esta medida. 4) Porque no permiten a la población expresar su opinión, a lo mas pueden preguntar y nada más. y 5) Porque la consulta es un “proceso de diálogo”, con diferentes etapas como lo señala el artículo 8 de la ley de consulta, a diferencia de los talleres que son un taller aislado, concebidos muchas veces como requisitos burocráticos a ser cumplidos, y que en los hechos según estas versión, traban o demoran la realización de actividades extractiva. Si alguien duda mire este video: http://www.youtube.com/watch?v=Z1uH46-mK70 . 6) Porque tiene diferentes finalidades. En los talleres informativos los pueblos indígenas son “informados”, es decir convidados de piedra, son simples espectadores cuya opinión no es solicitada porque resulta irrelevante en los hechos. En cambio según el artículo 3 de la ley de consulta

“La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos.”

b.- La consulta previa es exigible desde el 2 de febrero del año 1995.

En primer lugar, existe la obligación de realizar la consulta previa desde el 2 de febrero del año 1995. Esta disposición no es un pedido nuestro, lo ha indicado el TC en su sentencia vinculante 00025-2009-PI/TC, fundamento 23. Sobre esto no hay duda. No es cierto entonces que la obligación de consulta surge en setiembre del año 2011, cuando se publica la ley de consulta. Esta obligación surge desde 2 de febrero de 1995, aún cuando no había ley, tal como literalmente lo sostiene el TC en el fundamento 12  de la sentencia 00022-2009-PI/TC.

c.- Intentar homologar talleres participativos por consulta previa revela mala fe y acarrea la nulidad de los pseudo procesos de consulta.

Según el propio TC

“el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta”. Añade que el principio de buena fe, debe ser comprendido como “aquel que busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con él se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta” (STC 00022-2009-PI/TC, f.j. 27).

Al ser este principio un elemento de contenido constitucional protegido (00022-2009-PI/TC, f.j. 37), su violación trae como consecuencia el vicio de cualquier presunto proceso de consulta. Basta con solo este argumento para declarar nulos cualquier intento de hacer pasar talleres informativos por procesos de consulta previa.

d.- El TC ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia que los talleres informativos no exoneran al Estado de su obligación de consultar.

Según éste “no basta con la formalidad de realizar el procedimiento de consulta o realizar un procedimiento meramente informativo sino de materialmente sea un auténtico procedimiento de diálogo y que incluso pueda desembocar en un procedimiento de negociación” (00022-2009-PI/TC, f.j. 9) (subrayado nuestro). Esta tesis ha sido posteriormente reiterada por el TC cuando precisa en relación con los reglamentos que convertían a la consulta en talleres informativos, que

“ninguna de los reglamentos emitidos hasta el momento ha logrado desarrollar idóneamente el derecho a la consulta previa en los términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. En efecto, dichos dispositivos tan sólo se limitan a habilitar “talleres informativos” con las poblaciones afectadas, con lo cual éstas se convierten en meros receptores de una información otorgada por el Estado”. (exp. Nº 05427-2009-AC/TC, f.j. 62).

Y finalmente, el TC ha sostenido que

“Aun cuando no corresponde a este Tribunal evaluar la calidad de dichos talleres informativos, es claro que la exigencia que impone el Convenio 169 de la OIT es la de una consulta previa, publica, neutral y transparente, cuya convocatoria debe hacerse en el propio idioma de las comunidades correspondientes y con la supervisión de las entidades estatales que garanticen la calidad de la información brindada, y con niveles razonables de participación de los integrantes de la comunidad y sus representantes, consulta que no puede reducirse a que se relegue a los integrantes de la comunidad a simples receptores de información, sino que debe fomentar su participación apelando a sus puntos de vista sobre las cuestiones materia de la consulta”. (STC. Nº 6316-2008-PA/TC. F. J. 25 y 26)

e.- El propio Comité de expertos de la OIT.

La Comisión de Expertos de la OIT en su informe del año 2010, ha señalado en relación con los talleres informativos lo siguiente: “la Comisión subraya que meras reuniones de información o socialización no cumplen con los requisitos del Convenio” (1).

f.- La Corte Constitucional de Colombia tampoco acepta que se homologue la consulta a los talleres informativos.

Esta Corte Constitucional es una referencia en América Latina, no solo por la calidad de sus resoluciones sino porque tiene varios pronunciamientos sobre pueblos indígenas. En la reciente sentencia T-129 del 2011 ha precisado que

“todo acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir en territorios de comunidad étnicas, sin importar la escala de afectación, deberá desde el inicio observar las siguientes reglas: (…) (iii) No se admiten procedimientos que no cumplan con los requisitos esenciales de los procesos de consulta previa, es decir, asimilar la consulta previa a meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines”.

3.- ¿Es posible proteger el derecho a la consulta sin sacrificar o poner en peligro la política energética?

Debemos de huir de dos extremos, primero de aquellos que sostienen que los derechos de los pueblos indígenas son el único bien jurídico digno de protección y no la política energética, siendo indiferentes de las posibles consecuencias perjudiciales que traería para la economía del país la nulidad de todas las concesiones extractivas otorgadas por no haberse consultado. Igualmente, debemos de huir de aquellos que creen que las razones de Estado y la conveniencia están por encima de los derechos fundamentales, olvidando que los derechos humanos son contra mayoritarios. Según este análisis, no se deben hacer consultas pues ponen en peligro la política energética.

El tema de fondo es qué peso e importancia debemos de darles a las consecuencias de las decisiones que adoptemos al evaluar la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas cuando se otorgaron las concesiones. A continuación desarrollaremos los argumentos para cuestionar las interpretaciones que señalan que no se debe hacer consulta porque comprometemos la política energética, en otras palabras, se buscar crear una falsa disyuntiva entre consulta y política energética. Este razonamiento equivocado plantean que esta disyuntiva se debe resolver únicamente en base al criterio consecuencialista, es decir por las consecuencias se resuelve: no hagamos consulta porque se va a poner en peligro la política energética del país.

Si bien las consecuencias son un criterio que debe ser tomado en cuenta, no puede ser el único criterio en virtud del cual se adopten decisiones en un Estado Constitucional, especialmente si se tiene que decidir sobre derechos fundamentales, pues puede conducir a consecuencias reprochables jurídica y éticamente. Si solo nos guiáramos por la lógica consecuencialista,  habría que ordenar acciones que violan los derechos fundamentales de las personas como por ejemplo la tortura de un detenido. Aceptaríamos la tortura en razón de que de esa manera la policía puede desarticular una peligrosa banda de secuestradores, de esta forma el sufrimiento que hubiera podido ocasionar esos delincuentes compensa el dolor ocasionado por el Estado al detenido(2). Esta solución resulta absolutamente incompatible con los derechos humanos y con la dignidad humana.

Siguiendo a Uprimny(3), si  solo me guió  en base a las consecuencias y no por normas y derechos, me estoy convirtiendo en órgano político que únicamente opera en base a criterios de oportunidad y conveniencia, pero así no operan los órganos juridiccionáles que administran justicia, los cuales trabajan en base al principio de legalidad y constitucionalidad, es decir un acto o decisión será válida en la medida que sean compatibles con normas jurídicas. De esta forma, para evitar la “disolución del sistema jurídico, la democracia postula que los jueces deben decidir basándose en las pautas normativas del ordenamiento jurídico, pues ésa es la única manera en que se logra una cierta seguridad jurídica” (4). En definitiva, es el propio juez el que debe decidir conforme al derecho y no en función de las consecuencias sobre los efectos de sus decisiones, obviamente no se pretende excluir cierta valoración de esos efectos, pero no puede convertirse en el elemento decisivo en la solución de las controversias judiciales, sobre todo si involucran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por otro lado, resultan relevantes las palabras del Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia promulgada el 15 de diciembre de 1995, cuando rechazó la solicitud de una de las partes en el proceso que había pedido que no se tomara una determinada decisión por los graves efectos económicos que tendría. Dijo entonces ese tribunal que

“las consecuencias prácticas  de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente”, pero que “no puede llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y poner en peligro su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede tener una resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser tenidas en cuenta para decidir, en su caso, si procede, con carácter excepcional, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo” (5).

Frente a ello, suscribimos lo dicho por Uprimny que propone diferenciar entre un análisis “sensible a las consecuencias” y un razonamiento “totalmente consecuencialista”. Señala que

“uno de los retos más difíciles e interesantes de una buena dogmatica constitucional es incorporar esa dimensión consecuencial, a fin de construir argumentaciones sensibles a las consecuencias, sin que el derecho se disuelva en un puro calculo programático de los eventuales efectos financieros y sociales de las sentencias” (6).

Esta  tesis de cierto consecuencialismo atenuado, ha sido recogida por el Tribunal Constitucional a nivel interno primero en materia tributaria en el artículo 81 del Código Procesal Constitucional(7) y luego ha sido ampliado a otros campos. Según el TC, “este tiene la potestad de modular, procesalmente, el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales, en general, y en el proceso de amparo, en particular” (STC N.º 05033-2006-AA/TC, fundamento 62).

Conclusión: Consultar las concesiones extractiva sin afectar la política energética.

Cuando tenemos dos derechos o bienes jurídicos en conflicto, la metodología de la ponderación, que es la herramienta constitucional para solucionar este tipo de conflictos, exige como primera opción intentar armonizar y compatibilizar los derechos en juego. Solo si esto no es posible bajo ninguna circunstancia, recién en ese caso, debemos entrar a priorizar uno de ellos, el que tenga más importancia y relevancia “constitucional”. En el caso de la discusión sobre la validez de los talleres informativos, es claro e indiscutible que las concesiones, y los permisos de aprobación de exploración y explotación sobre territorios de pueblos indígenas, así como las resoluciones de aprobación de los EIA, son nulos porque no han sido consultados.

Sin embargo, en atención a las consecuencias para la política energética, podemos optar por modular las consecuencias e ir ya no por la nulidad sino por dar un plazo al Gobierno para que consulte. Entonces sí es posible armonizar los derechos de los pueblos indígenas y la política energética. El Estado debería de proceder a consultar las principales concesiones mineras y petroleras que se encuentran en etapa de exploración o de explotación. En caso que el Estado se resista a consultar, podríamos recurrir recién a formulas como la suspensión o la nulidad de las concesiones mineras o petroleras. Queda claro que no estamos atrapados en esta visión maniquea, que en nombre de la política energética, rechaza el derecho a la consulta. En definitiva, hay alternativas, no hay excusa para no realizar los procesos de consulta.

Notas:

(1) Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. : “La Comisión desea resaltar que el artículo 6 del Convenio dispone que las consultas deben tener la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Si bien el artículo 6 del Convenio no requiere que se logre el consenso en el proceso de consulta previa, sí se requiere, como lo subrayó esta Comisión en su observación general sobre el Convenio de 2008, que la forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta permitan la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados «a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso». La Comisión desea resaltar que el Convenio requiere que se establezca un diálogo genuino entre las partes interesadas que permita buscar soluciones concertadas y que, si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos. Asimismo, la Comisión subraya que meras reuniones de información o socialización no cumplen con los requisitos del Convenio”. (pág. 934)

(2) Seguimos los argumentos desarrollados por Rodrigo Uprimny, Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía, en: ¿Justicia para todos? Sistema Judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, Grupo editorial Norma, Bogotá, 2006, págs. 168 y sgts.

(3) Jurista colombiano destacado  y ex magistrado auxiliar de la Corte Colombiana señala : “una rama judicial puramente consecuencialista deja de ser una administración de justicia centrada en la protección de derechos y en la aplicación de las normas, para convertirse en un órgano exclusivamente político, que para decidir evalúa y clasifica intereses conforme a valoraciones subjetivas”.

(4) Ibídem.

(5) Ibídem.

(6) Ibídem, pág. 170.

(7) “Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo”.

*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.

Fuente: Publicado en el portal informativo de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1137

 

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25 agosto 2013 7 25 /08 /agosto /2013 17:26

Informe que recoge la tragedia los pobladores de la comunidad San Antonio de Juprog, afectados por la expansión de la Minera Antamina, ubicada en la sierra de Ancash Perú.

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14 agosto 2013 3 14 /08 /agosto /2013 16:36

EL-SENADO-URUGUAYO-APROBO-LA-LEY-DE-MINERIA.jpg

Con 16 votos positivos sobre 28, el oficialista Frente Amplio uruguayo aprobó en el Senado la ley que regula la minería de gran porte a la medida de Aratiri y establece las reglas para su exploración y explotación.

 

El proyecto, de 80 artículos, establece que serán catalogados dentro de gran porte los proyectos de explotación minera que ocupen una superficie mayor a 400 hectáreas o tengan una inversión superior a 100 millones de dólares.

 

El artículo 1 del texto declara a la minería de gran porte como de "utilidad pública" si "respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso, incluyendo el cierre y el post cierre de las minas".

 

De todos modos, como el proyecto sufrió modificaciones en la Cámara Alta respecto de la versión que había sido aprobada en Diputados en abril, ahora deberá volver a la cámara de origen para su ratificación y sanción como ley.

 

Además, se dispone la creación de un "Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión" (FSII) al que se destinarán el 70% de los ingresos obtenidos por el Estado de la actividad, "de modo de asegurar la equidad de derechos con las generaciones futuras". Eso si, destruyendo la tierra y despojando a los que trabajan en ella.

 

Con la nueva ley la alícuota impositiva para las empresas del sector puede ser de hasta el 60% a través de la creación de un adicional específico para la minería del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

 

El proyecto fue avalado únicamente por los senadores del oficialismo que defendieron el "agregado de valor y desarrollo tecnológico" que puede traer la industria, como afirmó el legislador Daniel Martínez.

 

Desde la oposición se cuestionó las regulaciones sobre el plan de cierre de minas que el proyecto de ley dispone en los artículos 11 a 22.

 

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry afirmó durante la sesión que "hay que ser especialmente cuidadosos con el medio ambiente" y calificó como "muy genérico" el contenido de la ley en esa dirección.

 

Bordaberry hizo hincapié también en las exoneraciones impositivas que el proyecto otorga a las grandes inversiones y cuestionó los "enormes beneficios" que se ofrecen.

 

"Este proyecto de ley es un atentado a la soberanía nacional, a los recursos de todos los uruguayos", criticó en tanto el senador del partido Nacional Sergio Abreu, que denunció que con la norma "se venden las joyas de la abuela en el Uruguay".

 

Volverá a diputados, con la intención de completar el mandado, la entrega de Bienes Naturales, que para estos Lacayos son considerados Recursos. Fueron realizadas cuatro grandes marchas, en la ultimar fueron unas 20.000 personas de todos los rincones del país, marcando una oposición real desde el pueblo mismo, en defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales. Los demás partidos acompañaron esta entrega desde el comienzo, marcando ahora distancia con propósitos netamente electorales. Las Organizaciones Sociales mas de 50 agrupadas en la ANP (Asamblea Nacional Permanente)fueron y serán las que resistan a esta nueva forma de Colonialismo, sustituyendo a los españoles, las trasnacionales. Y como decía Artigas "Los malos americanos" desde el poder político, creando leyes a medida, dándole zonas francas para que no paguen impuestos, creando infraestructura para el saqueo, generando mas deuda externa para el país. Realmente una vergüenza, que estos títeres del poder económico mundial, procedan contra su país, contra su pueblo, y en desmedro de las futuras generaciones. Que se encontraran con un territorio destrozado, con agua contaminada. La resistencia popular sin duda se agigantara, y seguiremos siendo los defensores de la Soberanía, de Nuestra Tierra, con el pensamiento y el ideario de Artigas. "Nada podemos esperar si no de nosotros mismos". "No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad". 

 

 

Ricardo Silva

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12 agosto 2013 1 12 /08 /agosto /2013 19:31

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Ecuador sufrió el pasado 31 de mayo uno de los derrames más graves de petróleo cuando se vertieron el equivalente a 11.480 barriles de crudo a los ríos Coca y Napo, que podrían llegar hasta Perú, y que afecta a 32 comunidades indígenas.

A mediodía del pasado 31 de mayo se registró una alerta en el Ministerio del Ambiente de Ecuador, en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y en la sede de la empresa estatal Petroecuador. Tras una serie de llamadas telefónicas, comenzaron a desplegarse mapas de la zona nororiental ecuatoriana sobre la mesa de trabajo de técnicos de ambientales y responsables políticos. El punto señalado es la pequeña población amazónica de Reventador, en el kilómetro 82 de la carretera que une Quito con el Lago Agrio, la capital petrolera del país.

 

El despliegue fue rápido. En las siguientes dos horas aparecieron varios vehículos oficiales y camiones militares en la zona del siniestro. Los vecinos de Reventador, una localidad con algo más de 1.500 habitantes de los cuales aproximadamente el 70% son pobres, repitieron una y otra vez su narración de los hechos al ser preguntados.

 

Contaminación del agua de los ríos

 

Unos y otros comentaron que sobre las 9,30 h de la mañana, tras dos días de fuertes lluvias en la zona, “se produjo un fuerte deslave en una loma situada a pocos metros de la entrada a la población” y el desprendimiento de tierras ocasionó la ruptura del oleoducto que recorre el lugar. “Sonó 'durísimo', así como cuando explotó el Reventador”, afirmaron algunos vecinos señalando al volcán que da nombre al pueblo y que tuvo su última erupción en noviembre de 2002. El talud ocasionó la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una red de tuberías conocida como la “serpiente metálica” que atraviesa gran parte de la Amazonia ecuatoriana hasta llegar a la ciudad costera de Esmeraldas –donde el crudo es embarcado hacia otros países–, cruzando previamente la Cordillera de los Andes. Algunos pobladores han denunciado que sus animales han enfermado tras la ingestión del agua del río y, aproximadamente, unas 60.000 personas han quedado desabastecidas.

 

Automáticamente, el Gobierno ecuatoriano puso en marcha una flota de camiones que se desplazaron desde Quito y suministraron agua embotellada a los afectados, de igual manera, también se enviaron camiones-tanque con agua potable desde Lago Agrio y Shushufindi y la empresa Petroecuador construyó un acueducto de dos kilómetros para transportar agua desde el río Payaminoa, la planta de tratamiento de agua del río Coca, desde donde se abastece a toda la capital de la provincia de Orellana.

 

Además, se hizo público un comunicado oficial indicando que “la emergencia no afectaría a las exportaciones de crudo ni al abastecimiento de las refinerías”. Por su parte, técnicos de la empresa estatal de crudo manifestaron que: “Tenemos suficiente crudo almacenado tanto en Lago Agrio como en Esmeraldas para que no se vean afectadas ni las refinerías del país ni nuestras exportaciones”.

 

Técnicos de varios ministerios recorrieron las poblaciones donde se repartieron documentos informativos con frases como: “Ahora sí el petróleo es para la Amazonía”, “Estamos construyendo la sociedad del Buen Vivir”, “Nuestros recursos naturales son la base de nuestro desarrollo” o “Ecuador ama la vida”.

 

Un vertido de 11.840 barriles de petróleo

 

Sin embargo, según las informaciones oficiales, la ruptura de la tubería ha provocado un derrame de unos 11.480 barriles de petróleo, provocando contaminación en los ríos Coca y Napo. La reparación del oleoducto fue rápida y en apenas tres días el oleoducto SOTE reanudó el bombeo de crudo, a la vez que ya se trabajaba en el plan de 'reparación' ambiental. Según los dirigentes de Petroecuador la intervención del Estado ha sido un éxito. Este mensaje junto al de que Ecuador es el país con la Constitución “más verde del planeta”es repetido de manera continuada por diversas autoridades en los actos oficiales que se enmarcan en la Semana del Medio Ambiente, que, irónicamente tuvo lugar tres días después del derrame.

 

Sin embargo, y a pesar de la propaganda oficial, no todo es perfecto. El informe de la compañía estadounidense OilSpill Response Limited, contratada por Petroecuador para la evaluar las zonas afectadas, señala que el derrame afectó a 400 kilómetros a lo largo de las riberas del río Coca y Napo, desde Reventador hasta la entrada de la laguna Añangucocha en Perú.

 

Según manifestaron algunos de los 300 trabajadores que han sido contratados para la 'reparación' ambiental, los daños no se subsanarán hasta dentro de seis meses debido a la gran extensión de terreno dañada en la que se ha esparcido el petróleo. Mientras, los portavoces de las organizaciones ambientalistas y dirigentes indígenas señalan que un río afectado por un derrame de petróleo pierde su flora y fauna, muchas de las sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos, no desaparecen y son bioacumulables. Se calcula que metales pesados como el vanadio puede permanecer en los ríos durante al menos diez años. Además, el derrame puede afectar a unas 32 comunidades indígenas cuya vida se desarrolla alrededor de los ríos Coca y Napo.

 

 

Para el biólogo Diego Mosquera, director de la Estación de Biodiversidad de Tiputini del Parque Nacional Yasuní: "En los últimos 30 años, por las operaciones petroleras en la Amazonía, se han derramado algo más de 20 millones de galones [un galón son 4,5 litros] de petróleo". Los datos del Ministerio del Ambiente constatan la magnitud del problema: "La media de accidentes entre 2000 y 2011 fue de casi 50 al año". Pero nadie parece tenerlo tan claro como Lizbeth Wachapa, una joven estudiante de la ciudad de Coca que afirma: “Mientras en la Amazonía se siga viendo el verde de los dólares por delante del verde de nuestros árboles, se perpetuará la devastación y contaminación de nuestro entorno”.

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2 agosto 2013 5 02 /08 /agosto /2013 13:47

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“Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este gobierno no cesa con sus planes extractivistas, pero estamos de pie y seguiremos en lucha”, resume Paz Argentina, guía espiritual de la nación warpe.

 

Argentina. Soya, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Son diez años que dejaron heridas a lo largo de la Argentina.

El monocultivo de soya abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció mil 500 por ciento). Son sólo dos cifras y dos actividades que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión, y la bienvenida a las corporaciones.

soja

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soya ocupó 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas). En 2012, la soya abarcó 19.8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El fenómeno fue llamado por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.

La soya transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá, en el gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios; basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.


El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (para llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a los 42 millones. No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.

El avance del agronegocio llega a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifican soya y maíz transgénicos.

El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, los 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: hay al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.

En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”.

“En los últimos diez años, las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soya y la comoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soya”.

xSeñalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”. 
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.



Monocultivo de árboles

La Ley 25.080 fue aprobada por el menemismo (1999) y subsidia todos los pasos productivos. Las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías). 
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soya) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1.2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.  Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento). Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.


La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008 hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.

Petróleo



Néstor Kirchner recibió a la empresa YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos de los que ya gozaban las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década de los años noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.


El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que fuera un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio.


No duda que, al igual que con la soya, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Una muestra de eso es que la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.

La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento con la extracción con la técnica de “fractura hidráulica” (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimientos “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.

El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria, y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.


YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias. La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina) y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se viola toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.



Minería

La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó sobre el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que  ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos; el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un mil 500 por ciento más que en 2003. Nunca antes la minería creció tanto.

El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas -luego se supo que era un militante del PJ-) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.

El viernes 10 de febrero, a las 3:45 horas, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.

“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo de 2013. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.

Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes”. Y destacó que la premisa del Gobierno es “profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.

Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pequeñas y medianas empresas de servicios nacionales. Es un espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.

La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.

En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería, Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).

Leyes



En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo. 
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. 
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).

La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se relevó el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocía el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre mil 470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4.22 por ciento”, denunció la AGN.

La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpreta, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).


En septiembre de 2010 volvió a aprobarse con el nombre formal de Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.

La norma fue frenada judicialmente por una medida cautelar debida a una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.


En marzo de 2013, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3 mil 700 kilómetros cuadrados”.


El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo público los informes completos.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007, pero la Presidenta tardó 14 meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, en febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos acusaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que -con base en datos oficiales- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280 mil a 230 mil hectáreas al año), sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932 mil 109 hectáreas. Santiago del Estero (399 mil 660), Salta (222 mil 868), Formosa (113 mil 109) y Chaco (102 mil 592) son las provincias con mayor deforestación”, afirman las organizaciones no gubernamentales.

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1 millón 145 mil 044 hectáreas: 229 mil 9 hectáreas por año, 627 hectáreas por día, 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1 millón 356 mil 868), en los últimos nueve años se arrasaron 2 millones 501 mil 912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.

“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción del poder en el Congreso Nacional.

En abril de 2009, la presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.

El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la presidenta Kirchner anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla de carácter transgénico”.

Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soya (“RR2 Intacta”).

Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo; fue condenada en Ecuador a pagar 19 mil millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63 mil millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.

Modelo



Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada significó el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los noventa, también hay que marcar que en esta década se abrió un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación ‘público-privada’ por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.

Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras contribuyen muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: “Si bien recuperaron los niveles de empleo y se redujo la pobreza, también es cierto que creció la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.

Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.

Pueblos originarios

En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Marcharon durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia) y fueron recibidos por la presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.

Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.


Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, amta (guía espiritual) del pueblo nación warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos -que va a cumplir 200 años- todavía tiene (…) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos que tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”.


A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por ‘ganada’ y otros por ‘perdida’. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.

Un capítulo aparte debe escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo del padecimiento de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.


Represión

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaron el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres y gases lacrimógenos para todos.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”, señalaron en comunicado.

En julio de 2012, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.

El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). El 24 de mayo fue el turno de comunidades tonocoté en Santiago del Estero. 
Se trata de sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.

La judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del pueblo mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.


En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales): Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera) y Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).

Postal de la década.

"Viva la Pacha Mama", exclaman mientras atrás desmontan.
Tomado del video de Gonzalo Infante 

en el desalojo de 24.5.13 en Santiago del Estero.

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24 julio 2013 3 24 /07 /julio /2013 21:23

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Germán Parula Alianza Pachamama

 

 

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