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Esta Lucha es de los Originarios

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Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

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17 mayo 2012 4 17 /05 /mayo /2012 20:06

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Informaciones revelan que cerca de 100 mil personas fueron a las calles de Santiago, en Chile, para pedir una "educación pública, gratuita y de calidad”.

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Estudiantes chilenos/as concurrieron a otra convocatoria de las organizaciones estudiantiles de Chile y realizaron, este miércoles (16), otra Marcha Nacional por la Educación. Informaciones revelan que cerca de 100 mil personas fueron a las calles de Santiago, en Chile, para pedir una "educación pública, gratuita y de calidad”.

La movilización de hoy superó a la realizada el 25 de abril, cuando cerca de 80 mil personas fueron a las calles para protestar. Los/las manifestantes se reunieron en la mañana de hoy en Plaza Italia, desde donde salieron marchando por la Alameda y Mac Iver para llegar a la Estación Mapocho.

Los/las estudiantes piden una reforma tributaria y educacional en el país. En material divulgado para la convocatoria de la Marcha, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) destacó la mercantilización de los derechos en Chile. De acuerdo con la Federación, la Enseñanza Superior en el país es encarada como un "gran negocio”.

De acuerdo con informaciones de agencias, la movilización registró algunos incidentes al final del acto, cuando un grupo de alrededor de 200 personas encapuchadas tiraron piedras y botellas contra las Fuerzas Especiales de Carabineros, los que respondieron con bombas de gases lacrimógenos y agua.

La manifestación de este miércoles (16) fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones). Además de Santiago, otras ciudades también programaron manifestaciones para hoy, como: Copiapó, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Chillán, Valdivia, Osorno y Castro.

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17 mayo 2012 4 17 /05 /mayo /2012 19:51

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La página web de Hidralia Energía permanece sin cambios desde el martes 1, cuando cae asesinado Andrés Francisco Miguel.
No se ha modificado a pesar de que la seguridad de la empresa es acusada del asesinato. Estática: como si la violencia, la represión, el miedo y la muerte no se estuvieran apoderando de Santa Cruz Barillas.

Al margen de la violencia y la conflictividad, la web de Hidralia oscila entre el ocultamiento, la autocomplacencia y las afirmaciones absolutas, inapelables en su rotundidad.

Las afirmaciones rotundas: Hidralia Energía pretende “contribuir al cambio de la matriz energética de los países donde actuamos, mediante el impulso de proyectos hidroeléctricos de pequeña escala y de bajo impacto ambiental, así como mejorar las condiciones de vida de las personas que viven allí donde desarrollamos proyectos (…) Nuestros valores son, entre otros: ética y transparencia en todos nuestros procesos de desarrollo, respeto a la cultura y valores de nuestros stakeholders”.

La autocomplacencia: menciones genéricas a proyectos exitosos, el autobombo de la responsabilidad social corporativa (12 láminas de zinc donadas para las familias de la comunidad Caserío Quechoc).

Los ocultamientos: ¿qué sabemos de Ecoener, Hidralia Energía y su filial Hidro Santa Cruz[1]? ¿Qué sabemos de sus propietarios? ¿Cuáles son sus antecedentes, sus capacidades, sus expectativas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Guatemala? ¿Cuáles sus redes de apoyo y conexiones? La información corporativa es escasa y llena de vacíos en este punto.

Este escrito pretende contribuir al conocimiento de la historia del grupo empresarial (o la red político-empresarial) que administra Hidro Santa Cruz. Historia que, como analizo a continuación, se sustenta en el ejercicio de la corrupción y se construye sobre una base ideológica y política ultraconservadora: ambos aspectos determinantes para entender la actuación de la empresa en Barillas y la violencia que se genera.

Los reyes del kilovatio Según su brochure corporativo, Hidralia Energía es una empresa fundada en 2006 en A Coruña, Galicia, norte de España, que ofrece “un servicio global en materia de proyectos hidroeléctricos, abarcando estudios y diseños, así como gestión, proceso de aprobación, obtención de licencias y financiación”. En septiembre de 2008, la empresa inaugura su oficina en Guatemala, desde la que atiende proyectos de la región centro y latinoamericana. En Guatemala: Proyecto Cambalam I y II en Santa Cruz Barillas, a cargo de Hidro Santa Cruz; proyectos Pojom I, Pojom II y Bella Linda, en el municipio de San Mateo Ixtatan, a cargo de Producciones de Desarrollo Hídrico; asesorías y consultorías para el impulso de energías renovables en Huehuetenango y Alta Verapaz.

Informes complementarios revelan que Luis Castro Valdivia es fundador de Hidralia y representante legal de Hidro Santa Cruz. Su hermano David es el Director CEO (Chief Executive Officer) de Hidralia, propietario y accionista mayoritario de Hidro Santa Cruz.

Más allá de la leyenda oficial, y según la opinión de la fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, que investiga la denominada “Trama energética”, Luis Castro Valdivia crea desde finales de los años 80 un entramado de más de cuarenta empresas vinculadas al sector energético, con diferentes nombres pero frecuentemente una misma razón social y administración: a cargo del propio Luis Castro Valdivia, sus hermanos David y Javier, o personas interpuestas. El entramado pretende salvar las restricciones legales existentes para la labor de una sola empresa.

En el periodo 1999-2005, cuando su cuñado Ramón Ordás funge como Director general de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia[2], Castro Valdivia recibe concesiones que lo convierten en uno de los empresarios más prósperos del sector: el llamado “rey del kilovatio gallego”, por su hegemonía en el mercado de las pequeñas centrales. En los años en que expande sus acciones a Guatemala (a partir de 2006), el TSXG acusa a Luis Castro Valdivia y a su cuñado de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la obtención de contratos energéticos.

Las actividades fraudulentas se repiten como constante. Se denuncia la constitución de una “maraña” integrada por decenas de “sociedades extensas y opacas, empresas de recientísima creación, con nula experiencia, formadas con capital inicial muy escaso, y sin soporte material, personal ni técnico para el desarrollo de sus actividades”. Empresarios y empresas que, entre otras estrategias, desarrollan sus negocios a partir del “ocultamiento de personas, la formación de empresas pantalla[3], las concesiones irregulares…”

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, define una ruta de corrupción e impunidad alrededor de Castro Valdivia: “incompatibilidades, falsificación de registros y agilización de trámites, corrupción y chafallada[4] administrativa, trámites administrativos express, declaraciones ambientales a la medida”.

David Castro Valdivia, hermano de Luis y propietario de Hidro Santa Cruz, forma parte de esta red de poder y corrupción. Aunque su presencia pública es menos visible, aparece –entre otros- involucrado en la criticadísima Hidroeléctrica de Chandrexa de Queixa, en el municipio gallego del mismo nombre, presidida por el alcalde de la localidad -pese a ser empresa privada- y ubicada de forma anormal en un Parque Natural. David Castro es pieza clave en el proyecto de Barillas.

Si bien las acusaciones por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho fueron desestimadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña en 2010, una sentencia del TSXG de 23 de junio de 2011 confirma la corrupción y las malas prácticas de los proyectos. Ante una demanda contra la anulación de tres contratos de minicentrales interpuesta por Energías del Deza, una de las empresas de Castro Valdivia, TSXG vuelve a argumentar la irregularidad de los proyectos presentados. Entre otros motivos, porque “no se incluyó un estudio de sinergias donde se evalúen los efectos de la instalación de estos nuevos aprovechamientos; no se hizo la descripción de los métodos en orden a conocer la repulsa o aceptación social de este proyecto; no se incluye el estudio comparado de la situación ambiental”.

Un conglomerado político y económico ultraconservador Para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la investigación de la trama energética confirma la existencia de pequeñas empresas con grandes aspiraciones. Planteo esta lectura complementaria: grandes ambiciones e intereses, disfrazados de inversiones societarias en apariencia discretas…

Las investigaciones evidencian importantes intereses económicos y alianzas políticas alrededor de los reyes del kilovatio:

el Director General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia en el periodo 1999-2005, durante el gobierno ultraconservador de Manuel Fraga y el Partido Popular; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla (quien compró a Luis Castro la primera empresa que este fundó, la Hidroeléctrica del Arnoya, en 1992), vinculado a la derecha económica y política; el exalcalde socialista de A Coruña (Galicia) y actual embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez. Iglevaz, la sociedad creada por el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, pasó en 2002 a manos de la familia del Alcalde, que inició una fuerte relación con Luis Castro Valdivia. A pesar de su filiación socialista, Francisco Vázquez se identifica con sectores conservadores; la esposa y los dos hijos de Francisco Vázquez, también copropietarios de negocios energéticos; alcaldes e integrantes de partidos políticos, sobre todo del Partido Popular gobernante; el presidente del gobierno autónomo de Galicia, fundador del Partido Popular y anteriormente ideólogo del franquismo, Manuel Fraga Iribarne. Durante su gestión al frente del gobierno autónomo, las empresas de Castro Valdivia y sus asociados incrementan sus negocios. El propio Luis Castro Valdivia fue responsable de Novas Xeracións, la rama juvenil del Partido Popular.

Las conexiones empresariales y políticas revelan la preeminencia de una base ideológica ultraconservadora en la conformación y actuación del grupo Hidralia Energía: vinculada directamente o heredera de planteamientos políticos provenientes de la derecha española y del franquismo-fascismo, con el añadido neoliberal. Ideología “rancia y autoritaria” como define Manuel Vázquez Montalbán el carácter de uno de sus fundadores y personaje presente este relato, Manuel Fraga Iribarne, pieza clave de la dictadura franquista.

Adelanto como hipótesis (se profundiza en siguientes reportajes) que la base histórica ultraconservadora de este grupo genera dos escenarios clave para Barillas:

Los contextos de restricción de libertades, gobiernos autoritarios, Estados de sitio o excepcionalidad facilitan el desarrollo de las acciones del grupo. La relación del grupo con las comunidades está determinada por la imposición, la unidireccionalidad y el autoritarismo, en un marco doctrinal de raíces fascistas.

Y un tercer escenario posible, donde la violencia se convierte en la clave de la actuación.


*Andrés Cabanas.

Artículo publicado en Memorial de Guatemala

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17 mayo 2012 4 17 /05 /mayo /2012 19:36

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Un análisis del Instituto Nacional del Cáncer (Inca) en Brasil apunta que de los 500 mil casos de cáncer registrados en el país todos los años, por lo menos mil poseen conexión con el trabajo practicado por el paciente.

Un análisis del Instituto Nacional del Cáncer (Inca) en Brasil apunta que de los 500 mil casos de cáncer registrados en el país todos los años, por lo menos mil poseen conexión con el trabajo practicado por el paciente. La exposición a productos químicos y la falta de equipamientos de seguridad son las causas que engendran la aparición de los más de 19 tipos de tumores malignos. Los datos forman parte del documento “Directrices para la vigilancia del cáncer relacionado al trabajo”, divulgado la última semana.

El censo de 4% de los casos está basado en análisis europeos, aunque en Brasil y en demás países en desarrollo, la proporción puede ser todavía mayor.

Entre las profesiones más expuestas al cáncer están la de peluquero, farmacéutico, químico, enfermero y trabajadores de la construcción civil. También figuran los trabajadores de las industrias petroquímica, siderúrgica y metalúrgica, como explica la coordinadora del área de cáncer ocupacional del Inca, Ubiraní Otero.

“El trabajador de una industria de goma y de aluminio tiene mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer que la población en general.”

Ubiraní destaca que los trabajadores rurales también están expuestos al riesgo de cáncer debido al contacto con los agrotóxicos.

“Los estudios más recientes apuntan que hay mayor riesgo para los trabajadores expuestos a agrotóxicos con relación a los que no utilizan agrotóxicos. Eso puede generar cánceres dermatológicos, incluyendo leucemia y linfomas, cáncer de ovario, de testículo y de próstata, cáncer de vejiga y estómago.”

El documento plantea que los profesionales de la salud necesitan crear notas relacionando el cáncer de trabajo  a los diagnósticos. También señala la necesidad del cumplimiento de las normas de seguridad por los empleadores y la ejecución de leyes más restrictivas que prohíban el uso de sustancias cancerígenas.

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5 mayo 2012 6 05 /05 /mayo /2012 20:37

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El pasado miércoles 2 de mayo fuimos recibidos por la comisión de medio ambiente y salud de la cámara alta en la sala Dardo Ortiz ,debemos agradecer a la organización  RAPAL ,a Maria Isabel Carcamo que fue quien gestiono esta entrevista .

Si bien nuestra meta es que se prohíban las fumigaciones con agrotoxicos en las cercanías de las UPA y que se efectúen análisis periódicos de agro químicos en el agua esta instancia es muy importante porque le informamos a los legisladores de primera mano los problemas que ocasionan las fumigaciones desmedidas con agro tóxicos en nuestra comunidad.
Que estas acciones llevadas adelante por vecinos , también sirvan para nuestras autoridades que bien podían haber sido ellos los que llevaran estas problemáticas al parlamento y no todo trancar lo y desvirtuarlo como se hizo en nuestro inoperante consejo local con una carta que ni se si enviaron a la DGSA y con algún concejal que vota en contra y al rato hace manifestaciones a favor,eso se llama jugar en la chiquita.
La sociedad civil organizada y puntual mente el grupo de vecinos de Guichon y algunos medios de comunicación comprometidos  con la comunidad han demostrado que la organización  el  compromiso y el no dejar que nos derrote la burocracia nos habilita para hoy decir muy satisfechos y orgullosos que no entramos en la chiquita y jugamos en la cancha grande.
  Marcelo Fagundez

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Versión taquigráfica de la reunión

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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
Carpetas N° S/C

 

Distribuido Nº 1339
2 de mayo de 2012

 

RESIDUOS DE AGROTÓXICOS Y AGUA POTABLE

 

RAPAL 
(Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas 
para América Latina) 
AUDIENCIA 
__________



Versión taquigráfica de la sesión del día 
2 de mayo de 2012 
- Sin corregir por los oradores -





ASISTENCIA

Preside:

Señor Senador Tabaré Viera, Presidente de la Comisión

 

 

Miembros:

Señora Senadora Hyara Rodríguez y señores Senadores Carlos Baráibar y Rubén Martínez Huelmo

 

 

Invitados Especiales:

Por la Comisión de Salud Pública señores Senadores Luis J. Gallo y Alfredo Solari

 

 

Concurren:

Señora María Isabel Cárcamo y señor Marcelo Fagúndez

 

 

Secretaria:

Señora Susana Rodríguez

 

 

Prosecretaria:

Señora María José Morador

 

 

Contenido

 
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 18 y 8 minutos)

                -La Comisión de Medio Ambiente del Senado da la bienvenida a los representantes de Rapal, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. Quiero aclarar que en el día de hoy también nos acompañan los integrantes de la Comisión de Salud Pública del Senado que, al igual que nosotros, tendrán el gusto de escuchar la exposición de nuestros invitados sobre el tema de los residuos de  agrotóxicos y agua potable. En esta oportunidad expondrán sobre el tema  María Isabel Cárcamo y Marcelo Fagúndez.

SEÑORA CÁRCAMO.- Antes que nada, queremos agradecer la oportunidad de poder expresarnos sobre un tema tan importante como es el de los residuos agrotóxicos en el agua.

                Haré en principio una rápida presentación y luego mi compañero continuará con la exposición, a los efectos de que los señores Senadores puedan hacer las preguntas que entiendan del caso.

                En primer lugar, voy a referirme al estado actual del modelo de producción respecto al aumento de los agrotóxicos en la agricultura y en la forestación. Este modelo de agricultura industrial, liderada por el cultivo de la soja transgénica, desde su introducción ha generado un crecimiento sustancial  en el uso de agrotóxicos. Muchas de estas sustancias se encuentran prohibidas o en vías de prohibición en muchos países del mundo por ser altamente contaminantes y destructivas, tanto para la salud de la gente como para el medioambiente, y muy especialmente para la contaminación del agua. Este modelo de contaminación avanza a pasos agigantados y no se acompasa con las necesidades. Un ejemplo de ello es el cumplimiento en las regulaciones ya existentes, así como también la falta de capacidad técnica para cumplir con lo que ya está establecido. Este es el caso concreto de los  análisis periódicos de los residuos de  agrotóxicos. Hace dos semanas -quiero hacer hincapié en esto- tuvimos una reunión con el Subdirector de OSE, quien nos dijo que estaban en conocimiento de la posibilidad de que existieran residuos de agrotóxicos en el agua, pero que no contaban con la capacidad técnica para poder hacer análisis periódicos. En febrero de 2008 la Dirección General de Servicios Agrícolas, división dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, resolvió establecer mayor restricción a la aplicación de productos fitosanitarios cuando la misma se realiza en cultivos próximos a corrientes naturales de agua o fuentes de agua superficial. En este marco, se prohíben las fumigaciones aéreas a  menos de 30  metros de las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua y las aplicaciones terrestres a 10 metros de la misma. Frente a un vacío legal, nos pareció poco que se estableciera 30 o 10 metros de distancia. Alguien podría pensar cómo podemos controlar un avión fumigando a 30 metros de una fuente de agua cuando, además, Uruguay es un país bastante ventoso. Asimismo, las aplicaciones terrestres a 10 metros son escasas y debemos tener un puente para que cuando llueva, el agua escurra.

 Por otro lado, está el tema de las UPA y hay que tener en cuenta que Uruguay cuenta con 98 unidades. Son superficies totalmente abiertas y no existe regulación respecto a las cercanías de ellas. Se puede fumigar arriba de las UPA, son abiertas, se fumigan y todos los residuos caen allí. Repito: no existe regulación aérea ni terrestre respecto a las cercanías de las UPA.

                Otro tema que realmente nos preocupa es el de un herbicida que se llama Atrazina. En los últimos años, la contaminación del agua por agrotóxicos ha sido una preocupación manifestada por distintos actores de la sociedad, incluso, en el 2010 se encontraron residuos de este herbicida en Santa Lucía. En ese momento se dijo que la cantidad de residuos estaba por debajo de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, nosotros sabemos que este herbicida en dosis muy pequeñas causa efectos importantísimos en la salud de la gente, específicamente, en el sistema endócrino.

                Hablar de un herbicida es bastante complicado porque el paquete de agrotóxicos que se está utilizando es importante, por ese motivo, en este caso hemos tomado solamente la Atrazina, que permanece por largo período en el agua y es terriblemente cara, difícil y complicada de eliminar. Países como Estados Unidos han tenido la experiencia de vivir con sus aguas contaminadas. La otra sustancia que quisiera mencionar en este momento, porque está básicamente relacionada con la situación actual del país, es el Glufosinato de Amonio.  Este es otro herbicida que ahora, en esta semana, está siendo evaluado a través de una consulta pública realizada por el Gabinete de Bioseguridad. Los dos eventos de la soja van acompañados por este herbicida. Voy a leer lo que dice la propia empresa fabricante con respecto al Glufosinato de Amonio, al que describe como tóxico para peces y crustáceos y recomienda no contaminar ríos, lagos o estanques con este producto o con envases o empaques vacíos. En otras palabras, la fábrica reconoce este producto como una sustancia tóxica para el agua. Hago hincapié en este herbicida porque en este momento se está llevando adelante la consulta pública con relación a los dos eventos que se estarían autorizando próximamente, de soja transgénica, que van acompañados por este herbicida.

                Continuando con mi exposición, quiero mencionar la norma 833/20/08, elaborada por distintos entes del Estado y publicada por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Esta disposición establece un conjunto de requisitos que debe cumplir el agua potable para el consumo humano, cualquiera sea su fuente de captación, tipo de tratamiento, producción y sistema de distribución. En la misma se habla de sustancias varias a controlar y analizar, entre las cuales se encuentran los agrotóxicos. Sin embargo, en este momento no está claro si se están haciendo los análisis, con qué frecuencia se hacen y con qué valores aplicados. Esta investigación la lidera el Ministerio de Salud Pública a efectos de saber en qué condiciones está el agua potable. No obstante, en ella participaron muchos otros Ministerios.

SEÑOR FAGÚNDEZ.- Agradezco a los señores Senadores por habernos recibido y por permitirnos exponer nuestra preocupación. Vivo en Guichón, que es una localidad de 5.000 habitantes, que se abastece de agua por una Unidad Potabilizadora. De alguna manera, estamos siendo afectados por la cercanía de la soja, que llega hasta 70 kilómetros de donde está instalada la Unidad Potabilizadora. También se encuentra cerca del cultivo de soja y del monocultivo de eucaliptus la cuenca del arroyo Guayabos, que es de donde extrae agua la Unidad Potabilizadora. Este arroyo también suministra agua a la potabilizadora de las termas de Almirón, que es un lugar muy bonito. Hace un tiempo -desde 2008- con un grupo de vecinos comenzamos a manifestar nuestra preocupación ante las autoridades por la aparición de los primeros monocultivos de eucaliptus en la cuenca del arroyo Guayabos. Recuerdo que en aquel momento era el ingeniero Berterreche quien estaba al frente de la Dirección Forestal. En esa instancia le hicimos llegar nuestra preocupación y a partir de entonces, hemos estado exigiendo permanentemente a las autoridades que se realicen análisis profundos del agua que estamos consumiendo, tanto del lecho del arroyo como de la planta potabilizadora.

                Como comentaba la señora Cárcamo, las Unidades Potabilizadoras son a cielo abierto. Trajimos algunas fotografías de la planta de Guichón con el detalle de las distancias del cultivo y también algunas fotografías satelitales con la distancia del cultivo a la planta que, en este caso, está a setenta metros.

                Muchas de las autoridades departamentales que consultamos se enteraban, en el momento en que les estábamos planteando el problema, que no se estaba haciendo el análisis agrotóxico del agua. Ese es nuestro reclamo desde hace muchos años.

                Sabemos que este problema se plantea en muchas localidades, no solo en Guichón.

                Hoy le comentaba a la señora Cárcamo que hace aproximadamente un año solicitamos a la Comisión de Medio Ambiente de la Intendencia de Paysandú que se hicieran análisis de agroquímicos en el agua. Nos prometieron que iban a hacer un convenio con el LATU y reconocieron que no se estaban haciendo los análisis; hasta hoy no se nos ha hecho llegar nada.

                Junto a otro grupo de vecinos hemos tratado de concientizar a la población acerca de lo grave de la situación y de los problemas que estos productos pueden causar a la salud. Y es por esta razón que asociamos muchas enfermedades de nuestra comunidad a las fumigaciones con agrotóxicos hechas sobre la UPA y en el arroyo Guayabo. La gente está más guardiana y siente un rechazo al avión cuando está fumigando, y es por eso que las empresas sojeras optaron por fumigar de noche.

Hemos constatado que algunas noches se ha fumigado a pesar del viento. Además, estamos prácticamente seguros de que las derivas llegan a la pileta de decantación que tiene la UPA que, repito, es a cielo abierto.

Quedamos a las órdenes para contestar las preguntas que los señores Senadores deseen formular.

SEÑOR SOLARI.- Quiero sumarme a la bienvenida que ya se les ha dado y también expresar que este es un tema de preocupación de todos los Legisladores aquí presentes. Personalmente, en la oportunidad en que estuve al frente del Ministerio de Salud Pública, uno de los temas prioritarios era el relativo a la contaminación con productos agrotóxicos, de manera que este es un tema que me es muy caro.

                Deseo formularles cuatro preguntas concretas. En primer lugar, aquí en la nota se dice que en febrero de 2008 la Dirección General de Servicios Agrícolas estableció restricciones a la aplicación de productos fitosanitarios: 30 metros cuando es por vía aérea y 10 metros si es por vía terrestre.

                Quisiera saber si Rapal está de acuerdo con este criterio. De ser así, el problema no es dictar una nueva reglamentación sino -de la mano de la reglamentación existente- hablar con los representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para determinar qué dificultades hay para su cumplimiento.

                Reitero, mi primera pregunta tiene es si ustedes están de acuerdo con que esta restricción sea suficientemente buena para proteger la salud de la gente.  

                En segundo término, quiero formularles una pregunta relacionada con la Atrazina en el río Santa Lucía. Quiero saber si el hallazgo de enero de 2010 fue casual o si se ha reiterado. Asimismo, voy a hacer una aclaración con respecto a una observación que han hecho. Si no me equivoco, ustedes dijeron que OSE argumenta que los niveles de Atrazina encontrados están por debajo de los máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud, y que ustedes piensan -por lo menos eso fue lo que yo entendí- que prácticamente cualquier nivel es tóxico y provoca daños a la salud. Me gustaría saber en qué se basan para sostener esa afirmación, que es llamativa porque un organismo como la Organización Mundial de la Salud se supone que tiene un respaldo técnico muy importante; no digo que ustedes no lo tengan, pero quiero saber la razón de esa discrepancia.

                En tercer lugar, recuerdo que se habló de la Norma 833-2008, que requeriría controles periódicos para ver si se están cumpliendo los máximos establecidos de agrotóxicos en el agua potable. Si no entendí mal, parecería que esos controles periódicos no se están realizando y me gustaría saber cuál es la razón de ello, a cargo de quiénes están y con qué frecuencia se deberían hacer.

                Finalmente, se afirmó que tanto la Atrazina como el Glufosinato de Amonio, entre otros herbicidas, están causando enfermedades concretas, particularmente en la zona de Guichón, aunque no descarto que ocurra lo mismo en otras áreas. Concretamente, me gustaría saber si por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de la República -o por alguna otra autoridad- se hicieron estudios epidemiológicos que confirmen esa afirmación.

                Estas son las inquietudes que quería plantear.

SEÑORA CÁRCAMO.- Voy a responder las primeras tres preguntas generales y la última se la dejo a mi compañero Fagúndez porque es más específica.

                Como dije al principio, el hecho de que no exista regulación con respecto a la cercanía a las fuentes de agua y que sí haya una regulación por parte del Ministerio a 30 y 10 metros, lo único que me hace ver es que hay una preocupación. De todas formas, 30 y 10 metros son totalmente insuficientes. Es más, cuando nos reunimos con el ingeniero agrónomo Bertoni, Director de Servicios Agrícolas, y conversamos sobre este tema específico, nos manifestó que la formulación de esta regulación se hizo pensando más bien en la protección de los suelos y no del agua. No obstante ello, entendía que este asunto debía ser considerado nuevamente por el organismo encargado del suelo para hallar la manera de poderlo ampliar. Insisto: 30 y 10 metros están lejos de ser distancias adecuadas para proteger un poquito el agua.

SEÑOR SOLARI.- Con total respeto por lo que está manifestando -sin duda está convencida de ello- quiero decir que me llama la atención la explicación de que es por protección del suelo y no del agua, porque lo que figura entre comillas en la nota que nos han entregado, es la distancia entre los cultivos a ser fumigados y las corrientes naturales de agua o fuentes de agua superficiales. O sea que parecería que está dirigido a la protección del agua y no tanto a la del suelo.

SEÑORA CÁRCAMO.- La respuesta que di fue la misma que el ingeniero agrónomo me dio cuando planteé el problema.

                Quiero hacer referencia a cómo surge en nosotros la duda sobre  los niveles máximos de la Atrazina permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina -Rapal- trabaja a nivel internacional con esta Organización. En ese sentido, cuando se establecen los niveles máximos permitidos de los agrotóxicos, se hace en líneas generales.

                Muchas veces se dice que la dosis hace al veneno: si tomo un poquito tal vez no me haga mal, pero si tomo una cantidad mayor el efecto negativo aumenta. Estudios recientemente  publicados -que dejaremos en poder de la Mesa- demuestran que la Atrazina en pequeñas dosis es una sustancia muy tóxica. Además, estamos hablando del agua que consumimos diariamente. Por lo tanto, si consumo pequeñas cantidades durante todo el día, los impactos negativos van a ser bastante importantes.

                La normativa número 833-2008 hace referencia al control y regulación de sustancias varias. Fue así que nos surgió la interrogante de si se encontró Atrazina en el río Santa Lucía de forma casual o fue  porque se realizaron estudios periódicos. Esta misma pregunta se la hicimos al señor Subdirector de OSE y respondió que periódicamente se realizaban análisis. Cabe preguntarse, entonces, con qué frecuencia se realizan esos estudios y cuáles son los valores aplicados. Asimismo, se le preguntó al Subdirector de OSE qué ocurre en otras Unidades Potabilizadoras de Agua del resto del país. Nos respondió que existen problemas técnicos, lo cual es cierto, porque quienes trabajamos en el tema de los agrotóxicos en general -y en particular, también- sabemos que para realizar análisis se debe saber, específicamente, qué es lo que se está buscando. No se puede realizar un análisis a nivel general, debe estar dirigido a la sustancia que se desea encontrar. Obviamente, si no busco esa sustancia, no la voy a encontrar.

                No sé si he respondido las tres preguntas realizadas por el señor Senador; me gustaría que el señor Fagúndez respondiera la cuarta pregunta.

SEÑOR FAGÚNDEZ.- Con respecto a la cuarta pregunta, aclaro que hice una afirmación como representante de un grupo de vecinos de Guichón, lugar en el que todos nos conocemos. Hay un período en que se fumiga la soja con un agrotóxico muy fuerte -es un veneno- que lo asociamos como causante de enfermedades en la población y que ocasiona problemas respiratorios e intoxicaciones. Es el caso de una señora que hace un par de semanas está internada en el Hospital de Guichón por intoxicación causada por agrotóxicos y de su niña de tres años con problemas respiratorios periódicos, que no padecía hasta el momento en que el avión fumigara sobre su casa, ubicada en una zona suburbana. Ahí no hay un marco regulatorio, pero hacemos esa apreciación como representante de la comunidad de Guichón y no como integrante de Rapal.

SEÑOR SOLARI.- Quiero aclarar que la intención de la pregunta no es dudar de su afirmación, sino saber si ya había o no, detrás de esa comprobación popular, un estudio que permitiera manejar una posible legislación con una información que no fuera solamente subjetiva de la población que lo sufre, sino también objetiva por constataciones.

SEÑOR FAGÚNDEZ.- Eso es lo que hemos percibido en los últimos años con la llegada de la soja a gran escala; antes no teníamos tantos problemas de salud en la población. Tampoco hay estudios hechos, si bien los solicitamos al Director del Hospital en su momento para elaborar una estadística sobre enfermedades puntuales a los efectos de saber si se han incrementado o no. Nos preocupa mucho que no se hagan análisis ya que tenemos al alcance de nuestras manos información sobre la peligrosidad de los productos utilizados. Cuando se fumiga en la zona, nos da un poco de temor abrir las canillas y la verdad es que no todos pueden comprar agua embotellada.

SEÑORA CÁRCAMO.- No recuerdo bien si en 2004 o en 2005, tres Organizaciones No Gubernamentales junto a médicos del país realizaron un estudio en Bella Unión, constatándose que la gente que había estado expuesta a agrotóxicos tenía problemas de salud.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Se refiere a que estaba expuesta a agrotóxicos en el agua?

SEÑORA CÁRCAMO.- No, expuestas en el ambiente, a través de las fumigaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es el mismo tema.

SEÑORA CÁRCAMO.- Es el mismo tema porque estamos hablando de fumigaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pero no en el agua.

SEÑORA CÁRCAMO.- Efectivamente.

                El problema en nuestro país es que, lamentablemente, muchas veces no hay estudios específicos y tenemos que basarnos en otros.

                Reitero que en 2004 o 2005 médicos uruguayos hicieron un trabajo específico en la zona de Bella Unión y constataron que la población de los lugares fumigados repetidas veces con agrotóxicos experimentaba alteraciones en la salud.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Quisiera plantear el tema de los marcos legales relativos a la prohibición de la fumigación, a raíz de un comentario que hacía el señor Senador Solari, puesto que entendí que estaban referidos a corrientes naturales o fuentes superficiales. La señora Cárcamo decía que las explicaciones que le habían dado confirmaban que, efectivamente, el marco legal estaba referido a la protección de dichas corrientes. En lo personal, me gustaría saber si existe alguna legislación que proteja a la población civil, más allá de la que ya existe respecto a las corrientes de agua. Como bien se dijo aquí -y todos lo sabemos- estas fumigaciones se hacen a campo traviesa e, incluso, cerca de poblaciones o de escuelas y comisarías. Hago este planteo porque no conozco realmente si esto está regulado y si no hay prohibiciones para fumigar a determinadas distancias de estas poblaciones o localidades puntuales.

SEÑORA CÁRCAMO.- Existe una regulación respecto a la prohibición de fumigar cerca de los centros poblados que, si mal no recuerdo, fue aprobada en el 2003. Esta disposición establece que no se puede fumigar en forma terrestre a menos de 300 metros de una localidad y en forma aérea, a no menos de 500 metros. Además, en marzo del año pasado, se aprobó la misma regulación con respecto a las cercanías de las escuelas rurales. Sin embargo, tal como decía anteriormente, el problema no es que las regulaciones no existan, sino que muchas veces no pueden hacerse cumplir. Esto sucede por distintas razones pero, en general, se debe a que no hay quien controle o a que, en el caso de las escuelas rurales, los cultivos están linderos al patio de la escuela. Como los señores Senadores recordarán, la semana pasada se informó por parte de varios medios de prensa que una maestra, cuando vio que estaban fumigando cerca de su escuela, intentó detener a quienes lo estaban haciendo y resultó fumigada ella misma. Entonces, existe la regulación pero lo cierto es que no hay forma de hacerla cumplir.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Este tema no es novedoso para el Uruguay y, en especial, tampoco para nosotros porque hace muchos años que lo seguimos, a raíz de una conexión que teníamos con el movimiento campesino del Paraguay y la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. En aquel momento, nos llegaban denuncias periódicas sobre verdaderos bombardeos de agrotóxicos a la población civil o campesina de ese país. En la medida en que hay un gran desarrollo agrícola en la región, estos temas también llegaron al Uruguay. Me parece que este asunto da para más y es bueno que quienes nos visitan hayan llegado hasta aquí porque considero que esto no puede quedar solo en denuncias. Es un tema que, dado el tenor del documento que nos remiten, ameritaría otro tipo de consultas por parte de la Comisión. Pienso que este es un buen detonador para comenzar a examinar en profundidad el marco legal y para que la Cámara de Senadores y el Parlamento puedan analizar qué cosas pueden construir. Además, si bien en este momento estamos participando de la Comisión de Medio Ambiente, algunos de sus integrantes son médicos y también forman parte de la Comisión de Salud Pública de este Cuerpo. Me parece, entonces, que hay razones suficientes como para que la Comisión pueda desarrollar una tarea activa en este sentido.

Por otra parte, este tema también está vinculado a la carga de los acuíferos pero tampoco tenemos novedades. Hay protocolos como el que está a estudio en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes sobre la defensa del Acuífero Guaraní; sabemos que la parte uruguaya es toda zona  agrícola y está siendo trabajada con estos agrotóxicos.

                Mírese por donde se mire, el tratamiento de este tema es oportuno y bienvenido sea que esté en el seno de la Comisión. Obviamente que durante su estudio vamos a solicitar que algunos estamentos del Estado se puedan hacer presentes para deliberar junto a ellos.

SEÑORA CÁRCAMO.- Para orientar a los señores Senadores hicimos un punteo de lo que nosotros, como institución, quisiéramos solicitar. Dichos puntos son: ampliar la regulación en las distancias de las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, en las cercanías de las fuentes de agua; prohibir las fumigaciones aéreas de agrotóxicos a una distancia inferior a 500 metros y terrestre a 300 metros del límite de las UPA,  igual regulación que al momento rige para centros poblados y escuelas rurales; controlar el estado del agua por OSE, hacer análisis de residuos de agrotóxicos en forma periódica, tanto para el agua bruta como la potable, así como se hace para otras sustancias; eliminación de sustancias altamente tóxicas para el agua como el herbicida Atrazina, y prohibir las fumigaciones aéreas los días de viento, porque si bien ya sabemos que el Uruguay es un país bastante ventoso, pensamos que algo se puede controlar. El deseo sería prohibir definitivamente las fumigaciones aéreas en todo el territorio; en el departamento de Canelones están prohibidas y lo mismo ocurre en la Unión Europea, dato que agregamos porque habitualmente miramos a Europa, que siempre está más avanzada que nosotros.

                Vamos a dejar a disposición de los señores Senadores el planteo de esta solicitud y material sobre las regulaciones y la normativa. También vamos a entregarles dos libros que fueron publicados hace dos años, uno sobre los agrotóxicos y su influencia en la pesca artesanal de agua dulce -si los peces se están muriendo es porque el agua está contaminada- y otro sobre el trabajo de la forestación y los agrotóxicos. Finalmente, para facilitar vuestra labor dejamos algunos folletos que recién fueron publicados y que son de fácil lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Todo este material será distribuido entre los miembros de la Comisión.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.-  Voy a agregar un antecedente para que quede constancia en la versión taquigráfica.

Si la memoria no me traiciona, en la Legislatura del 2000-2005 esta institución y la señora Cárcamo concurrieron a la Comisión de Salud Pública de este Parlamento con el fin de plantear este mismo tema, las mismas inquietudes y las mismas propuestas.

SEÑORA CÁRCAMO.- Así es, señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.-  Esto fue hace quince años y creo que es imperioso que las Comisiones Parlamentarias que tienen responsabilidad en esta materia encaren este tema -y en eso me adhiero al planteo realizado por el señor Senador Martínez Huelmo-porque tiene un soporte legal.  Por lo tanto, es nuestra responsabilidad  empezar a analizarlo, esperando que no pasen otros quince años sin que se encuentre una solución a este tema.

SEÑOR FAGÚNDEZ.- Los guichonenses, como queremos tanto a las termas            -son nuestra  joyita- las cuidamos y difundimos. De lograrse una zona de exclusión para este problema consideramos que estaríamos protegiendo un centro turístico. Cualquiera de ustedes que concurra a un centro termal y vea un avión fumigador a 200 o 300 metros no va a quedar muy tranquilo. Quiere decir que no solo estaríamos protegiendo y salvaguardando la salud, sino también el turismo. El Estado nos vende agua potable, por lo tanto, nosotros exigimos que el agua que consumimos, no solo en la localidad de  Guichón sino en otras del interior del país, tenga controles profundos de agroquímicos y que realmente estemos pagando por agua potable para consumo de nuestros hijos  y de nuestra comunidad.

                Es cuanto quería manifestar y pido disculpas por alguna expresión inadecuada, es que simplemente soy un activista de Guichón y estos ámbitos son nuevos para mí.

SEÑOR BARÁIBAR.- Deseo sumarme a lo expresado por los colegas y valorar muy especialmente la inquietud y la información bastante documentada de una situación que, sin duda, es preocupación no solo en la zona de Guichón sino en su área de influencia. Si a eso le agregamos lo que ha dicho el señor Senador Gallo Imperiale en cuanto a que el tema data de hace quince años, evidentemente estamos frente a una situación en la que, claramente, ha habido una omisión por parte del Estado en tomar iniciativas. Parecería que no puede demorarse en legislar y ver por qué el Poder Ejecutivo no ha tomado medidas si así debió hacerlo.

                Quienes hoy nos visitan son miembros de una organización que tiene como objetivo central la protección del medio ambiente y del agua, y en Guichón estos son temas que deben preocupar a toda la comunidad. ¿Hay allí un movimiento más o menos extendido de las fuerzas vivas -para usar un término corriente- por esta problemática? Esas fuerzas vivas, de alguna manera, ¿están movilizadas para generar una toma de conciencia y medidas que sean de carácter nacional y departamental? Consulto porque habría que ver cuáles pueden ser fruto de legislación y cuáles de normas departamentales. Quisiera saber si existe, por ejemplo, una Comisión que involucre a la gente de las áreas sanitarias y también a los sectores de los fumigadores, a los agrícola-ganaderos y a la sociedad rural de la zona del departamento. ¿Se han entrevistado con ellos? ¿Qué receptividad hay frente a este planteo? ¿Cuál es la respuesta recibida?

SEÑOR FAGÚNDEZ.- Desde el año 2008 el pueblo de Guichón está muy preocupado; hemos logrado instancias de diálogo con el Intendente actual de Paysandú, quien respecto de este tema se comprometió a alcanzar un convenio con el LATU para hacer análisis del agua. Asimismo, mantuvimos reuniones con la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental y con la Comisión de Medio Ambiente de la Intendencia.

Por último, quiero señalar que nos contactamos con el Director de Servicios Agrícolas, ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, en este caso, a título de vecinos de Guichón y no como representantes de Rapal.  En este sentido, debo decir que hay vecinos movilizados -tal como preguntó el señor Senador Baráibar- pero la situación es difícil porque hay muchos que trabajan en la soja y cuando se tocan los intereses de algunos  se pueden generar rispideces en nuestra localidad. Nuestro objetivo es  generar conciencia para poder vivir todos en comunidad y que los que plantan soja tengan un marco regulatorio y no perjudiquen el agua de sus propios hijos. Reitero que hemos tocado las puertas de instituciones y autoridades, y mantenido diversas reuniones. En este sentido, hace dos meses atrás exigimos al Municipio local que elaborara una carta dirigida a Servicios Agrícolas pidiendo una zona de exclusión en la UPA de termas y en la de OSE que suministra agua  para Guichón. Finalmente, esta carta ingresó en el Municipio y se envió a Servicios Agrícolas. Si bien obtuvo un voto en contra, los otros cuatro concejales votaron a favor y la carta tuvo el destino correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos vuestra presencia, todo el material que aportaron así como también su exposición. Esta Comisión comparte vuestra preocupación sobre el tema, lo analizará e invitará a algún organismo del Estado para que nos ilustre sobre la legislación, su aplicación y cumplimiento            -que existe- aunque seguramente tendremos que actualizarla y mejorarla.

                Muchas gracias.

(Se retiran de Sala los representantes de Rapal, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina)

SEÑOR SOLARI.- Creo que hay dos aspectos a resaltar en este tema, señor Presidente. Cuando escuchamos un reclamo de este tipo no podemos olvidar que, obviamente, estamos oyendo una sola campana de un tema que es muy sensible y difícil. Creo que también tenemos que escuchar la otra campana, en particular la del personal técnico de las distintas reparticiones del Estado que tienen responsabilidad sobre el tema, ya sea porque se la fija alguna norma específica o las funciones que deben cumplir. Concretamente, hay tres Ministerios involucrados en el tema: en primer lugar el de Salud Pública, por los efectos que esto pueda tener sobre la salud; en segundo término, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque es uno de los organismos más importantes que tiene que estar presente es la DINAMA; y, en tercer lugar, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque es quien ha estado estableciendo requisitos y criterios. Independientemente de esos tres Ministerios, hay un organismo que es OSE que, obviamente, tiene que venir a explicar qué está haciendo con respecto al control y  cuáles son las razones para que no se hiciera lo que se tenía pensado.

                Además,  me parece que sería bueno trabajar en forma conjunta con la Comisión de Salud Pública, como en la tarde de hoy, y cuya invitación agradezco.

                Por otro lado, quiero decir que el mes que viene se desarrollará el Río+20 y seguramente esta organización latinoamericana va estar presente. Por ese motivo creo que, además del tratamiento técnico sobre el tema, hay que hacer una especie de previsión del tratamiento político en materia de relaciones exteriores, porque me parece importante preservar la imagen de país con un informe serio y fundado que tenga en cuenta las dificultades que pueda haber, así como también explicar las bondades. No tengo dudas de que tomo este vaso de agua y no me enveneno y que también puedo tomarlo en Guichón, en Salto y en Colón. Creo que la Comisión tiene que comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con la delegación que vaya a Río+20 porque este es un tema que puede dañar la imagen de Uruguay a nivel genérico, pero también a nivel turístico y creo que eso es lo que hay que tratar de prevenir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parecen de recibo las sugerencias del señor Senador Solari. Por lo tanto, pedimos que Secretaría invite a los Ministerios que él ha propuesto y, en particular, al de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la DINAMA y a OSE porque están muy relacionados con este tema de agrotóxicos vinculados al medio ambiente y, en particular, al agua.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Me parece que lo ideal sería que OSE viniera después de todo, porque la función de ese organismo es  controlar el agua que potabiliza. Entiendo  que lo mejor es escuchar a todas las partes para saber exactamente cuánto, cómo y de qué manera se puede llegar a contaminar el agua por estas fumigaciones. También tendríamos que consultar al Ministerio de Salud Pública. De todos modos, más allá de creer que lo ideal sería un mundo sin agrotóxicos, también es verdad que tenemos un país productivo y que la forma de producción ahora es esa. Entonces, no se trata de saber cuál es el mundo ideal, sino de conocer qué tanto afectan esos productos la salud de la población. Y en caso de resultar perjudicial, tendremos que actuar con fuerza porque tampoco podemos permitir que la producción termine con el ser humano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Obviamente, es necesario encontrar un equilibrio. También es cierto que ha aumentado considerablemente el área sembrada, con lo que también ha aumentado el problema.

                Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 19 y 5 minutos.)

 
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.

 

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25 abril 2012 3 25 /04 /abril /2012 04:19

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El Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines (Sutta) y La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) aseguran Que La Ley 18.441, aprobada en Diciembre de 2008 Y Que establece UNA Duración de Ocho Horas Para La Jornada de Trabajadores rurales, no Cumpliendo this sí. La Presidenta de Sutta, María Flores, informó Que le pidieron al presidente UNA Entrevista José Mujica Por Este Tema, párrafo ProMover Que aumenten las Inspecciones en El Medio rural.

Sin Policía

La Presidenta del Sindicato de Trabajadores de tambos solicito La Reunión Con Mujica also párrafo Hablar Sobre La decreto derogación del aprobado en 1978, Prevista en las Naciones Unidas Proyecto de decreto Elaborado Por El MTSS (ver La Diaria del 16/04/12). La norma aprobada DURANTE la Dictadura encomendaba al estilo de Policía de El desalojo de los Trabajadores Rurales despedidos CUANDO Estós Viven En El Establecimiento Donde trabajan, MIENTRAS Que El Proyecto de Decreto en un Estudio El Ejecutivo determinación Que Una Vez Cumplido de las Naciones Unidas Plazo de 30 Días Despues De Comunicado El despido, El empleador You can Iniciar Acciones Judiciales Para El desalojo del asalariado. "Los Que he aquí vivimos en carne Propia Lo Que sabemos es", señaló María Flores, FUE UNA Quien de las advirtieron Que En El parlamento y en El MTSS Que El decreto Sigue Vigente, ya que Qué FUE utilizado en 2009, CUANDO FUE Su esposo despedido Tras intentar sin Formar sindicato y desalojado. "Mis Hijos todavia sí acuerdan, me preguntaban '¿Que paso? ¿Que hicimos? ¿Robamos? '. Habia Tres camionetas de la Policía alrededor y El comisario diciendo: "Saquen SUS cositas", Recordo Flores. "No es nada grato comolo que siguieran Haciendo", concluyó. La sindicalista comento Que se reunio Con algunos legisladores del Frente Amplio párrafo Comentar El decreto de Proyecto De MUCHOS Y aunque coincidieron Con La Reacción del Inglés Gobierno, Matices Otros plantearon. "Algún diputado nn Pregunto QUÉ queríamos, si queríamos quedarnos a Vivir Dentro de los predios" lamento.

La Dirigente del Sutta explicó uno La Diaria Que le pidieron audiencia al presidente UNA párrafo Darle Su Opinión respecto al Proyecto de Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Que sin excep decreto de 1978 Que habilitaba la Intervención de la Policía en Casos de desalojo de Trabajadores Rurales (ver recuadro). No obstante, Flores señaló also Que quieren manifestarle una Mujica Que actualmente no hay en sí this Cumpliendo La Ley de Ocho Horas Para Los Trabajadores rurales. "Muy Pocas estancias en Todo el País TIENEN UNA planilla de control de dónde son los cantantes marcar La Hora de Entrada y de Salida, aunque Obligatorio es", ejemplificó. Segun la Presidenta del Sutta SOLO EN SEIS o Siete Establecimientos sí banking ESA planilla, y en la Mayoría SE IMPLEMENTO EL MECANISMO "PORQUE HUBO PRESIÓN párr Que la pusieran". "Él Visto Gente Importante uno, Que integra los CONSEJOS de Salarios, y rasgarse las vestiduras diciendo" yo cumplo todo 'despues les PREGUNTAS uno los peones y Dicen Que No ", DIJO. "Si no tenemos el control de la ONU, UNA planilla, es imposible HACER Ocho Horas, es Algo Que Volvemos a reiterar en Cada Reunión, PORQUE ES muy lindo tenerlo En El Papel, Pero ¿El Papel SE APLICA?", Pregunto sí.

Flores DIJO Que en La Reunión Con Mujica Buscaran "incentivar una Que La Ley de Ocho Horas en sí controle", ya Que si bien reconoce Que El MTSS Ordeña "INSPECCIONES A MEDIDA Que solicitamos" y "ha Cumplido Con Salir al interior", Que consideraciones TIENE Pocos Recursos Hacerlo párr. "Son Muy Pocos Los Inspectores párrafo Salir una Campaña, heno Vehículos Pocos e Infraestructura", Opino.

Segun Flores, Que ademas integra la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra), tampoco en sí cumplio todavia Con El article 11 de la Ley 18.441, Que establece la creacion de la UNA Comisión de Seguimiento Integrada Por delegados del Poder Ejecutivo, del sector Empresarial y de los Trabajadores, Encargada de evaluar la APLICACIÓN de la Jornada de Ocho Horas y El Descanso Semanal. "Esa comision Nunca SE CREO, y es UNA forma de Trabajar en Conjunto Por la ley", consideró.

Por Su Parte, Jorge Rodas, presidente de UTAA, aseguró El miércoles 18 en la Comision de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados Que La Ley de Ocho Horas no cumple en sí. Segun Rodas, also de Unatra, párr Que se Aplique la Ley es Necesaria UNA reglamentación. "La ley esta, Pero El teatro es Que se TIENE Que reglamentar el párrafo Que se cumplan las cosas", señaló, y Opino Que Si No Se ESO CONCRETA No Hay Posibilidades de determinar la forma de cumplir Con los descansos.

 

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14 abril 2012 6 14 /04 /abril /2012 22:29

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14 abril 2012 6 14 /04 /abril /2012 22:23
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14 abril 2012 6 14 /04 /abril /2012 21:57

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10 abril 2012 2 10 /04 /abril /2012 20:39

Venezuela: Puente Llaguno - Claves de una masacre

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El mundo entero conoció que un 11 de Abril de 2002 durante el golpe ... todos » de estado en Venezuela, ocurrió una masacre. Varias personas que disparaban desde un puente de Caracas fueron señaladas por los medios de comunicación como los autores de la masacre que cobró 19 víctimas fatales. Pero junto alos muertos y heridos de ese día, aparece otra víctima. La verdad. Este documental muestra imágenes, testimonios y hechos claves de una historia que muchos medios de comunicación ocultaron sobre la masacre de Puente Llaguno. Guión y dirección: Angel Palacios. Producción General: Panafilms. Producción Ejecutiva: ANMCLA. Producción: G.Luis Serrano. Infografía: Douglas Aponte. Post-Producción de Audio y Video: Andrés Petit, Carlos Yegres, Miguel Arias, Edgar Torres. Camaras: José L.Saldivia, Gabriela Fuentes, Víctor Gozón, Cèsar Rico. Musicas: Gilberto Simoza, Mary Pili Hernández.

 

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10 abril 2012 2 10 /04 /abril /2012 20:18

Carceles-secretas-Foto-AFP-320x248.jpgUna comisión especial del Parlamento Europeo visitará Lituania a finales de abril para investigar la existencia en el territorio de este país báltico de unas cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo informaron de que del 25 al 27 de abril tienen previsto encontrarse con la presidenta del país, Dalia Grybauskaite, y también con el canciller lituano, el ministro del Interior y otros altos funcionarios del Gobierno y del Seim (el Parlamento) de Lituania. La lista de la LIBE incluye altos ex funcionarios de la Fiscalía y de la Inteligencia lituana.

Los investigadores de la alta comisión intentarán dilucidar si los líderes lituanos le permitieron a la CIA, de manera ilegal, establecer ese tipo de prisiones y si se cometieron torturas. Los eurodiputados plantean visitar también algunos lugares del país donde posiblemente pudieran ubicarse las prisiones secretas estadounidenses.

Traslados ilegales, desapariciones y torturas de detenidos

La LIBE está elaborando un informe sobre traslados ilegales, desapariciones y torturas de detenidos en Europa, como continuación de la investigación del Parlamento Europeo de 2007. La Comisión del Europarlamento ha denunciado que muchos estados de la Unión Europea ponen trabas a las investigaciones que se llevan a cabo sobre el tema.

La información sobre la existencia en Lituania de cárceles secretas de la CIA fue divulgada por una cadena de televisión estadounidense. Un ex oficial de la CIA ha informado acerca de la existencia de prisiones ilegales en el territorio de este país báltico donde se derivaban presos sospechosos de terrorismo y radicalismo islámico.

El ex funcionario de la CIA dijo que las prisiones funcionaron hasta 2005 y que los presos fueron objeto de duros tormentos durante los interrogatorios. Sin embargo, ex mandatarios y funcionarios de los servicios secretos lituanos negaron la existencia de cárceles secretas de la CIA en su territorio.

Prisiones secretas en el centro de Europa

En diciembre de 2009 una comisión del Seim concluyó que la CIA estableció dos cárceles secretas en este país europeo, una en la capital lituana, Vilnius, y otra en sus alrededores, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU.

Según conclusiones de la comisión parlamentaria, se debía investigar a funcionarios del Departamento de Seguridad del Estado por “abuso de poder” conforme al derecho lituano. El mismo 2009 la Fiscalía lituana abrió una investigación sobre este caso, pero el 14 de enero de 2011 la Fiscalía lo cerró por la “expiración del plazo de prescripción”.

Aun así, después del último informe de la LIBE, el Gobierno lituano ha reconocido que albergó prisiones secretas de la CIA.

Red paneuropea de cárceles secretas estadounidenses

Las dos cárceles en territorio lituano eran parte de una red de lugares secretos que la CIA operaba y controlaba en Polonia y Rumanía durante el Gobierno de George W. Bush hasta 2006.

Según la información publicada a finales de marzo pasado, un ex jefe de los servicios de Inteligencia polacos, Zbigniew Siemiatkowski, ha sido acusado formalmente en relación con los detenidos de la CIA recluidos en Polonia.

Además, se ha identificado un edificio en Bucarest, la capital de Rumanía, como presunto centro de detención de la CIA, y una investigación polaca sobre centros secretos se ha tambaleado en reiteradas ocasiones.

En septiembre pasado, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, exigió a Lituania, Polonia y Rumanía que dieran explicaciones sobre la existencia de sitios clandestinos de la CIA en su territorio.

RT

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