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Esta Lucha es de los Originarios

y de Todo Aquel que se Considere un

Defensor de los Derechos Humanos.

Este artículo contiene dos videos

de la Campaña y la Totalidad del

contenido del Convenio 169 de la OIT

sobre pueblos indígenas y tribales.

GRACIAS POR DIFUNDIR Y APOYAR.

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21 diciembre 2010 2 21 /12 /diciembre /2010 18:04

http://3.bp.blogspot.com/_SNDebz-xtPU/S8U8M5JcWQI/AAAAAAAACUY/Hl2wcfMbSBQ/s400/guerra+sucia1.jpgDurante el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, 61 defensores de los derechos humanos y luchadores sociales fueron asesinados y al menos cuatro se encuentran en condición de desaparecidos.

 

Al parecer, los “operativos” para eliminar a quienes defienden la democracia y la justicia, serían dirigidos por grupos paramilitares, conformados por policías y militares en actividad.

El lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 61, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDH ONU).

Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman otros cuatro defensores víctimas de desaparición forzada.

Defensores asesinados

Blanca Mesina Nevarez, defensora de los derechos humanos en Tijuana, Baja California, recordó el día 18 de mayo del año que termina, cuando fue interceptada por una camioneta pick up negra con lunas polarizadas y sin placa.

En aquella ocasión un hombre alto y robusto la apuntó con un arma en la cabeza y le dijo: “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar. Aquí hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar”.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado más de 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.

El 67,7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores.

Estos defensores pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero), relató Abel Barrera, director de Tlachinollan.

Añadió que los defensores aparecen siempre como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas “Las autoridades casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”, expresó.

Informe anual 2010

El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indicó que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país”.

Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”, indicaron.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado Hernández Valencia, dijo que es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado”.

No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”, indicó.

“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización.

“Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.

 

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19 diciembre 2010 7 19 /12 /diciembre /2010 23:47

Jaime García Covarrubias trabaja en Washington desde 2001. (Foto: Archivo)

http://www.telesurtv.net/multimedia/imagenes/RED_GRANDE_HOME1_400x267_47940225.jpgOtro caso escandaloso de asesino y torturador latinoamericano refugiado en Estados Unidos donde prosperó gracias a sus conexiones con la inteligencia norteamericana. Un brigadier retirado del Ejército chileno, Jaime García Covarrubias, que fue Jefe de Contrainteligencia en la DINA, la policia secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, trabaja en Washington desde el 2001, como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos adscrito al Pentágono.

 

 Como colmo, se acaba de revelar en Chile, que este torturador de la dictadura pinochetista está ahora acusado de haber sido un torturador que obligaba a sus víctimas a cometer aberraciones sexuales. En septiembre, García Covarrubias tuvo que viajar a Chile por orden de un tribunal investigando casos relacionados a los horrores del régimen pinochetista y ex prisioneros como ex militares que fueron sus subalternos lo acusaron formalmente de haber actuado con “crueldad y tratos inhumanos” no solo contra los detenidos sino hacia los propios soldados del regimiento “Tucapel”, en la sureña ciudad de Temuco.

 

 Según el sitio web chileno memoriaviva.com, Jaime García Covarrubias fue miembro del Estado Mayor de la DINA como jefe de Contrainteligencia.

 

 También dirigió la Sociedad Pedro Diet Lobos, “pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del pais”.

 

 En noviembre de 1988, asume la Subsecretaria General de Gobierno. Fue durante 3 años asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

 

 "Se comentaba que era una de las personas que le escribía o le asesoraba los discursos a Pinochet", señala memoriaviva.com.

 

"SE DESTACABA POR SU CRUELDAD Y TRATOS INHUMANOS "

 

 Durante los procedimientos judiciales, una de las víctimas del “profesor” reclutado por el Pentagono, lo acusó de haberlo torturado “junto a otros prisioneros”.

 

 "El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y desnudos nos obligó a efectuar actos sodomíticos, sin éxito", declaró  el ex detenido Herman Carrasco Carrasco. Otro ex detenido, Víctor Maturana, afirma que "de mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubilla, y a los tenientes Manuel Vásquez Chahuán y Jaime García Covarrubias".

 

 Por su parte, el ex soldado Héctor Barra Reyes, declaró judicialmente que "me consta que el capitán Nelson Ubilla y los hermanos Jaime y Raimundo  García Covarrubias interrogaban a los detenidos en el lugar donde los torturaban"

 

 Agrega el testigo que los abusos eran cometidos "principalmente por el de nombre Jaime".

 

 Según el ex militar Oscar Inostroza, "el teniente Jaime García Covarrubias  se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos (reclutas)".

 

Igual cargo le formuló el ex soldado Enrique Moreno: "del teniente Jaime García recuerdo su crueldad con los prisioneros".

 

 El actual profesor de una “respetada instituci{on” del Pentagono es adem{as sospechado de la muerte de seis militantes comunistas fríamente ejecutados por Jaime García Covarrubias y otros oficilaes de inteligencia.

 

 En sus declaraciones judiciales, el actual profesor del Centro de Estudios del Pentágono reconoció que perteneció a la DINA, la Gestapo de Pinochet, como instructor de agentes en técnicas de interrogatorio y contrainteligencia, por lo que en su hoja de vida, dice, obtuvo "varias felicitaciones".

 

UN HECHO “DE EXTREMA GRAVEDAD”

 

"Es de una extrema gravedad que un ex agente de la DINA (policía secreta de la dictadura) que permanece acusado en un proceso de torturar prisioneros y luego convertirse en instructor para técnicas de represión, permanezca en una institución dependiente del Pentágono de Estados Unidos", comenta Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile,Gutiérrez.

 

"Este señor no puede seguir desempeñándose en Estados Unidos en un Centro de Estudios del Pentágono, las acusaciones en su contra son muchas y muy graves", añadió el parlamentario, perteneciente al Partido Comunista y abogado especialista en derechos humanos.

 

Gutiérrez se reunira, junto al diputado socialdemócrata Tucapel Jiménez, también miembro de la Comisión y el ex prisionero político Herman Carrasco, uno de los acusadores de García Covarrubias, con el embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro D. Wolff.

 

 Las relaciones entre la inteligencia norteamericana y la policia secreta del dictador chileno Pinochet fueron abundantes.

 

 Entre otros testimonios, el ex Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), general en retiro Manuel Contreras, contó en un informe redactado en la cárcel, cómo viajó a Estados Unidos, en agosto de 1975, y que sostuvo entonces varias "reuniones de trabajo" con el general Vernon Walters, el subdirector de la CIA, brazo derecho de George Bush.

 

 En el curso de estas consultas, Walters se dijo "muy interesado" en que Contreras visitara la Dirección de Seguridad e Inteligencia Pública (DISIP) en Caracas, donde los siete más altos comisarios eran cubanos y pertenecían a la CIA, uno de ellos siendo Luis Posada Carriles, entonces Jefe de la División General de Seguridad.

 

 Unos meses m{as tarde se creaba, en Bonao, Republica Dominicana, la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), bajo orientación de la CIA. Esta reagrupación de organizaciones terroristas cubanoamericanas, pronto dirigida por Orlando Bosch, colaboró con fervor con la policía pinochetista.

 

 Bosch y Posada viven hoy libres en Miami, en la Florida, donde celebran abiertamente sus crímenes terroristas.

 Jean-Guy Allard.  fuente TeleSUR

 

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18 diciembre 2010 6 18 /12 /diciembre /2010 20:24

http://www.adital.com.br/site/mostrafoto.asp?lrg=250&alt=170&img=destaques/17_haiti_OK.jpgTatiana Félix. Adital -
La Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgó hoy (17) su decisión de descartar temporariamente la posibilidad de investigar el origen de la epidemia de cólera de Haití. El motivo es que la entidad quiere dar prioridad a la prevención de la enfermedad, que ya provocó la muerte de más de 2.400 personas y la infección de más de 112 mil haitianos y haitianas. "Por ahora la prioridad no es investigar sobre el origen del brote, sino evitar su propagación y atender a los enfermos", dijo la portavoz de la OMS, Fadela Chaib.

Sin embargo, los movimientos populares haitianos exigen una investigación sobre el origen de la epidemia, ya que para la población son los soldados de las tropas de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) los verdaderos transmisores de la bacteria del cólera.

 

Desde que la enfermedad resurgió en Haití, después de un siglo de haber sido erradicada, la población ha realizado grandes protestas para exigir la salida del batallón nepalés de la Misión de la ONU, que llegaron pocos días antes de la aparición de la enfermedad en el territorio.

 

Un estudio realizado por el especialista francés en epidemiología, Renaud Piarroux, confirmó que la enfermedad fue "importada" y llegó a Haití a través de la base nepalesa de la Minustah. Según especialistas, en Nepal también existe una epidemia de cólera y la enfermedad en Haití surgió después que los soldados nepaleses llegaron y se asentaron en la región central del país, donde surgieron los primeros casos de cólera.

La OMS admitió recientemente que el cólera en Haití puede haberse originado por la contaminación del río Artibonito, en la región central del país. La entidad también reconoció que la bacteria del cólera en Haití es la misma que la de la región del sudeste de Asia, sin embargo, no pueden precisar de qué manera la bacteria podría haber llegado al territorio haitiano.

La epidemia, que ya infectó diez departamentos del país, ha desestructurado a las autoridades haitianas. Además, el brote también sobrepasó las fronteras y llegó a la fronteriza República Dominica, que confirmó 20 casos de cólera en su territorio.

La jefa de información de la ONU en Ginebra, Suiza, Corinne Momal-Vanian, habló sobre la posibilidad de que los hechos hayan sido "políticamente manipulados" debido a las recientes elecciones de Haití. La Unicef también llamó la atención para que la crisis electoral no impida la asistencia de los enfermos de cólera. En las últimas semanas el país ha experimentado violentas protestas a causa de las elecciones, que ya produjeron la muerte de por lo menos cuatro personas.

El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o de agua contaminada con la bacteria Vibrio Cholerae. Los síntomas de la enfermedad son fiebre alta, diarreas y vómitos intensos, que pueden llevar a una fuerte deshidratación y a la muerte.

 

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18 diciembre 2010 6 18 /12 /diciembre /2010 20:12

http://www.telesurtv.net/multimedia/imagenes/RED_GRANDE_HOME1_400x267_477211006.jpg


Unos 2 mil 500 presos permanecen en huelga de hambre en protesta por la muerte de 81 reclusos en un incendio ocurrido a principios de diciembre en la cárcel de San Miguel (ex penitenciaria de Santiago), según informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena, Hugo Gutiérrez.


Los reos comenzaron el ayuno el pasado 12 de diciembre, como protesta por la tragedia de los 81 reclusos que murieron quemados en la cárcel de San Miguel. Los presos también protestan por las condiciones infrahumanas en las que viven día a día su presidio.

El diputado Gutiérrez informó que este viernes de 104 heridos, entre ellos reos y policías, que se produjeron en un motín en la ex Penitenciaría de Santiago. La revuelta se produjo luego de un exhaustivo registro de las fuerzas de seguridad en varias celdas en el que se incautaron armas blancas y bebidas alcohólicas.

Gutiérrez afirmó este viernes que “la situación de los presos es inhumana, pues viven prácticamente como animales (...) esto es un polvorín que siempre está punto de ser encendido (...) no es posible que un penal que fue construído para 800 personas, que posteriormente se amplió para mil 200, hoy albergue a más de 7 mil. Eso es inhumano", reclamó.

El representante de la Cámara de diputados chilena encabeza una comisión que en 120 días deberá establecer un informe acerca del estado de las prisiones chilenas para que, con base en ello, se profundize el Código Penal y en las políticas de reinserción social.

Ante la negativa de los presidiarios de recibir visitas y prolongar el ayuno, el diputado expresó que "Es una huelga de hambre que sin duda tiene motivos razonables, y que espero que esta comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados actúe con rapidez”, indicó Gutiérrez.

La población penitenciaria de Chile es de unos 108 mil internos, pero la mayoría viven hacinados en edificaciones que están en condiciones precarias.

El presidente Sebastián Piñera ha reconocido que el sistema carcelario en ese país "no solamente es inhumano" sino que además "es un atentado a la calidad de vida y a la dignidad de todo el país".

Actualmente, familiares de varios de los reclusos muertos durante el incendio del pasado 8 de diciembre en la cárcel de San Miguel, adelantan demandas judiciales en contra del Estado chileno por negligencia y violación de Derechos Humanos de los fallecidos.

 

Prensa Latina-Europa Press/rp-MM 
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17 diciembre 2010 5 17 /12 /diciembre /2010 19:05

http://www.kwcontinente.com/brasil%20ap(1).jpgKarol Assunção
Adital -
Transcurridos más de 30 años de lucha, organizaciones sociales de derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura militar brasileña recibieron una buena noticia. El pasado 24 la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsabilizó al Brasil por el desaparecimiento forzado de 62 guerrilleros de Araguaia.

La sentencia del "Caso Gomes Lund y Otros (‘Guerrilla de Araguaia’) VS. Brasil", divulgada este martes (14), se refiere a las acciones de detención arbitraria, tortura y desaparecimiento forzado practicados por el Ejército brasileño contra integrantes del Partido Comunista del Brasil (PCdo B) y contra campesinos. Las operaciones militares, realizadas entre 1972 y 1975 - durante la dictadura militar - tenían el objetivo de terminar con la guerrilla de Araguaia.

 

En la sentencia la Corte destaca que la Ley de Amnistía del Brasil no puede continuar dificultando las investigaciones del caso ni representar un obstáculo para la identificación y el castigo de los responsables por las violaciones de los derechos humanos. Además, condena al Estado como responsable, entre otras cosas, por "las violaciones de los derechos al reconocimiento de la personaría jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal" de 62 personas en el periodo de la dictadura militar.

 

Por cuenta de esto la Corte establece que el Estado investigue el caso, que determine las responsabilidades penales y que aplique las debidas sanciones; se esfuerce en descubrir el verdadero paradero de las víctimas, identificarlas y entregar sus restos mortales a sus familiares; se ofrezca tratamiento médico y psicológico a las víctimas; realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso; promueva un curso o programa sobre derechos humanos para integrantes de la Fuerzas Armadas; y adopte medidas para tipificación del delito de desaparecimiento forzado de personas, de acuerdo con los parámetros interamericanos.

Para Victoria Grabois, vicepresidente del Grupo Tortura Nunca Más de Rio de Janeiro (GTNM/RJ), y que es familiar de tres desaparecidos de la Guerrilla, la sentencia representó el "coronamiento" del trabajo de más de 30 años de parientes y organizaciones que luchan por la justicia del caso.

"Esa sentencia representa una gran victoria (…). Muestra el reconocimiento de nuestro trabajo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", se alegra Grabois, resaltando que la sentencia era una "deuda histórica" que los gobiernos brasileños contrajeron con los familiares de las víctimas y, en general, con la sociedad brasileña.

Sin embargo, la vice presidente del GTNM/RJ hace presente que las actividades de las organizaciones no concluyeron con la condenación de Brasil por la Corte IDH. "Nuestro trabajo consiste ahora en presionar al Estado Brasileño para que cumpla la sentencia de la Corte", anuncia, demandando aun la apertura de los archivos secretos de la dictadura. "Queremos abrir para saber donde fueron enterradas las víctimas", destaca.

De acuerdo con el documento, al año siguiente a la notificación de la condenación, el Estado deberá presentar al Tribunal un informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la sentencia.

Lea la sentencia final en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf

 

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15 diciembre 2010 3 15 /12 /diciembre /2010 20:46

http://www.resumenlatinoamericano.org/images/stories/honduras_campesinos_represion.jpgObservadores internacionales confirmaron las graves violaciones a los derechos humanos que comete el régimen golpista de Honduras

Resumen Latinoamericano/Alba TV - Más de 90 miembros de organizaciones de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales concluyeron su misión en el Bajo Aguán, alertando sobre la constante violación de los derechos fundamentales de las familias campesinas, la impunidad y la falta de justicia, y el proyecto de muerte impulsado por los grupos hegemónicos, la clase política corrupta y las fuerzas represoras del Estado.

 

La grave violación de los derechos humanos y la urgente necesidad de impulsar acciones para contrarrestar el proyecto de muerte que existe en la zona, fueron los principales puntos abordados en la conferencia de prensa brindada por las organizaciones que integraron la delegación, y que por cuatro días recorrió la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.

 

“Todo el mundo cree que el conflicto en el Valle del Aguán se reduce al enfrentamiento entre terratenientes (palmeros) y los campesinos del MCA (Movimiento Campesino del Aguán), MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán y el MARCA (Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos del Aguán) –dijo Gilberto Ríos de FIAN Honduras-.

 

Sin embargo, en la zona hay 11 conflictos y ya se cuentan 35 asesinatos, lo cual da una idea de cómo se trata de resolver los conflictos agrarios en esta zona.

 

Nos hemos movilizado a la zona no solo para defender o tratar de acompañar a los campesinos para la defensa de la vida, sino también para entender la problemática en el campo económico y social, donde en efecto se da la lucha de clase, la lucha entre campesinos y terratenientes.

 

Si no tenemos claridad de ese enfrentamiento, difícilmente podríamos interpretar correctamente los hechos puntuales de violación, asesinatos, persecución y tortura”, explicó Ríos.

 

Durante su exposición, Gina Rodríguez del CDM (Centro de Derechos de Mujeres) evidenció la importancia de los hallazgos desde el punto de vista social.

 

“Hay un aspecto humanitario en este conflicto. Hay hombres, mujeres, niños y niñas que están creciendo en medio de ese conflicto y que están siendo víctimas, no solamente de los desalojos -como lo que acaba de ocurrir en Paso Aguán- sino también de las consecuencias tanto física como emocional.

 

La lucha de los campesinos y las campesinas -continuó Rodríguez- significa tocar los intereses de los grandes terratenientes (palmeros) que todo conocen, y esto ha generado un clima de miedo, de tensión, inseguridad, y se refleja en las pocas denuncias que manifiestan las personas.

 

Han muertos personas que dejan viudas y huérfanos. Las mujeres están reportando violencia física, emocional y sexual de parte de las fuerzas represivas. Toda esta gente está viviendo en un ambiente de constante presión e intimidación, sin acceso a la educación y a la salud, a una vivienda digna, a la seguridad alimentaria”, aseveró la representante del CDM.

 

Proyecto de muerte

 

También para el sacerdote Fausto Milla, miembro de la Comisión de Verdad, la situación es alarmante.

 

“En todas las comunidades que hemos visitado me han repetido la misma cosa: en Honduras hay una sola persona que manda, y es un extranjero criminal que engaña a los campesinos para quitarles la tierra.

 

Un pirata extranjero que llega a Honduras a destruirnos, a crear conflictos y que se adueña del país.

 

En el Aguán la gente lucha por un pedazo de tierra, para poder tener vida -continuó Milla-, y en esta lucha hemos visto grandes cantidades de personas viviendo bajo las palmeras, en chozas de plástico, en medio de la desnutrición infantil.

 

Una situación de abandono, marginación, como que no fueran seres humanos. He llegado a la conclusión que si bien es cierto que hay persecución en estos pueblos, mucho más hay tortura permanente a la que está condenada la inmensa mayoría de niñas y niños que nacen en el Valle del Aguán.

 

Condenados a la desnutrición, a la enfermedad, a la miseria, al abandono, a la inseguridad permanente, al hambre, a la muerte prematura. No podemos permitirlo y tenemos que hacer algo”, aseveró el miembro de la Comisión de Verdad.

 

Finalmente, el abogado y miembro del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia), Víctor Fernández, evidenció la total impunidad ante los atropellos cometidos por los terratenientes palmeros y las fuerzas represoras.

 

“En estos territorios el Estado no existe, no genera el bienestar, sino que profundiza el malestar y es un fracaso total. Hay una crisis que surge a partir de la militarización y la paramilitarización impulsada por el sector terrateniente.

 

Hay un desprecio absoluto para todos los derechos contemplados en la Constitución y en todos los Convenios ratificados por Honduras, y el primer derecho que se desprecia en esta zona es el derecho a la vida. Cuando un Estado no es capaz, de su institucionalidad, de imponer la racionalidad se impone la ley del más fuerte.

 

Aquí se está imponiendo un proyecto de muerte y si se impone en estos territorios, si esto es el mecanismo para resolver los conflictos, ésta va a ser la medida para resolver todos los conflictos en el país”, concluyó Fernández.

 

No están solos

 

Finalizando la actividad y después de la intervención de Dina Meza del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), los miembros de la delegación, entre ellos organizaciones de la Plataforma de Derechos Humanos, anunciaron algunos de los desafíos para el futuro, entre los cuales destacan la urgente necesidad de conformar un Observatorio Permanente de Derechos Humanos en la zona, la redacción de un informe completo de la misión y la propuesta de organizar una sesión del TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos) en el Bajo Aguán.

 

Asimismo, comunicar lo que se ha observado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Observatorio Internacional de los Derechos Humanos.

 

“No vamos a abandonar la zona y hoy más que nunca, vamos a estar presentes, acompañando a la población”, concluyó Gilberto Ríos.

 

 

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15 diciembre 2010 3 15 /12 /diciembre /2010 20:41

http://www.resumenlatinoamericano.org/images/stories/palestina_nios_presos.jpgLa policía israelí no distingue edades a la hora de encarcelar palestino, por eso los nios también son víctimas de la represión sionista

Resumen Latinoamericano/Palestina Libre - La Policía israelí ha realizado detenciones ilegales de menores palestinos de hasta 8 años de edad durante una ofensiva represora por el lanzamiento de piedras en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este, según denuncia en su último informe la organización de Derechos Humanos israelí B’Tselem.

 

El estudio, realizado entre noviembre de 2009 y octubre de 2010, revela que al menos 81 menores de Silwan han sido arrestados o detenidos para ser interrogados, la gran mayoría por ser sospechosos de lanzamiento de piedras durante los enfrentamientos entre colonos israelíes y residentes árabes de este barrio situado al pie del Monte del Templo y objetivo de la expansión de los asentamientos israelíes.

 

Cuatro de los detenidos tenían menos de 12 años, la edad mínima de responsabilidad penal según la ley isarelí, lo que implica que no pueden ser procesados por delitos. Uno de los casos documentados por B’Tselem es el de un niño de 8 años que fue sacado de la cama en medio de la noche sólo porque su nombre coincidía con el de otro chico que presuntamente había lanzado piedras durante los disturbios.

 

Los disturbios se han incrementado tras la muerte de uno de los vecinos de Silwan, Samer Sarhan, el pasado 22 de septiembre, fallecido por disparos de un guardia de seguridad del asentamiento judío. Desde entonces y hasta el 31 de octubre un total de 32 menores han sido arrestados en Silwan, según B’Tselem.

 

La organización explica que las autoridades isarelíes han incluido Silwan en la zona en la que se aplica la legislación israelí, como la Ley del Menor, que otorga una protección extraordinaria a los menores en procesos penales.

 

En concreto, denuncia las detenciones en incursiones nocturnas en los domicilios, los interrogatorios sin acceso para los padres de los sospechosos y el tratamiento violento durante la detención o mientras esperaban para ser interrogados, todo ello en violación de la legislación israelí.

 

“Sus quejas por agresiones han sido desestimadas o tratadas con sorna y, en los casos aislados en que el Departamento de Investigación para la Policía abría una investigación, ésta se cerraba sin sanción alguna contra los responsables”, asegura B’Tselem.

 

Por último, B’Tselem recuerda que la construcción de asentamientos en Jerusalén Este, incluido Silwan, supone una violación del derecho internacional. Estos asentamientos levantados en medio de zonas pobladas por palestinos “crean tensiones y generan una realidad de confrontación constante entre las dos poblaciones”. “Estos asentamientos deben ser desmantelados inmediatamente”, apostilla la organización.

 

 

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13 diciembre 2010 1 13 /12 /diciembre /2010 22:04

 



 

 

http://www.dissonancia.com/ladoddosesportes/2010/2010-07-20rag001.gif África se está transformando rápidamente en la Tierra Prometida para los poderes emergentes – como en los casos de Brasil, China e India – que intentan sobrepasar a los viejos poderes coloniales en la carrera por la riqueza de este continente. Al mismo tiempo, otros países comparativamente menos poderosos – como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Corea del Sur, Finlandia y otros – están apropiándose de todo cuanto pueden – tierras de cultivo, bosques, mercados de carbono, mano de obra barata – en los espacios que los primeros dejan sin ocupar.

A medida que la paz se expande sobre este continente hasta hace poco azotado por la guerra, los gobiernos nacionales y extranjeros – del Norte y el Sur – generan oportunidades de acceso a los recursos naturales de África para empresas transnacionales. Las palabras clave utilizadas para esconder sus verdaderas intenciones – ganancias y saqueo – son: alivio de la pobreza, creación de empleo, asistencia médica, educación, desarrollo.

En este contexto, el Instituto de Desarrollo Sostenible de Liberia (SDI por su nombre en inglés) realizó del 27 al 29 de abril, en Monrovia, una muy oportuna “Conferencia Internacional sobre Derechos Comunitarios y Recursos Naturales”, organizada en conjunto con la Red Africana de Derechos Comunitarios (Africa Community Rights Network) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

La reunión congregó a 35 representantes de comunidades de 9 condados de Liberia, delegados de ONGs de 10 países africanos (Camerún, República Centroafricana, Congo Brazzaville, Gabón, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria, Tanzania y Togo), así como participantes de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Países Bajos, Reino Unido y Uruguay.

Los principales temas discutidos durante la reunión tuvieron que ver con la extracción de recursos naturales y los derechos comunitarios, enfocándose particularmente en el sector forestal e incluyendo el madereo industrial, las plantaciones de árboles a gran escala y el mercado de carbono vinculado a los bosques (REDD).

En el caso de Liberia, la organización anfitriona (SDI) había alertado recientemente que “existe evidencia convincente de que las actividades de madereo a gran escala, contrariamente a las expectativas generales, no alivian la pobreza ni crean puestos de trabajo decentes y seguros para las comunidades del bosque. De hecho, se ha comprobado que estas actividades exacerban la pobreza en las comunidades forestales y que además han participado directamente en el financiamiento de actores estatales y no estatales involucrados en conflictos violentos”. (1)

A pesar de la evidencia, el gobierno de Liberia está abriendo un tercio de los bosques del país – más de 1 millón de hectáreas – a la explotación industrial, lo cual ha generado gran preocupación entre las comunidades forestales que se verán afectadas por dicha actividad.

La situación fue discutida en la reunión de Monrovia y, luego de un fructífero intercambio de experiencias, los representantes de las comunidades liberianas produjeron una declaración (2) donde explican que, si bien “la nueva ley de reforma forestal de Liberia prevé la consulta a las comunidades locales y su participación libre e informada en los procesos de toma de decisiones relativas a sus recursos forestales … los procesos encaminados a la firma de acuerdos sociales entre las comunidades y los concesionarios no tuvieron en cuenta la participación informada de las comunidades afectadas…” La declaración agrega que “las comunidades locales han sido ignoradas reiteradamente acerca de las decisiones relativas al uso de sus recursos forestales”, y que “los poseedores de contratos y quienes gestionan los recursos forestales han violado sistemáticamente los derechos comunitarios y no han cumplido con el compromiso de asegurar los beneficios para la comunidad…”

Como resultado de ello, una de sus principales demandas fue “que los acuerdos sociales firmados entre las comunidades afectadas y los concesionarios sean renegociados”.

Por su parte, los miembros de la Red Africana de Derechos Comunitarios (ACRN) también emitieron una declaración (3) en la que exigen una serie de acciones urgentes en los países de la región, entre las que se encuentran las siguientes:
-          Que la administración y el manejo de los recursos naturales deben estar centrados en los derechos comunitarios
-          Que los gobiernos deben asegurar que existan leyes sobre derechos comunitarios y que, donde existan, sean plenamente implementadas y que el conocimiento sea accesible para las comunidades.
-          Que los gobiernos deben asegurar el acceso a la información sobre manejo de los recursos naturales a las partes interesadas y sobre todo a las comunidades afectadas.
-          Que el involucramiento de las comunidades debe basarse en el consentimiento libre, previo e informado.
-          Que los gobiernos deben asegurar que las mujeres tengan iguales derechos y acceso, así como igual participación en el manejo de los recursos naturales.
-          Que los gobiernos deben asegurar el pago de precios justos por la explotación de los recursos naturales de África.

La reunión también trató el tema de las plantaciones de árboles a gran escala – caucho, palma aceitera, eucalipto – así como el del mercado de carbono en general y REDD en particular, en lo relativo a sus posibles impactos sobre las comunidades locales africanas y sus derechos. En este sentido, la declaración comunitaria reclamó “que se hagan más consultas directas a las comunidades sobre temas emergentes como el Acuerdo de Participación Voluntaria, REDD, el comercio de carbono y las plantaciones a gran escala”.

Por su parte, la declaración de la ACRN “señaló la creciente cantidad de tierra que está siendo asignada a la plantación de monocultivos a gran escala en África durante los últimos años” y expresó que “habiendo notado los impactos negativos de las plantaciones a gran escala, apelamos a la vigilancia para proteger los medios de vida y el medio ambiente”. Al mismo tiempo, “señalaron que el comercio de carbono proporcionará la excusa perfecta para que los países industrializados del norte eludan su responsabilidad de reducir drásticamente sus emisiones de carbono” y por lo tanto rechazaron “el comercio de carbono como medio para financiar el manejo forestal sostenible”.

Tanto la declaración de las comunidades como la de ACRN muestran la diferencia abismal que existe entre el enfoque comunitario y el enfoque corporativo de la extracción de recursos naturales. Mientras el primero está centrado en los derechos de la comunidad, el segundo piensa en términos de acceso y apropiación de los recursos ajenos para generar ganancias. Mientras el primero puede asegurar beneficios a largo plazo para las comunidades forestales, el segundo resulta en pobreza creciente y en la destrucción de los recursos. Mientras el primero puede conservar los bosques, el segundo provoca su degradación y posterior substitución por monocultivos de árboles.

En tal contexto, el mensaje emitido por la Red Africana de Derechos Comunitarios es fuerte y claro: “Que la administración y el manejo de los recursos naturales deben estar centrados en los derechos comunitarios”.

(1)       Liberia – The Promise Betrayed (La Promesa Traicionada), enero de 2010, 
http://www.wrm.org.uy/countries/Liberia/Promise_Betrayed.pdf.
(2)       http://www.wrm.org.uy/countries/Liberia/Position_statement.html.
(3)       http://www.wrm.org.uy/countries/Liberia/Africa_Community_Rights.html.

 

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12 diciembre 2010 7 12 /12 /diciembre /2010 16:25

http://4.bp.blogspot.com/_bf3WZXrE4rc/TPt3pfdpZ6I/AAAAAAAAEu8/O-ZHomVdsMo/s400/ME.jpgNació el 13 de enero de 1918, en Montevideo, en la calle Guaná 2012.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública en el barrio Cordón, donde vivía. Cuando terminó sus años escolares, ingresó en la Universidad de las mujeres y luego al Instituto Magisterial para recibirse de maestra con 17 años, en 1935.

No pudo comenzar a trabajar en la escuela pública, hasta 5 años después, al negarse a firmar una adhesión al régimen del dictador Gabriel Terra.

En 1948 se casó con Ramón Agustín Islas González de cuyo matrimonio nació el 18 de abril de 1953, su única hija Maria Emilia.

Vivió gran parte de su vida  en el barrio de Colón.

Su hija Maria Emilia también inicio sus estudios de magisterio y se caso con Jorge Zaffaroni Castilla en 1973.

Perseguidos por la dictadura por su militancia política en la ROE (Resistencia Obrera Estudiantil), el matrimonio Zaffaroni- Islas debe refugiarse en la Argentina, en donde participan de la fundación del PVP.

El 22 de marzo de 1975, nace en Argentina su nieta Mariana,

El 27 de setiembre de 1976, María Emilia, su esposo Jorge Zaffaroni y su nieta Mariana, fueron secuestrados en Argentina por fuerzas militares uruguayas y argentinas.

A partir de ese momento, María Ester, convirtió su dolor en lucha iniciando una batalla, enfrentada al poder dictatorial primero y a la insensibilidad y la complicidad de los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura.

Junto a Luz Ibarburu de Recagno, Violeta Malugani, Maria Elena Antuña de Gatti, Irma Hernandez y Milka Prieto, inician las primeras denuncias colectivas, (entre ellas a la OEA) de los desaparecidos uruguayos en la Argentina, que darán lugar, posteriormente, a la conformación del grupo de Familiares de uruguayos Detenidos Desaparecidos en Argentina.

En 1979 cuando son ubicados los hermanitos Julien, en Valparaíso, Chile, viaja a ese país, ante la posibilidad de que su nieta haya sido llevada con ellos.

Fue una activa propulsora de las denuncias, ante los organismos internacionales y los distintos estrados judiciales nacionales y extranjeros.

Entre las múltiples gestiones y entrevistas que realiza logra interpelar al mayor Gavazzo en dictadura para reclamarle por su nieta, en el mismo domicilio de este.

Encara la búsqueda en Argentina junto con Abuelas de Plaza de Mayo, donde se recogía la información de los presuntos hijos de desaparecidos.

El 24 de julio de 1980, fallece su esposo de un ataque cardiaco..

En 1983 obtiene la primer información respeto a su nieta, al publicarse  en Brasil una entrevista a un represor argentino que dice que otro represor se habría apropiado de la niña.

Viaja a Brasil con la madre de Jorge Zaffaroni, donde realiza contactos con organizaciones de derechos humanos y políticos interesados en el tema.

Posteriormente se recibe información de quien es el represor que se habría apropiado de su nieta, Miguel Angel Furcci, miembro de la SIDE argentina, dando origen a la presentación de la denuncia ante la justicia argentina.

Luego de un largo e irregular tránsito por los juzgados argentinos de la denuncia y el pedido a la justicia de medidas cautelares, se da la fuga de los apropiadores con Mariana, al Paraguay.

Posteriormente viaja a Paraguay junto con Milton Romani, siguiendo datos para ubicar a Mariana.

En 1985, presenta junto a un grupo de familiares de desaparecidos, una denuncia penal ante la justicia uruguaya, la que no prospera en virtud de la aprobación por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986, de la Ley de caducidad.

Junto a Elisa Dellepiane de Michelini, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, a partir del 5 de enero de 1987, preside la Comisión Nacional pro-referéndum, movimiento que busco mediante el referéndum, anular la ley de caducidad.

En ese marco que culmino con la realización del referéndum el 16 de abril de 1989, fue una incansable participante de actividades en todo el país y a nivel internacional. Realizo dos giras europeas, una acompañada de Luz Recagno y otra por Sara Méndez.

En 1992 es ubicada nuevamente Mariana, y le es restituida su identidad y son procesados los apropiadores.

El 19 de abril de 2007, integra la Comisión presidida por Mario Benedetti, del Museo de la Memoria.

El 27 de marzo de 2008, fue designada por la Junta Departamental de Montevideo, ciudadana ilustre.

Fue una impulsora del voto rosado, con el fin de lograr la anulación de la ley de caducidad en octubre del 2009. Durante una de sus últimas apariciones públicas, María Ester expresaba: "No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar".

Mantiene hasta los últimos días de su vida una infatigable búsqueda de su hija Maria Emilia y todos los desaparecidos. Fallece el domingo 5 de diciembre de 2010, a los 92 años de edad acompañada de su nieta Mariana en la Residencia San José de la calle Millán donde vivió los últimos años formando parte del proyecto solidario “Ibiray”. Al igual que muchos familiares, muere sin saber la suerte de su hija.

Comisión DDHH

 

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11 diciembre 2010 6 11 /12 /diciembre /2010 03:33

98c88d0a92cdf0c545d238abf29c5465.mp3

http://alertaroja.net/media/blogs/alertaroja/pin8.jpgCatorce miembros de la dictadura chilena comenzaron a ser juzgados en ausencia en París, por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses.

Catorce miembros de la dictadura chilena que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990), entre ellos el ex jefe de su policía represora (DINA) Manuel Contreras, comenzaron a ser juzgados este miércoles en ausencia en París, acusados por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses.

 

El presidente del tribunal, Hervé Stephan, al abrir este miércoles el juicio a las 10 locales, explicó que los acusados no estarán presentes y que ningún abogado los representa, aunque se exponen a penas de cadena perpetua.

 

Seguimiento:

 

Los familiares de los cuatro desaparecidos, Alphonse Chanfreau, Jean-Yves Claudet-Fernandez, Etienne Pesle y Georges Klein, esperaban el juicio desde hace 35 años.

 

Hermanos, hermanas, esposas e hijos de las víctimas estaban presentes en el sector de los querellantes de la sala de audiencias.

 

“Necesitamos finalmente algún elemento de verdad, queremos saber lo que realmente sucedió”, dijo Hubert Pesle, de 88 años, hermano de Etienne Pesle, sacerdote desaparecido en septiembre de 1973 en el sur de Chile.

 

Por su parte, la hija de Alphonse Chanfreau, Natalia, afirmó que espera un “reconocimiento internacional” de la culpabilidad de los militares chilenos y de la impunidad de la que gozan hasta ahora.

 

“Espero que haya un reconocimiento de la justicia francesa de la culpabilidad, por lo tanto, un reconocimiento internacional, y que se sepa que efectivamente estas cosas se mantienen impunes hasta la actualidad”, afirmó.

 

Natalia Chanfreau añadió que hasta hoy “no ha habido justicia más que en unos casos muy puntuales, con condenas irrisorias en muchos, que no tienen ninguna relación con el delito que cometieron. Quisiéramos que estuvieran haciendo frente y encarando la justicia”, subrayó.

 

Alphonse Chanfreau, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), fue detenido en 1975 y llevado al centro de detención ilegal y torturas ubicado en calle Londres 38, a tres cuadras de la sede gubernamental La Moneda. Allí estuvo preso junto a su esposa, que declarará como testigo en este juicio en París.

 

Georges Klein, por su parte, fue asesor político del presidente Salvador Allende, derrocado el 11 de setiembre de 1973 por el golpe de Pinochet, y arrestado ese día durante el asalto violento a La Moneda.

 

Jean-Yves Claudet-Fernandez, miembro del MIR, desapareció en 1975.

 

Prensa Web La Radio del Sur

 


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