/fdata%2F3202302%2Favatar-blog-1114260364-tmpphpoezcQX.jpeg){kind=avatar}
/fdata%2F3202302%2F%2Favatar-user-2511588-tmpphpRWbmbg.jpeg){kind=avatar}
0e04decb114b5648806421f188fbe7cf.mp3
La comunidad mapuche anunció que las movilizaciones en rechazo a la Ley Antiterrorista podrían reiniciar si en el fallo del juicio contra 17 comuneros, previsto para comienzos de la próxima semana, se aplica esta normativa, así lo informaron medios alternativos de la prensa chilena.
“Nos quieren hacer ver que se trata de delincuentes comunes y terroristas, que en realidad no se está juzgando a un pueblo, pero este es un juicio político y muchos de los dirigentes (de comunidades indígenas) han dicho que en caso de haber condenas ellos se van a movilizar”, afirmó al ex vocera de los detenidos Natividad Llanquileo.
El abogado chileno especialista en Derechos Humanos, Alberto Espinoza, señaló en entrevista para teleSUR que el juicio oral contra los comuneros “ha sido un espectáculo judicial, una verdadera falsa”.
“Todo ha sido coordinado para actuar en función de la Ley Antiterrorista (…) La respuesta por parte del Estado es la criminalización extrema a través de la aplicación de la ley”, manifestó Espinoza.
Expresó que espera que en el fallo de juicio “prime la cordura, la razón y la prudencia, y que los comuneros sean adsuertos porque no hay fundamento alguno”.
Este viernes finaliza la presentación de los alegatos de defensa, incluida la correspondiente a Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco y para quien la Fiscalía chilena pidió 103 años de cárcel al invocar en su contra la Ley Antiterrorista, impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El abogado defensor Adolfo Montiel solicitó la absolución de todos los imputados, tras señalar que los acusados Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul “no son terroristas como se les quiere acuñar (…) Sólo son líderes políticos de sus comunidades que como Luther King y como Mandela están luchando por mejoras condiciones de su pueblo”.
El abogado consideró que “los juicios al pueblo mapuche son una mala señal, que denota que el Estado no quiere conversar con un pueblo tan dialogante, que tiene toda una historia de diálogo mediante una serie de parlamentos”.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y el Observatorio Ciudadano, hicieron un llamado a los tribunales de justicia a no aplicar la Ley Antiterrorista.
Consideraron que es necesario revisar nuevamente este instrumento, dado las limitadas reformas adoptadas en el año 2010.
En la comuna de Cañete, región del Bío Bío (centro), está en su etapa final un juicio en contra de 17 comuneros mapuches acusados de varios delitos bajo la Ley Antiterrorista. Los más graves son por supuesta asociación ilícita, incendio y el ataque contra la comitiva del fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 luego de un operativo policial en la comuna de Tirúa.
En su primer informe anual del pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos expresa que “la naturaleza de la Ley Antiterrorista y las graves consecuencias de su aplicación sobre las garantías individuales y procesales imponen que la invocación a una normativa de esta naturaleza, en el marco de un estado de derecho, sea excepcional (…) En ningún caso debe ser invocada para delitos comunes o la represión de actos o hechos de demanda o protesta social”.
Los comuneros acusados, junto a otros, iniciaron en julio de 2010 una huelga de hambre que duró más de 80 días, pidiendo juicios justos y exigiendo reformas a la justicia militar, así como la no aplicación de la Ley Antiterrorista.
Fruto de esta huelga, el Parlamento chileno realizó reformas menores que permitieron eliminar los dobles juicios (ante la justicia militar), pero que no provocaron cambios sustantivos en la normativa.
En tanto el Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, se comprometió a pedir la no aplicación de esta ley en los juicios ya iniciados.
Durante años los Mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de estos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
La comunidad Mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes.
Difundiendo el periodismo alternativo, somos mas gente pensando.
Recomienda, Marquemos un Norte
