El pasado 3 de diciembre la Comunidad Indígena del pueblo Mby'a Guaraní del Paraguay y sus representantes legales solicitaron medidas de cautela a favor de la misma, tras la invasión de tierras comunales por 4 personas que decían ser empleados del señor Javier Zavala Serrati, acompañados por agentes de la policía del departamento de Itapúa. Estos irrumpierón en tierras de la comunidad indígena con máquinas agrícolas arando las tierras y destruyendo 3000 árboles reforestados por la Comunidad.
Ninguno de estos hechos fue investigado por las autoridades del Estado de Paraguay ni mucho menos sancionado. Los invasores de la propiedad se retiraron solo por la resistencia de la comunidad y su denuncia ante los medios de prensa.
Desde tiempo atrás, la comunidad ha venido siendo víctima de sucesivos atropellos a su asentamiento sin que el Estado haya adoptado medidas de protección o actuado de garante de los derechos de la misma. Autogestionados, los miembros de la Comunidad venían abocándose a recuperar los bosques de sus tierras ancestrales, mediante un auspicioso programa de reforestación con especies nativas y frutales. El objetivo venía cubrir unas 700 hectáreas, de las cuales al menos 300 fueron sometidas durante varios años a cultivos intensivos de soja y trigo por colonos brasileños invasores de sus tierras.
Todo este atropello a mano armada por parte de un escuadrón de la policía nacional fue filmado por los indígenas y registrado por la prensa que se constituyó en el lugar. El video puede verse en:
http://www.ultimahora.com/notas/382933-Indigenas-mbya-de-Itapua-denunc
Los atropellos a la comunidad Makutinga, por parte de civiles armados y agentes de la policía especializada del Estado de Paraguay, a su vez, no son un hecho aislado en el país. En su reciente visita oficial, la Relatora para Pueblos Indígenas de la Honorable Comisión, Dinah Shelton, pudo constatar la absoluta situación de indefensión en que se encuentran las comunidades indígenas, frente a la actuación de personas dedicadas a los agronegocios o que son terratenientes. En particular, luego de su visita al país por parte de la Relatora, la CIDH hizo público un comunicado de prensa en el que señaló:
[…] la delegación de la Relatoría tuvo dificultades para acceder a la comunidad debido a la negativa para cruzar una propiedad privada que rodea a la comunidad indígena. La CIDH se encontró directamente con los problemas de acceso soportados cotidianamente por los miembros de la comunidad, y vio las consecuencias de estos problemas sobre la salud y el bienestar de la comunidad. Una de las razones expresadas para negar la autorización fue la presencia de los abogados de la comunidad en la delegación. Las medidas cautelares adoptadas por la CIDH en el caso de esta comunidad hace referencia al derecho que tiene cualquier peticionario ante la CIDH de acceder libremente a sus representantes y abogados. La Relatoría expresa su más profunda preocupación por las amenazas de muerte a los líderes indígenas por parte de los guardias que negaron el pase a la delegación.
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